Por Nadia Pérez Guevara

El discurso de alcalde “técnico” de Peñalosa ya no parece suficiente para los ciudadanos. Al contrario, ha cerrado el espacio al diálogo y a la participación en la ciudad. De allí la baja popularidad durante su primer año de gobierno.

Las banderas de Peñalosa

“Cuando al alcalde le va bien a la ciudad le va bien” es una frase de cajón que suele usarse para evaluar la gestión de un gobernante.

Bogotá no es la excepción. Tras 12 años de gobiernos de izquierda los vientos de cambio sembraron la esperanza entre los votantes de Enrique Peñalosa y los críticos de las anteriores administraciones. Sin embargo la esperanza no se mantuvo por mucho tiempo: el alcalde cierra el año con una de las tasas de aprobación más bajas del país, 22 por ciento, y con un sinsabor en el 76 por ciento de los bogotanos que piensan que la ciudad va por mal camino.

Los retos de Peñalosa en el poder no eran pocos: se enfrentaba a una ciudad con indicadores sociales positivos pero con serios retrasos en temas como movilidad y seguridad. De ahí que estos últimos se convirtieran en banderas de su administración. No obstante, después de un año de gobierno (seis meses cerrando el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y otros seis iniciando el de Bogotá Mejor para Todos) estos temas siguen siendo motivo de críticas.

Los principales temas de la agenda -seguridad y movilidad ciudadana- no han mostrado mejorías. En efecto:

A pesar de cumplir con la creación de la Secretaría de Seguridad, de aumentar el presupuesto para la Policía de Bogotá y de la intervención de zonas conocidas por albergar microtráfico y delincuencia común, la percepción de seguridad cayó de un 59 por ciento en 2015 a un 45 por ciento en 2016,  según la Encuesta de Percepción Ciudadana que  realiza Bogotá Cómo Vamos.

Por otra parte, la movilidad, que ha sido uno de los temas más controvertidos en el último año por la decisión cambiar y ajustar los diseños del metro, así como por la propuesta de ampliación de la red de Transmilenio, tampoco ha salido bien librada en su evaluación durante el último año.

Bogotá es una de las ciudades de Latinoamérica donde los habitantes gastan más tiempo en llegar a sus sitios de trabajo o de vivienda (más de dos horas diarias) y  donde los ciudadanos se encuentran menos satisfechos con el transporte público: 18 por ciento con Transmilenio, 32 por ciento con el SITP y 29 por ciento con buses convencionales.

La ciudadanía excluida

¿Cómo explicar esta situación, a pesar de la buena acogida que tuvo el eslogan de “recuperar Bogotá” y de contar con el apoyo de las mayorías en el Concejo, el del gobierno nacional, el de los medios de comunicación y el de los grupos económicos?

El estilo adoptado por la Alcaldía en cabeza de Enrique Peñalosa, su postura frente a los problemas de la ciudad y su relación con los ciudadanos permiten comprender esta situación. Su imagen y discurso como alcalde técnico y gerencial que le sirvió para ser reconocido a finales de los noventa, y como candidato ganador en 2015, no ha sido suficientes para garantizar el apoyo ciudadano y la gobernabilidad necesarias. Ahora parece tener más bien una postura inamovible e intransigente que no permite construir una Bogotá mejor para todos.

Desde que comenzó el nuevo gobierno, Bogotá se ha visto inundada por anuncios como el cambio en el diseño del metro, la urbanización de la reserva Van Der Hammen y los nuevos trazados para el sistema Transmilenio. Del mismo modo, se han llevado a cabo actos como la venta de acciones de la ETB, la recuperación del espacio público, la intervención del Bronx, el cambio del proyecto del tranvía en la carrera Séptima y la Avenida 68 o la reforma del sistema distrital de hospitales públicos. Estas decisiones han causado gran controversia, no solo por lo que significan para la ciudad, sino por la forma como la Alcaldía las ha justificado.

Frases como “en la reserva actual solo hay potreros comunes”, “Transmilenio en la práctica hace lo mismo que un metro” o “en todas las ciudades del mundo mueren personas esperando una ambulancia”, tal vez no hubieran caído tan mal hace 20 años, cuando Peñalosa llegó a la Alcaldía por primera vez. Pero hoy, con una ciudadanía más activa, informada y organizada, a la que se suma el escrutinio cercano por parte de la academia, esta Alcaldía, que se jacta de ser técnica y gerencial -más que política-, parece caracterizarse por imponer un modelo de desarrollo sin acudir al diálogo ciudadano.

Desde diversos sectores políticos y sociales se ha denunciado que varias de las decisiones tomadas por el alcalde no cuentan con las justificaciones técnicas y financieras suficientes, además de que muestran más preocupación por mejorar la percepción frente a los problemas de ciudad que por combatirlos estructuralmente.

Las intervenciones sobre el espacio público, la toma del Bronx y la posible urbanización de la Reserva Van Der Hammen son ejemplos de ello. Aquí el mensaje es claro: “una ciudad limpia es una ciudad segura donde todos nos sentimos mejor”, “Reserva VDH modificada q proponemos no solo es mejor porque tiene más del doble d terrenos públicos arborizados: sale gratis a ciudadanos”.

Las jornadas de embellecimiento y limpieza ciudadana, la recuperación de espacios públicos (la exaltación de la intervención en la plazoleta del Rosario, por ejemplo) o el retiro de vallas publicitarias y anuncios de nuevas y grandes avenidas eclipsan el debate sobre la solución de problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad, las condiciones ambientales de la ciudad, el desempleo y el desarrollo económico o la inseguridad que se deriva del microtráfico y las bandas delincuenciales.

Varias experiencias de 2016 han mostrado la importancia del diálogo, la inclusión y el apoyo ciudadano para que las propuestas y la ejecución de decisiones políticas puedan llegar a buen puerto. Este es el caso sobre todo en una ciudad como Bogotá, que alberga tantos grupos sociales que actualmente hacen seguimiento y control político a esta administración, al punto de que hace algunas semanas se gestó un movimiento para la revocatoria del alcalde Peñalosa.

¿Y 2017?

Hay quienes piensan que es demasiado pronto para evaluar la administración Peñalosa, y más aún para proponer que se revoque su mandato.

Sin embargo el talante del alcalde y sus intereses han sido develados y su modelo de ciudad quedó plasmado en el Plan de Desarrollo que fue aprobado en junio. Estos referentes  resultan ser instrumentos de evaluación, seguimiento y control político por parte de la ciudadanía. Especialmente en un ambiente institucional completamente favorable para el alcalde, como demuestran los debates de control político y la aprobación de sus proyectos por parte del Concejo, o la controversia alrededor de la citación y posterior inasistencia del alcalde mayor al Congreso de la República.

Los retos para 2017 siguen siendo los mismos de 2016. No solo debe mejorarse en aspectos como la seguridad y la movilidad, sino que, de acuerdo con el nuevo Plan de Desarrollo, la ejecución de políticas sociales en salud y educación también son prioridad. Estas políticas deben ir más allá de construir colegios u hospitales: deben pasar por la discusión y el diseño de modelos y enfoques de política social acordes con la realidad bogotana.

Finalmente, uno de los principales retos para Bogotá y su administración en 2017 es entablar un diálogo con la ciudadanía. El uso de espacios institucionales y no institucionales de participación es clave a este respecto, aunque hasta el momento el alcalde no ha mostrado mayor interés en hacerlo. Por eso no es casualidad que la mayoría de los promotores de la revocatoria de Peñalosa sean organizaciones sociales y ciudadanas que funcionan en Bogotá y que estas iniciativas no provengan solamente de sectores partidistas.

Bogotá está siendo gobernada de nuevo sobre una mesa coja, esta vez sin la ciudadanía.