El decreto 063 del 5 de febrero de 2016, mediante el cual el Alcalde Mayor de Bogotá declaró la emergencia sanitaria en el Distrito Capital, adolece de dos graves falencias legales, primero, estudios sobre la capacidad de respuesta hospitalaria del Distrito, y segundo, ausencia de hechos sobrevinientes reales de sobreocupación del servicio de urgencias
Una denuncia penal contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y su secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, instauró el representante del Polo Democrático Alternativo, Alirio Uribe Muñoz, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, al decretar una emergencia sanitaria en el Distrito.
Dicha emergencia se decretó con base en unos estudios que la Secretaría de Salud dijo haber realizado, pero que resultaron ser una tesis de grado de especialización de un estudiante de la Universidad del Rosario, y, al mismo tiempo, haber presentado unas cifras de sobreocupación en urgencias que no correspondían a la realidad.
Uribe Muñoz realizó la denuncia ante la Fiscalía, luego que el Secretario de Salud, Luís Gonzalo Morales y ante la solicitud de un derecho de petición, entregara como sustento del decreto de emergencia sanitaria, un documento denominado “estudios de capacidad de respuesta hospitalaria”, que al ser confrontado con los archivos de la Universidad del Rosario, resultó ser una tesis de grado, con nombre similar, del estudiante de la especialización en Medicina de Emergencias, que fue concluida y presentada para optar al título el 2 de febrero de 2015, es decir, un año y tres días antes de la expedición de dicha disposición.
El estudiante quien para la fecha de expedición del decreto era contratista de la Secretaría de Salud, asegura en su trabajo de grado, que su estudio está enfocado a la capacidad de respuesta de la red pública de urgencias hospitalaria para eventos con múltiples víctimas o catastróficos, tipo terremoto, enfoque que no hace parte de la motivación del decreto de emergencia por cuanto no era ese el objetivo de la medida.
Reconoce, además el autor, que su estudio tiene importantes sesgos, como no haber sido realizado metodológicamente a través de un censo a la totalidad de hospitales de la red pública, sino por encuesta aplicada a funcionarios, no siempre idóneos, de una porción de los 22 hospitales públicos.
A juicio del congresista del Polo, “al parecer Peñalosa emite un decreto de estas calidades de repercusión, sólo con el propósito de obtener prerrogativas especiales como contratación directa o la adquisición de empréstitos de manera directa, que en condiciones ordinarias habían de ser objeto de debate y consecuentemente control en el Concejo de Bogotá como expresión del principio democrático”
Así mismo, Uribe Muñoz, mediante documentos obtenidos por derecho de petición, demuestra que no era cierto, como se afirma en el decreto para justificar la emergencia sanitaria, que la sobreocupación de los servicios de urgencia era como se dijo de 250% en la red pública y del 300% en red privada.
En efecto, según cifras entregadas por la propia Secretaría de Salud, la ocupación de los servicios de urgencias para el año 2015, fue de 84.77% y para enero del 2016 – un mes antes de ser expedido el decreto – fue de 73.93%, el punto más bajo entre los años 2011 a 2016.
“El alcalde Peñalosa, no sólo cometió presunto prevaricato para favorecer sus intereses, sino que mintió frente a las cifras sustentadas por el decreto, con cifras que no sustentan un evento sobreviniente de sobreocupación del servicio de urgencias, que pudieran haber sido superadas con simples medidas ordinarias por parte de la administración”, puntualizó el representante Uribe Muñoz.
