Por Flor Esther Salazar / Razón Pública

Explicación y análisis de una propuesta que está cogiendo fuerza y afectaría seriamente el bienestar de los colombianos que aspiran a pensionarse.

La propuesta

En Colombia tenemos dos sistemas básicos para financiar y pagar las pensiones de jubilación:

El régimen de ahorro individual (RAIS), donde los aportes de cada persona se invierten en fondos que administran las aseguradoras privadas, y el valor acumulado o capitalizado va a determinar las condiciones de jubilación.

El régimen de prima media (RPM) que administra Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones), donde se garantiza una pensión determinada a partir de cierta edad y después de cotizar durante un cierto número de semanas.

Pues bien: en el congreso que acaba de concluir, los directivos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) insistieron en que se elimine el RPM y todos los cotizantes queden sujetos al RAIS.

Pero la propuesta de Asofondos parte de un diagnóstico inexacto y no da ninguna solución a los problemas que pretende resolver.

Asofondos invoca los mismos argumentos que sirvieron para crear el RAIS en la reforma de 1993: reducción del déficit fiscal, ampliación del mercado de capitales mejores pensiones, aumento del ahorro nacional y por tanto del crecimiento económico.  Pero 25 años después es evidente que tales beneficios no son ciertos.

Sobre el problema fiscal

Se suponía que las comisiones de las administradoras privadas y otros costos del RAIS serían compensados por la rentabilidad de las inversiones, pero en la realidad los cotizantes han perdido gran parte de sus ahorros: en el mejor de los casos, la probabilidad de pensionarse en estos fondos estaría alrededor del 40 por ciento.

Dada la baja probabilidad de pensión, Asofondos propone ampliar la garantía de pensión mínima, es decir, que de los aportes de todos se financie el capital necesario faltante para completar una pensión mínima, esto sería alrededor del 70 por ciento del valor de la pensión. Y como el actual Fondo de Garantía no es capaz de soportar estas pensiones, el Estado tendría que asumir los sobrecostos, o sea que el déficit fiscal aumentaría en vez de disminuir. Los subsidios que se critican al sistema público, se reclaman para el sistema pero bajo un modelo de capitalización privado.

La propuesta de Asofondos implicaría adoptar un régimen de transición que garantice los derechos actuales. Este sería un sobrecosto fiscal similar al que implicó la reforma de 1993 -cuyos costos se siguen pagando hoy- que deberán sumarse a los faltantes para las pensiones que el sistema privado no podría generar.

El principal problema del RPM proviene del retiro masivo de afiliados que en su momento optaron por el RAIS, mientras que Colpensiones sigue atendiendo al 90 por ciento de los pensionados.

Hoy se destinan 41 billones del Presupuesto Nacional al pago de pensiones, de los cuales 13 billones corresponden a Colpensiones y el resto a los regímenes “exceptuados” (congresistas, militares…).  Si Colpensiones contara con la base de cotizantes que se trasladaron a los fondos privados, el sistema público estaría recibiendo alrededor de 17 billones anuales es decir, 4 billones más de lo que recibe del Presupuesto.

También se olvida que una proporción importante de los fondos se ha convertido en deuda del Estado: los bonos de deuda pública representan cerca del 40 por ciento de las inversiones de las administradoras privadas. O sea que buena parte de los intereses que reciben los afiliados al RAIS provienen de los contribuyentes actuales.

En definitiva, la propuesta de Asofondos agrava el problema fiscal en lugar de ayudar a resolverlo.

Informalidad laboral y transición demográfica

El sistema privado de pensiones va en detrimento de los trabajadores que por cualquier motivo interrumpan sus carreras laborales, de los que tienen jornada parcial, de los que tengan salarios más bajos y de los más vulnerables a la enfermedad o discapacidad.

Los sistemas de puro mercado agravan las desigualdades y están lejos de ofrecer la seguridad para todos –seguridad social, que es distinta de un seguro privado-. La menor cantidad de semanas cotizadas y el menor valor del capital acumulado significan que la propuesta de Colfondos reduciría en lugar de aumentar la probabilidad de recibir una pensión.

También se dice que la transición demográfica implica que los adultos mayores serán un porcentaje creciente de la población colombiana, de manera que bajo el RPM los trabajadores o población activa tendrá que soportar cada vez más pensionados. Pero en un sistema RAIS   también será la población activa quien adquiera los títulos fiduciarios de ahorro pensional de aquellos que se pensionan.

De modo que la propuesta de Asofondos tampoco es la respuesta ni está salvaguardada de los problemas laborales y demográficos.

Rentabilidad, ahorro y crecimiento

Para evaluar estas tres ventajas supuestas del sistema RAIS, hay que tener en cuenta que una gran parte de sus inversiones está en títulos de deuda pública, es decir que se trata de inversiones de bajo riesgo.

Ahora bien: en un mercado financiero eficiente la tasa de interés depende del nivel de riesgo,  de manera que al descontar las diferencias en el grado de riesgo, la rentabilidad  de las distintas inversiones debe ser básicamente igual.

Por lo tanto en términos de rentabilidad no se gana nada con pasar de un sistema de reparto (como el RPM) a un sistema de capitalización individual.  Estudios como el de Arnold y Auer (2015) encuentran que en el largo plazo las inversiones en oro, papeles de renta fija, acciones bursátiles y bienes raíces tienen dificultad para cubrir la inflación, de manera que no es de esperar que los fondos de pensiones aseguren una mejor protección para los afiliados.

En el caso concreto de Colombia y durante los últimos años, las rentabilidades reales (netas de inflación) de los fondos han venido cayendo. Adicionalmente, si se descuentan las comisiones y otros costos o gastos, la rentabilidad para el afiliado acaba siendo nula e incluso negativa.

En este punto hay que añadir que los organismos internacionales no prevén un futuro halagüeño para los fondos privados. Según la OECD (2015), “la productividad no mantendrá el ritmo de crecimiento necesario para apoyar la valoración de bonos y acciones…. los fondos de pensiones y compañías de seguros tendrán dificultades porque sus activos se valorizarán menos que sus pasivos o provisiones para atender a sus afiliados… El riesgo viene de que (los recaudos) se invertirán menos en activos reales y más en rubros de alto riesgo y productos complejos con escasa liquidez”.

Y otros varios estudios en mercados de capitales altamente desarrollados muestran que los fondos de pensiones, lejos de financiar la inversión de las empresas, han generado prácticas de corto plazo que acaban por hacer daño a las actividades productivas. De todos modos tampoco los fondos privados han logrado la ampliación del mercado financiera que se anunciaba. La alternativa

Por todo lo anterior debe decirse que el camino adecuado no es desmontar el RPM administrado por Colpensiones sino consolidarlo y reformarlo para que sea más sostenible, más equitativo y menos gravoso para el fisco.

Solo a través de un sistema de reparto es posible asegurar la primacía del derecho social -que incorpora mecanismos de solidaridad y garantiza el pago de la pensión- sobre el derecho privado de los sistemas de capitalización -que se construyen sobre un contrato imperfecto en el cual están determinados los aportes pero no los beneficios que se recibirán-.

No puede ser que por segunda vez nos vendan la idea de la capitalización como la salvadora de la seguridad social en Colombia. Es todo lo contrario: hay que fortalecer el régimen público, hacerlo más equitativo (por ejemplo al reducir las pensiones excesivas), dotarlo de una administración menos costosa y un sistema mejorado de manejo de reservas para que sea más sostenible. Esta reforma debe ir acompañada de un sistema de protección para la vejez en condiciones de pobreza, como existe en otros países y es conocido como piso de protección social.

El sistema de capitalización (fondos privados) debe cumplir una función complementaria, pero no deber ser el centro del sistema.