Por Horacio Duque

La dejación de las armas por parte de los integrantes de las Farc y su paulatina transformación en un nuevo partido político exige la mayor responsabilidad y compromiso de las instituciones públicas y de las organizaciones democráticas.

El escollo más importante es el asunto de la seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, el control estatal del territorio en aquellas zonas en que las FARC-EP ejercían dominio territorial, el asesinato de los líderes sociales y de manera muy preocupante los corredores geográficos dejados por las FARC-EP y la expansión y consolidación territorial del paramilitarismo llamado ahora por el gobierno de manera eufemística como Grupos Armados Organizados (GAO).

Los grupos paramilitares se han reactivado con el estímulo político dado desde las filas del ultraderechista uribismo y de poderosos núcleos del dispositivo militar gubernamental, anclado en la contrainsurgencia y el anticomunismo visceral.

Cientos de líderes sociales y de los derechos humanos han sido acribillados en los últimos 14 meses y las amenazas son crecientes. Los departamentos más afectados por tales hechos sangrientos son Cauca, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Putumayo.

Con los integrantes de las Farc, los riesgos de que sus líderes y militantes sean asesinados, son enormes. En la memoria histórica nacional están los casos emblemáticos de Guadalupe Salcedo, de los guerrilleros liberales del Llano, de Carlos Pizarro, de Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo y de los  más de 5 mil integrantes de la Unión Patriótica.

Grupos paramilitares, policiales y militares, al servicio de poderosos latifundistas y gamonales políticos, asesinaron a quienes creyeron en la palabra de los representantes del Estado.

Fueron policías y militares activos los autores directos de tales magnicidios.

En el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre del 2016, hay unos compromisos muy concretos en tal sentido y para hacerlos efectivos el gobierno nacional ha expedido el Decreto-Ley 154 del 3 de febrero del 2017, por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

El objeto de la misma es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. La Comisión armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, estará integrada por:

El Presidente de la República, quien la presidirá.
El Ministro del Interior.
El Ministro de Defensa.
El Ministro de Justicia y del Derecho.
El Fiscal General de la Nación.
El Defensor del Pueblo,
El Procurador General de la Nación.

El Director de la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

Respecto de esta Unidad, el problema radica en que no se ha puesto en marcha porque en la renegociación de los Acuerdos tras el triunfo del NO-esta Unidad que ya estaba en marcha- fue torpedeada, desde poderosos intereses empresariales y del propio Fiscal Néstor Humberto Martínez, su directora Alexandra Valencia fue cesada en sus funciones y se estableció en el nuevo acuerdo que será el Comité de Selección de los Magistrados del Sistema Integral de Justicia quien elabore una terna para que el Fiscal General nombre a su reemplazo. Urge pues que el Comité de Selección elabore rápidamente la terna para que se ponga en marcha la política de desmonte de los grupos narcoparamilitares.

El Comandante las Fuerzas Militares.

El Director General la Policía Nacional.

Tres (3) expertos reconocidos en la materia.

Dos (2) delegados de las Plataformas de Derechos Humanos.­

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, sin perjuicio de las funciones y competencias correspondientes a las diferentes autoridades y entidades públicas, cumplirá las siguientes funciones:

1. Diseñar, hacer seguimiento, coordinar intersectorialmente y promover la coordinación a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que el Gobierno Nacional lleve adelante para combatir y desmantelar las organizaciones y perseguir las conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 del decreto citado.
2. Formular y evaluar el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el arto 1 de este decreto, que será adoptado por el Gobierno Nacional.
3. Evaluar la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10 el decreto mencionado
4. Coordinar con las autoridades departamentales y municipales, la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a las manifestaciones criminales objeto de esta Comisión, incluyendo la recepción de reportes y denuncias, que contribuyan a complementar el esfuerzo estatal;
5. Recomendar reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con las organizaciones a que hace referencia el artículo 10.
6. Solicitar a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas de que trata el artículo 1 del Decreto mencionado y hacer seguimiento del contenido de dichos informes.
7. Diseñar y construir las estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 10, entre dichos patrones se tendrán en cuenta aquellos que afectan de manera particular a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI.
8. Hacer recomendaciones para modificar o derogar las normas que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10.
9. Proponer a las autoridades competentes mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado, con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos.
10. informar periódicamente a las Ramas del Poder Público, a la opinión pública y a los organismos internacionales, los avances y obstáculos en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10.
11. Garantizar el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo.
12. Hacer recomendaciones a las Ramas del Poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 10.
13. Hacer seguimiento al régimen de controles sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada y formular propuestas para actualizar las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el propósito de que sus servicios correspondan al fin para el que fueron creados y que en ningún caso, de manera directa o indirecta, faciliten la acción de las organizaciones y conductas criminales a que hace referencia el artículo 10.
14. Políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo a que hace referencia el artículo 10, definiendo tratamientos específicos para los integrantes dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las mismas. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político. La aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto comisión.
15. Participar en el diseño de un nuevo Sistema prevención y la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades las y conductas criminales.

El cumplimiento de todas estas funciones demanda la conformación inmediata de un Cuerpo Élite para que actúe contra las organizaciones narcoparamilitares.

Como bien lo señala Santana, los retos de la Comisión son mayúsculos. Desmantelar y erradicar el paramilitarismo es, tal vez, el principal, pues está muy afincado en la mentalidad contrainsurgente de las Fuerzas Militares del gobierno ().

Organismos de Derechos Humanos e investigación social, agrega Santana, han señalado que en lo corrido del año 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales según Indepaz mientras que el Cinep señala que fueron asesinados 92 líderes sociales y en lo que va corrido del año 2017 han sido asesinados 12 líderes sociales principalmente en zonas dejadas por las FARC-EP. Este es el reto mayor.

En su XII informe sobre la presencia de grupos paramilitares la Unidad Investigativa de Indepaz ha presentado un completo reporte sobre la presencia y las actuaciones de éstas organizaciones criminales durante lo corrido del año 2016. Allí se señala que 2016 representó un año de sucesos trascendentales que han comenzado a modificar las dinámicas territoriales determinadas por el conflicto armado. Se firmó y refrendó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, junto con el inicio del cese al fuego bilateral y definitivo, el cual ha representado las cifras más bajas de víctimas a razón del conflicto en la historia. Sin embargo, en contradicción con estos dos eventos, 2016 fue un año de incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, además, nuevamente el paramilitarismo dio muestras de su capacidad de acción: el paro armado realizado por el Clan del Golfo paralizó 36 municipios de ocho departamentos y avivó el debate sobre el riesgo generado por estas estructuras en muchas regiones y en la implementación del acuerdo de La Habana ()

En el informe se reseña que el Ministerio de la Defensa Nacional ha configurado unos lineamientos para enfrentarlas. En primer lugar, la denominación Bacrim (Bandas Criminales) fue reemplazada por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). Y en una directiva ministerial, las nuevas GAO se clasifican así:

Clase A: Clan del Golfo, los Puntilleros, los Pelusos. Estos grupos cuentan con capacidad armada, estructura organizativa, capacidad de enfrentar la fuerza pública.

Clase B: La Constru, Cordillera, Botalones, La Empresa, entre otros. Estos son de carácter regional y mantienen alianzas con estructuras tipo A.

Clase C: Bandas delincuenciales que actúan con un fin específico y en un lugar determinado.

Agrega el informe de Indepaz que en esta clasificación los Rastrojos no aparecen. En los seguimientos de Indepaz se ha notado una presencia de este grupo menos significativa que en los años pasados que de ninguna manera indica que ya no actúan en el territorio nacional. Es así que para 2016 aún se reconoce su actividad en 55 municipios de 18 departamentos.

Se señala que durante el año 2016 se registraron actividades criminales de grupos narcoparamilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país. En este período se identificaron trece estructuras clasificadas en dos tipos: las que tienen una relación con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, con injerencia a nivel nacional; y las que actúan a niveles regionales y municipales, que no se han consolidado o que aparecen por primera vez este año. Dentro de las primeras se encuentran el Clan del Golfo, los Rastrojos, las Águilas Negras y los Puntilleros, estos últimos como la fusión entre el Bloque Meta y Libertadores del Vichada. En el segundo tipo están, entre otros, La Constru, los Pachenca, La Oficina, La Empresa, Cordillera, los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer AUC y AUC ().

El Clan del Golfo se ha venido consolidando como la estructura con mayor incidencia en el territorio nacional, los Rastrojos continúan con una tendencia a desaparecer, las Águilas Negras duplicaron los municipios en los que hacen presencia y los Puntilleros mantienen control sobre la zona de los llanos orientales. El resto de bandas paramilitares tienen presencia en regiones sin una estructura nacional -agrega el informe- aunque realizan alianzas con las organizaciones paramilitares que tienen alcance nacional. Así mismo el informe señala que las principales actividades de estos grupos paramilitares son: actividades económicas a gran escala en el narcotráfico (control de zonas de cultivo de uso ilícito, puntos estratégicos (aeropuertos, puertos marítimos) y corredores o rutas para el tráfico de drogas, tráfico de insumos para el procesamiento, propiedad sobre los laboratorios, e inversión en infraestructura (submarinos, bodegas, fincas, casas, para almacenaje y camuflaje de la droga, entre otras). Minería; control de zonas mineras, explotación y comercialización. Tráfico de personas: cobro por paso de extranjeros indocumentados. Servicios de Seguridad Privada. Lavado de activos. Contrabando.

También realizan actividades económicas de menor escala: microtráfico, préstamos gota a gota, redes de prostitución, extorsión, sicariato. Para facilitar el desarrollo de sus actividades criminales –dice el informe de Indepaz- infiltran a las Fuerzas Armadas y de Policía; venta de armas, de información y participación en las demás actividades de economía ilícita; penetran organismos como la Fiscalía, para obtener fallos para su conveniencia; penetran a los gobiernos locales para apropiarse de sus recursos, obtener decisiones políticas favorables para lo cual inciden en los procesos electorales. Estas bandas criminales enfrentan a la fuerza pública y han recurrido al asesinato de miembros de la Policía Nacional mediante las llamadas operaciones pistola. Pero también afectan a la población civil mediante las amenazas y homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, reclutan menores, asesinan a pobladores, desplazan a las comunidades. Pero al mismo tiempo se han convertido en los principales empleadores en algunos municipios del país ( ).