Por Eduardo Sarmiento Palacio
Las evaluaciones inadecuadas de los proyectos y las empresas, el subsidio a la oferta de los servicios sociales y la prioridad a los recaudos han configurado una estructura fiscal de gasto ineficiente y tributación regresiva.
La situación más ilustrativa se encuentra en la infraestructura vial. Luego de que el gobierno la presentara como una de las principales locomotoras, al cabo de seis años no se advierten resultados tangibles. En cierta forma, se repite la experiencia de los últimos 30 años en que se anuncian grandes inversiones en infraestructura que no tienen manifestaciones reales. La explicación es sencilla y se descubrió hace siglos. Los proyectos de infraestructura vial se caracterizan por elevados costos fijos, que dificultan la financiación con peajes, y la rentabilidad es inferior al promedio de la economía. Así, los estudios usuales subestiman el valor de los proyectos para justificar su viabilidad económica. Luego, la diferencia se cubre con sobrecostos, demandas judiciales, créditos con períodos muertos, garantías de tráfico, etc. La manifestación más reciente está en el túnel de La Línea, que se contrató por $600.000 mil millones y resultó valiendo $1,8 billones.
La mayor sorpresa es Ecopetrol. En respuesta a la abundancia de recursos de divisas, la empresa se comprometió en proyectos con rentabilidades que en la práctica se reducen a la tercera parte. Reficar se justificó con una rentabilidad de 14 % y resultó en 4 %. Propilco se adquirió con un estudio que suponía que la rentabilidad era de 10 % y la información más reciente revela que es muy inferior. No obstante que el sector minero fue el principal receptor de la inversión de la última década, la producción petrolera desciende al ritmo de 12 % anual.
La otra cara de la moneda son las privatizaciones. Los funcionarios públicos han encontrado una fuente de recursos para realizar obras de baja rentabilidad y alto impacto político. La venta de Isagén se justificó diciendo que la rentabilidad era inferior a la de un CDT y menor que el apalancamiento de obras civiles. El ejemplo se siguió con la ETB y la enajenación del 20 % de la EEB, que fueron autorizadas por el Concejo de Bogotá sin los requisitos establecidos por la ley 226 de privatizaciones.
No menos preocupante es la administración de los servicios sociales. La tarea se ha dejado en manos de agentes privados motivados por el lucro individual. Las EPS operan con organizaciones piramidales en que los activos superan los pasivos y la diferencia se cubre con transferencias fiscales o incumplimientos a los hospitales. El sistema pensional tiene una estructura mixta, en la cual la modalidad privada se queda con los cotizantes y la pública con los pensionados, que implica erogaciones presupuestales de más de $30 billones anuales. Para completar, el programa Ser Pilo Paga significa transferencias a las universidades privadas por estudiante muy superiores a los costos. Así, los subsidios a la oferta perforaron la prioridad constitucional al gasto social y constituyen una transferencia de los contribuyentes al capital.
Como se vio en los últimos tres años, las múltiples imperfecciones del gasto ocasionan una presión sobre los recaudos que se manifiesta en reformas tributarias cada vez más frecuentes y dependientes de los impuestos indirectos que recaen en mayor proporción en los grupos de menores ingresos. El balance es a todas luces insatisfactorio. En Colombia, la distribución del ingreso es igual antes y después de impuestos. La estructura fiscal no está en capacidad de revertir la caída de los ingresos del trabajo con respecto al capital y el deterioro de la distribución del ingreso, que han situado al país entre las sociedades más inequitativas del mundo.
