Por Eduardo Sarmiento Palacio
El ritual del ajuste de salario mínimo se repite al final del año. Los empresarios proponen subirlo en el mismo porcentaje de la inflación y los trabajadores demandan incrementos mayores. Por lo general el Gobierno termina adoptando un ajuste que se aproxima más a los empresarios. Luego de varias décadas de aplicación, surge el interrogante de si el sistema ha logrado los objetivos de mantener el ingreso del trabajo y reducir las desigualdades.
El sistema fue concebido a fin que los ajustes del salario mínimo correspondan a la inflación más la productividad del trabajo. Sin embargo, en los últimos años se encuentra que los aumentos salariales han resultado inferiores al ingreso per cápita, y se explica por deficiencias de los procedimientos metodológicos que se han señalado repetidamente. En cualquier caso, no es aventurado afirmar que el salario mínimo registra un atraso con respecto a la productividad.
En la actualidad las condiciones son más estrechas. El margen de ajuste se ve limitado por el mal desempeño de la economía. El ingreso per cápita está creciendo cerca de cero, y no faltarán quienes lo atribuyan en forma precipitada a la productividad. El comportamiento no obedece a que las empresas y los trabajadores no puedan producir más, sino a la falta de demanda ocasionada por la devaluación masiva y el alza de la tasa de interés. En ese sentido, la elevación de los salarios puede ser un factor de ampliación de la demanda, pero se vería dificultada por la competitividad externa y la informalidad laboral.
Las condiciones actuales de la economía no dan margen para ajustes importantes del salario porque el sistema no los pueda absorber, sino por los desaciertos de la política económica. Luego de una devaluación masiva de 60% que no afectó las exportaciones y de un alza de las tasas de interés que extinguió el crédito y la liquidez, no es posible adoptar una elevación considerable del salario. Por ahora, no se puede ir mucho más lejos de alcanzar un ajuste que no agrave la brecha entre la productividad y los salarios y compense los efectos de la reforma tributaria sobre los ingresos de los sectores menos favorecidos, lo que en la práctica se lograría con un ajuste del orden de 8,5%.
Curiosamente, las posiciones entre trabajadores y empresarios están más distantes que nunca. La discrepancia sirve de disculpa a los empresarios para no avanzar en la concertación y obligar al Gobierno a actuar por decreto.
El salario no puede ser una ambulancia para corregir los desaciertos del neoliberalismo. Lo que se requiere es que el salario mínimo sea parte de una estrategia común para reducir las desigualdades. Para tal efecto, se requiere como puntos de arranque una política comercial que reduzca la dependencia del salario y una política fiscal que le conceda prioridad a la equidad sobre los recaudos, como sería la adopción de subsidios para moderar los costos de las exportaciones complejas y propiciar la contratación regular de trabajadores provenientes del sector informal.
La sociedad colombiana esta en mora de construir una organización laboral que revierta la tendencia decreciente del trabajo en el ingreso nacional y reduzca las brechas salariales. Los esfuerzos de la Comisión de Concertación Laboral deben girar menos alrededor del ajuste en un momento de crisis, y concentrarse más en la creación de las condiciones estructurales que permitan incrementos planeados y sostenidos del salario mínimo real en los próximos cinco años para reducir en forma apreciable la participación del capital en el producto nacional y mejorar la distribución del ingreso.
El Espectador, Bogotá.