Por Alejandra Ciro / Razón Pública

Una cuidadosa aproximación histórica y territorial a las nuevas formas del  paramilitarismo pone en cuestión los lugares comunes sobre esta forma de violencia y sugiere caminos más certeros para hacer frente a estos grupos armados.

El cabecilla llorado

Cuando mataron a “Giovanni”, el jefe del Clan Úsuga, hubo toda una romería alrededor de su muerte en Necoclí. El pueblo se llenó de camisetas con la leyenda “Giovanni, el amigo fiel, te recordaremos por siempre”, e incluso estas prendas fueron usadas dentro de las instalaciones de entidades públicas.

La vida de Giovanni -junto con la de su hermano Otoniel-, que transcurrió entre el EPL, las AUC y terminó en Los Urabeños, expresa uno de los retos más importantes que tiene hoy Colombia: evitar un reciclaje de guerras mal terminadas, cuyo momento más escandaloso empezó con la desmovilización de los paramilitares bajo el gobierno de Álvaro Uribe y que hoy constituye una amenaza para cumplir los acuerdos de La Habana.

¿Cómo se entiende este reciclaje de violencias?

¿Por qué la muerte de estos jefes criminales, en el marco de operativos de la fuerza pública, no se traduce en una victoria del “imperio de la ley” y ni siquiera necesariamente en una disminución de la violencia?

¿Cómo se entiende la reacción de poblaciones como Necoclí?

¿Qué expresa esto sobre la complejidad del reto que estamos encarando?

Uno de los últimos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Grupos armados posdesmovilización (2006-2015); trayectorias, rupturas y continuidades, con la relatoría de Teófilo Vásquez y Víctor Barrera, es una muy valiosa referencia para abordar las preguntas anteriores.

Los grupos armados pos-desmovilización

El libro va más allá de la discusión nominalista, que ha estancado el debate, acerca de si estos grupos son “organizaciones criminales”, “paramilitares”, delincuentes comunes o políticos, al adoptar una mirada de largo plazo, al ofrecer elementos que permiten salir de las explicaciones dicotómicas y al pensar las medidas necesarias para enfrentar el fenómeno.

A partir de las estadísticas del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del CNMH, entrevistas con pobladores, talleres en las regiones más afectadas, revisión de prensa y consulta de bibliografía, el libro lleva a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo que ubica a los grupos armados pos-desmovilización (GAPD) en el marco histórico de la violencia en Colombia. Así, este informe entiende estas organizaciones como una nueva etapa del fenómeno paramilitar que, desde los años ochenta, entró en la confrontación de la guerrilla y el Estado.

En este sentido, los GAPD son expresión de procesos históricos más amplios, como la particular configuración del Estado en Colombia (donde hubo diseños institucionales que estimularon el uso privado de la fuerza) y la persistencia de economías ilegales e informales. Los GAPD son la fase más reciente de un fenómeno que surgió en los ochenta y que en el libro se conoce como “primera generación paramilitar”, que tuvo su crisis a principios de los noventa, para recomponerse a mediados de esa década y expandirse entre 1998 y el 2005, cuando la desmovilización generó un proceso de atomización violenta (2006-2010) y, luego, de recomposición violenta (2011-2015).

Las transformaciones del paramilitarismo

La mirada histórica permite ver mejor la magnitud de la violencia que hoy sufrimos, al señalar un dato preocupante: si bien las cifras actuales de violencia son significativamente más bajas que las del tiempo de auge del paramilitarismo, tienen los mismos niveles que las de los primeros años de ese fenómeno. En otras palabras: los factores que explican la existencia del paramilitarismo siguen existiendo y pueden dar pie a más ciclos de violencia.

El informe del CNMH caracteriza a los distintos GAPD en relación con sus  modalidades de violencia, los territorios donde operan y los perfiles de sus víctimas. De allí se sigue que las amenazas, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados han disminuido menos que  las masacres, desapariciones forzadas y secuestros.

Estas organizaciones también se caracterizan por su fragmentación. A diferencia de las AUC, que implicaban una organización con ciertos niveles de jerarquía, los actuales GAPD operan mediante redes, donde los cabecillas no son indispensables para la sobrevivencia del grupo.

Supuestos confrontados

La observación de estas transformaciones permite que los autores rompan con supuestos que han limitado la comprensión del fenómeno, y por lo tanto la forma como ha sido abordado por parte de las autoridades.

El primer supuesto se refiere a la relación de estos grupos con el Estado. Frente a quienes suponen una alianza o un choque vertical, el texto resalta la relación ambigua y contradictoria entre estas organizaciones y el aparato estatal. Sin duda, tras unas etapas de mayor cercanía, los GAPD de hoy tienen una relación más hostil con las autoridades.

En este mismo sentido, la reconfiguración de los GAPD “no ha sido el resultado de un proceso caótico ni tampoco de un plan magistralmente deliberado por un pequeño grupo de paramilitares que decidieron rearmarse”. A una y otra interpretación se les escapa que “los procesos de violencia en general y, en particular, los grupos armados pos-desmovilización son el producto de interacciones violentas y no violentas que se desarrollan en contextos institucionales y políticos determinados, que restringen el número y tipo de alternativas, estrategias y repertorios disponibles”.

Otro supuesto que discute el texto se relaciona con la dicotomía entre violencia política y crimen organizado. Los autores muestran que, en la actual etapa de los GAPD, “la línea divisoria que separa la violencia derivada del conflicto armado, la violencia atribuida al narcotráfico y la criminalidad organizada se ha hecho más fluida”.

La territorialidad y la violencia

Este informe analiza cuatro subregiones, dos con inserciones tempranas del paramilitarismo (sur de Córdoba y Urabá) y dos con presencia tardía y que por lo mismo no mostraron una inserción social y política exitosa (Cúcuta y Pacífico nariñense).

La investigación muestra cómo las trayectorias de la violencia tras la desmovilización dependieron en gran parte del momento de inserción del paramilitarismo en las regiones y del tipo de orden que habían establecido.

Esta explicación permite entender por qué el Pacífico, donde el paramilitarismo penetró tardíamente y donde su asimilación se dio a través del narcotráfico más que del control territorial, es hoy el principal escenario de la confrontación armada en Colombia.

Evaluación de las políticas

A partir de esta aproximación histórica, el texto permite hacer una evaluación de las políticas que han buscado responder a este fenómeno.

Según muestran los autores, “al asumir a los GAPD como una expresión nueva, sin relación con el histórico fenómeno paramilitar en Colombia”, la política pública “ha perdido de vista la existencia de una variedad de problemáticas que tiene raíces en el largo plazo y que ha permitido la reproducción y fortalecimiento de este tipo de organizaciones”.

Este enfoque explicaría por qué en Necoclí se llora a un cabecilla del Clan Úsuga y por qué su muerte no implica una disminución de la violencia. Así, el texto critica el énfasis  sobre  los operativos militares y la captura de cabecillas porque- aunque estas acciones resultan rentables en términos mediáticos- en el corto, mediano y largo plazo solo contribuyen a que persista la violencia, pues lo que viene es una lucha violenta entre los relevos y la consolidación de un nuevo mando.

De ahí que la respuesta a este fenómeno deba trascender el enfoque militar. Lo que este libro muestra, precisamente, es la necesidad de que la academia, los historiadores, los sociólogos, los politólogos y los antropólogos tengan más incidencia sobre la formulación de políticas públicas.

Así, entre las medidas integrales que demandan el estudio y tratamiento de los GAPD, está una política pública para los jóvenes de las regiones, con el fin de que para ellos deje de ser casi inevitable ver en estos grupos un proyecto de vida.

Solo la comprensión histórica y territorial permitirá entender el fenómeno de las GAPD y adoptar políticas adecuadas para ver la luz al final del túnel de la violencia paramilitar. Esta tarea  es urgente, si consideramos el cambio de dominio territorial que genera la dejación de armas por las FARC y la existencia de miles de exguerrilleros que pueden ser tentados por estas organizaciones criminales.