Por Clara López / Semana.com
Que uno de los defensores del modelo económico aplicado desde la década del noventa haga tal afirmación, abre una necesaria reflexión sobre las políticas económicas y su responsabilidad en la situación actual de crecimiento sin empleo, retroceso en los indicadores de pobreza, excesiva concentración de la riqueza y del ingreso y, también, de su incidencia en el conflicto armado.
Después de treinta años de flexibilización laboral, privatizaciones y desmantelamiento de la institucionalidad estatal, la conexión entre modelo económico y resultados no puede evadirse. Claro que hay elementos rescatables que han demostrado su bondad relativa. Un ejemplo es la independencia del Banco de la República, aunque no así su fijación exclusiva en la meta de inflación con desmedro de la promoción del pleno empleo.
En efecto, como bien lo argumentaba a mediados de los noventa el profesor Lawrence Ball de la Universidad de Baltimore, las políticas desinflacionarias, sin atención al ciclo económico, terminan por reducir el potencial de crecimiento de la economía. Y ahí llegamos. Ahora se aplauden crecimientos mediocres del 3 por ciento, cuando en el pasado, bajo modelos propios, crecíamos al 5 y al 7 por ciento anual.
El consumo basado en el crédito es una pobre palanca para el crecimiento económico, como lo atestiguan las cifras del Dane. Sí hay migrantes, pero ellos no explican por qué el número de personas ocupadas decrece en 73.000 este pasado mes marzo, para ubicar la tasa de desempleo nuevamente en dos dígitos, cuando se anuncia la recuperación de la economía.
Lo más delicado, en clave de conflicto armado, fue el desmantelamiento de las entidades estatales encargadas de promover el desarrollo agrario e institucional, en plena aplicación de la descentralización. La reforma agraria nunca despegó. Con el fundamentalismo de mercado, el programa de desarrollo institucional a cargo del DNP para formar el personal de los municipios fue eliminado. El ICA, otrora centro de investigación de cultivos y extensión para grandes y pequeños agricultores, se convirtió en alcabalero de las semillas importadas. El Idema, que regulaba los precios de las cosechas mediante compras estatales, fue liquidado; lo mismo que el Instituto Nacional de Salud, encargado de la atención primaria en salud y de los acueductos rurales. La Caja Agraria abandonó las tasas subsidiadas a campesinos cuyos créditos acompañaban de asistencia técnica e insumos baratos.
A ello se sumó la apertura del mercado interno a las importaciones de alimentos y la negociación asimétrica de los tratados de libre comercio. El resultado: la reducción de la superficie cultivada de 6,1 millones de hectáreas en 1954 a 5,7 millones en 2014, cuando la población se ha triplicado y la superficie ocupada más que duplicado; y un aumento pasmoso en las importaciones de alimentos que contribuye al déficit de la balanza comercial cercano al 4 por ciento.
En buena hora Mauricio Cárdenas abre el debate sobre la crisis del neoliberalismo. Llegó la hora de hacer el balance del modelo económico en su integridad para proceder a diseñar y aplicar un modelo económico propio e implementar el desarrollo rural integral y la sustitución social de cultivos previstos en el acuerdo de paz.
