Por Eduardo Sarmiento Palacio
Los debates presidenciales, debido en parte al gran número de participantes, se basan en preguntas puntuales y coyunturales. Las respuestas a los grandes problemas nacionales se dan en términos de lugares comunes y nuevas leyes. Las diferencias giran en torno a la reducción de impuestos, financiación de las EPS, ampliación de los aportes a las universidades públicas y mantenimiento del programa 4G de obras viales.
El método no parece el más indicado para enfrentar la corrupción y las desigualdades, que constituyen los principales aspectos del malestar y la polarización de la sociedad colombiana. En ambos casos las causas están en las instituciones existentes, y la solución es modificarlas. El escándalo reciente de sobornos en las altas cortes dejó al descubierto serias fallas en la nominación de los magistrados y en el elevado número de cortes estipulados en la Constitución de 1991. El Congreso influye en el nombramiento de los magistrados y las cortes intervienen en los juicios y sanciones a los congresistas. Se configuraron vínculos entre el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo que debilitaron la separación de poderes y facilitaron alianzas para sobornar y para eludir las propias normas. Lamentablemente, todas las iniciativas del último siglo para reformar el sistema judicial se quedaron a medio camino, revelando intereses para preservar las inconsistencias.
Por su parte, los altos sobornos en las obras civiles están relacionadas con la Ley 80 de contratación, que propicia que las licitaciones se obtengan a pérdidas y las ganancias provengan de decisiones unilaterales de los organismos públicos. Los concesionarios están en condiciones de modificar los diseños y los presupuestos que sirvieron de base para concederles el proyecto. En la última revisión de la ley se llegó al extremo de establecer que, en la conciliación por el incumplimiento de las obras, la diferencia entre los costos y los precios la asume el Estado.
En materia de equidad, el avance en el Estado social de derecho no se ha manifestado en realizaciones. La Constitución ordena que los impuestos deben ser justos y progresivos y que la principal función de la organización fiscal es la política social. Sin duda, a estos enunciados les faltaron dientes que garantizaran su cumplimiento. Las reformas tributarias de los últimos 25 años se han orientado a sustituir los impuestos directos al ingreso y al patrimonio por gravámenes indirectos, como el IVA, que recae en mayor proporción en los grupos de menores ingresos. La tasa de tributación del trabajo es muy superior a la del capital. Por su parte, el gasto social en salud, educación y pensiones se realiza por conducto de empresas privatizadas y subsidios a la demanda que significan cuantiosas transferencias a las empresas y el capital. La estructura fiscal replica las desigualdades en los ingresos personales; el coeficiente de Gini es similar antes y después de impuestos.
Estamos cerca de la recta final de la campaña política. Las últimas encuestas confirman el diagnóstico de que las preferencias electorales corresponden a una distribución irregular en la cual las mayores probabilidades (porcentajes de votación) se encuentran en los extremos. Los dos punteros, Duque y Petro, se distancian cada vez más de los restantes y se proyectan como los ganadores de la primera vuelta.
Es necesario que el debate presidencial profundice sobre las instituciones y reformas requeridas para alcanzar soluciones de fondo a la equidad y la corrupción, y se concentre en los candidatos más opcionados. La opinión no sólo debe conocer la enumeración de las transformaciones que adelantará el próximo mandatario de la nación, sino las formas que empleará para hacerlas efectivas.
