Por Eduardo Sarmiento Palacio
Las declaraciones del ministro de Hacienda confirmaron las inquietudes de la última columna. El cambio de la nominación de billetes es una cortina de humo que desvía la atención y la discusión del corte de cuentas y el análisis concreto del estado de la economía. El Gobierno entrega un país que no crece ni genera empleo y registra una de las peores distribuciones de ingreso del mundo.
Durante la actual administración el modelo económico entró en serias dificultades. La caída de los precios del petróleo amplió el déficit en cuenta corriente y configuró un exceso de ahorro que no ha podido corregirse con la cartilla de inflación objetivo del Banco de la República. La baja de la tasa de interés de referencia ha sido inefectiva para reactivar la actividad productiva, porque no afecta la tasa ni el volumen del crédito. En su lugar, se plantea una política fiscal más activa y sobre todo coordinada y respaldada por el Banco de la República.
El cambio de las condiciones externas mostró que el país se comprometió en un esquema de predominio de los recursos naturales que da lugar a la enfermedad holandesa, en la cual la abundancia de divisas desplaza la industria y la agricultura. El sistema queda expuesto a grandes elevaciones de ingreso que son seguidas de grandes caídas que se llevan por delante el ahorro y el balance de las cuentas externas. Por lo demás, se configuran estructuras productivas que no generan empleo ni encadenamientos que impulsen al conjunto de la economía. Ante esta evidencia de un cuarto de siglo, a regañadientes se abre camino la idea de sustituir el liderazgo y los estímulos al petróleo y la minería por una política industrial. La industria no se da silvestre. El comercio internacional propicia la especialización en actividades de reducida complejidad y baja productividad del trabajo. El desarrollo industrial no es posible sin una protección comercial y la presencia estatal, así sea temporal, que compensen la diferencia de productividad con los países avanzados.
El aspecto más grave es que no se avanzó en la distribución del ingreso. El país se mantiene con índices de Gini superiores a 0,50. La reducción de la pobreza se explica en su mayor parte por el cambio metodológico que se hizo en 2010 para reducir la línea de pobreza. Por lo demás, las reformas tributarias y las comisiones de gasto no lograron modificar las estructuras y el sistema fiscal que se han hecho cada vez más dependientes de los gravámenes indirectos, más concretamente del IVA, y ha reducido la progresividad del impuesto a la renta y el patrimonio. A su turno, la eficiencia del gasto público se ha visto seriamente reducida por las privatizaciones de los servicios básicos y el subsidio a la demanda que significan cuantiosas transferencias al capital. La situación más crítica está en el sistema pensional, pero no obstante que se sabe que el fracaso viene de la Ley 100 de 1993 y se agrava a diario, no se ha avanzado en decisiones ni propuestas operativas.
El balance es lamentable. El coeficiente de Gini antes y después de impuestos es similar. Los sectores de menores ingresos reciben una proporción del gasto inferior a su participación en la población.
En fin, el sistema económico adolece de serias fallas que surgieron y se acentuaron en la actual administración, y mal pueden escapar al corte de cuentas. A menos que los temas descritos se debatan en forma concreta y abierta, lo más probable es que se eludan, persistan y terminen agravando el estancamiento y la inequidad. En los programas y controversias de los candidatos presidenciales no deberían faltar los diagnósticos y soluciones sobre la macroeconomía de la reactivación, la política industrial, la progresividad tributaria y la privatización de los servicios sociales básicos de salud educación y pensiones.
El Espectador, Bogotá.
