RESUMEN AGENCIAS /
La designación del abogado José María Balcázar Zelada (83 años) por parte del Congreso peruano en la noche del pasado miércoles 18 de febrero como presidente interino tras imponerse en segunda votación con 60 votos frente a los 46 obtenidos por María del Carmen Alva, en sustitución del depuesto y cuestionado José Jerí, ha profundizado la crisis sistémica e institucional que atraviesa este país. Su mandato se extenderá hasta el 28 de julio de este año, cuando asuma el ganador de las elecciones generales de abril.
Este relevo se produce en un contexto marcado por la fragmentación política, la falta de consensos y una creciente desconfianza ciudadana hacia los órganos de representación.
El nombramiento de Balcázar no solo evidencia la fragilidad del Congreso que designa y depone prersidentes según la coyuntura y conveniencias políticas de turno, sino que también plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y el futuro político inmediato de Perú.
Balcázar Zelada es una figura de larga data en la política peruana, conocida tanto por su experiencia legislativa como por su historial judicial. A lo largo de los años, ha enfrentado diversos procesos legales, algunos de los cuales han generado controversia y alimentado el debate público sobre su idoneidad para ocupar cargos de alta responsabilidad. Su trayectoria está marcada por posiciones políticas polémicas y decisiones que han suscitado tanto adhesiones como rechazos dentro y fuera del Congreso.
Diversos sectores han cuestionado su historial judicial, señalando procesos abiertos y decisiones controvertidas en torno a temas clave para la agenda nacional. Además, sus posturas en asuntos éticamente sensibles han generado debates sobre los límites de la representación política y el respeto a los principios democráticos. Estos antecedentes han alimentado percepciones de opacidad y dudas respecto a la transparencia en la gestión en el Ejecutivo ahora que va a asumir la Presidencia de la República.
La llegada de Balcázar a la Presidencia de la República ha tenido un efecto inmediato en la percepción pública sobre la estabilidad institucional. El Congreso peruano, históricamente debilitado por tensiones internas y crisis de legitimidad, enfrenta ahora el reto de recuperar la confianza ciudadana en un escenario de alta volatilidad política. La designación de un líder cuestionado agudiza la sensación de precariedad y dificulta la consolidación de acuerdos capaces de garantizar la gobernabilidad y el respeto al Estado de Derecho.
El actual contexto de incertidumbre plantea desafíos significativos para el proceso electoral venidero. El Gobierno interino, bajo la conducción de Balcázar, deberá demostrar capacidad de gestión, transparencia y apertura al diálogo para evitar un mayor deterioro de la institucionalidad democrática. El alto grado de pugnacidad política y los cuestionamientos éticos pueden afectar la participación ciudadana, así como la legitimidad de los resultados electorales, incrementando el riesgo de desestabilización a mediano plazo.
La designación de Balcázar constituye un episodio más en la compleja trama de la crisis política peruana. Su perfil controvertido y las controversias asociadas a su gestión ponen a prueba la resiliencia de las instituciones y la madurez democrática del país.
Luego de prestar juramento, Balcázar Zelada dirigió un mensaje ante el Congreso en el que aseguró que su gestión se enfocará en garantizar comicios limpios y transparentes, así como en reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana y mantener los lineamientos económicos vigentes.
Crisis sistémica
