Por Eduardo Sarmiento Palacio
La política fiscal ha adquirido primer plano en la campaña presidencial. Los candidatos de diferentes tendencias revelan una gran decepción con el modelo económico predominante. Y no podía ser de otra manera. El producto nacional crece 1,5 %, el desempleo se acerca a los dos dígitos, el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente están cerca de 4 % del PIB y la distribución del ingreso es una de las peores del mundo. No se ha avanzado en precisar los factores que causaron estos resultados ni en la responsabilidad del modelo neoliberal. La propuesta más concreta es bajar los impuestos a las empresas para que puedan competir en mejores condiciones en los mercados internacionales.
La propuesta de bajar impuestos a los ricos viene de tiempo atrás y se abrió camino con el triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos. La fórmula de bajar las tarifas nominales de 35 a 20 % avanza en el Congreso con probabilidad de ser aprobada.
En el caso de Colombia, las dudas son mucho mayores. La política fiscal no tiene credibilidad, en parte porque el manejo es guiado por los intereses políticos y la repartición de mermelada. Ningún gobierno está en capacidad de garantizar que lo que entra al Congreso sale. La actual administración adoptó tres reformas tributarias sin propósitos definidos para modificar las anteriores. Ahora, el exvicepresidente Vargas Lleras, que estuvo durante varios años en el Gobierno, presenta como idea central de su campaña una reforma que modifica todas las anteriores.
La principal dificultad de la reducción de los impuestos está en el déficit fiscal. El país tiene un déficit fiscal y un déficit en cuenta corriente de 4 % del PIB. El aumento del déficit fiscal por encima de ese porcentaje financiado con la colocación de títulos causaría una seria congestión que reduciría seriamente el crédito al sector privado.
La verdad es que el modelo económico de libre comercio, privatización de los sectores sociales y elevación de los impuestos del trabajo con respecto al capital acentuó el conflicto entre la distribución del ingreso y el crecimiento económico. La participación del trabajo en el PIB descendió sistemáticamente y la distribución del ingreso se mantiene entre las más desiguales del mundo. El desmonte de la progresividad fiscal agravaría las condiciones. En la práctica significaría disminuir la carga tributaria a los que más tienen, lo que a la larga conduce a una baja de los ingresos del trabajo y al deterioro de la distribución del ingreso.
La caída de la actividad productiva y los desajustes macroeconómicos se originan en el libre mercado, más concretamente en la especialización en los productos que pueden elaborarse más fácilmente y carecen de demanda internacional, la autonomía del Banco de la República y el predominio de las commodities. Mal puede imaginarse que la solución de la dolencia, que fue causada por el mercado y la inequidad, se pueda corregir con más mercado e inequidad. Tampoco debe buscarse en la moda o en la copia de otros países, sino en el análisis de las realidades propias. Lo que requiere el país es un diagnóstico sobre los factores que determinaron la caída de la economía, la revisión de las teorías que fracasaron en la anticipación y, sobre esas bases, construir un programa concreto de rectificaciones que contribuyan a normalizar la producción dentro de un marco de distribución del ingreso. Ante todo se debe advertir que la tarea no se puede realizar con un solo instrumento, como sería la política fiscal de alza y bajas de tarifas. Adicionalmente, se necesitan acciones claras en el mercado laboral y en el sector financiero para asegurar que los salarios se pagan de acuerdo con la productividad, y frenar las salidas de patrimonios a los paraísos fiscales.
El Espectador, Bogotá.
