Por Nubia Amparo Cárdenas Carranza / Semanario Caja de Herramientas

La soberanía alimentaria incluye un comercio internacional justo, no está en contra de los intercambios, sino de la prioridad dada a las exportaciones. Permite garantizar a los pueblos la seguridad alimentaria, a la vez que intercambian con otras regiones unas producciones específicas que constituyen la diversidad de nuestro planeta.

En los acuerdos de paz de La Habana con las Farc – EP el tema de la seguridad alimentaria esta contenido dentro del punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI). El mismo, está ligado a la transformación estructural del campo, la creación de las condiciones de bienestar para la población rural y la construcción de una paz estable y duradera.

Según la FAO la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.

Una adecuada política de seguridad alimentaria de un país y sus comunidades debe estar conjugada con:

1. Equitativa distribución y uso de la tierra.
   2. Planes de Ordenamiento Territorial y los demás relacionados.
   3. Uso de los suelos de acuerdo a su calidad y vocación natural.
   4. Manejo de los recursos ambientales del territorio.
   5. La disponibilidad y adecuado uso y conservación de los recursos naturales bióticos y abióticos como insumos de la agricultura y producción pecuaria.
   6. Programas preventivos de salud y calidad de vida.
   7. Protección de la soberanía alimentaria.
   8. Programas eficientes de asesoría técnica.
   9. Desarrollo de la infraestructura de las regiones en vías de todos los tipos.
   10. Disponibilidad y acceso a los recursos financieros: créditos y subsidios.
   11. Respaldo y respeto a las formas organizativas de los sectores productivo, comercial y consumidor.
   12. Acceso a la educación de todos los sectores de la población.
   13. Políticas de seguridad social especialmente de salud para los actores de la producción agropecuaria.

La RRI en materia de alimentos y nutrición pretende asegurar para toda la población rural y urbana disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición, especialmente la de los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes y personas adultas mayores, promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación de ingresos.

Un principio del punto de Reforma Rural Integral es el derecho a la alimentación: la política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles.

Se plasma también en este punto del acuerdo de paz que una de las funciones de las Zonas de Reserva campesina –ZRC–, es la de promover la economía campesina, contribuir al cierre de la frontera agrícola, aportar a la producción de alimentos y a la protección de las Zonas de Reserva Forestal. Se busca así la compatibilidad de las áreas de producción especialmente agro ganaderas con las de conservación ambiental en el país.

En el tema de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en su objetivo de lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, se incluye entre otros puntos la protección a la economía, a la producción (incluida la de alimentos) y al relacionamiento con la naturaleza. Así mismo esto planes deben contemplar el desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. (Documento final Acuerdos de paz modificados. La Habana. Cuba. 17 noviembre del 2016)

Como se determina que los Planes de Desarrollo futuros, acogerán las prioridades y metas de los PDET se da por sentado que el tema de seguridad y soberanía alimentaria se incluirán en los mismos y será política de los gobiernos de turno, y de esta forma se garantizará no solo los mecanismos de participación ciudadana que junto con las –entidades gubernamentales– son la base de construcción de los PDET. Sino que también se establecerán los mecanismos de seguimiento, evaluación y veeduría de los proyectos a nivel local, regional y nacional. Los mecanismos de participación que se establezcan para la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial buscan fortalecer la participación ciudadana en las decisiones que los afectan en el marco de la Constitución, impulsando la asociatividad solidaria y vigorizar la democracia para garantizar que lo que se acuerde, se implementa y se cumpla.

Otros aspectos a tener en cuenta para la implementación adecuada de las políticas, programas y proyectos de seguridad y soberanía alimentaria especialmente para la producción agro familiar y la economía campesina a pequeña, mediana y gran escala tiene que ver con aspectos como:

– Infraestructura de riego: para lo cual se debe crear e implementar el Plan Nacional de Riego y Drenaje.

– Asistencia e innovación técnica: se diseñará e implementará un Plan Nacional de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación que contemple la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, junto con la estricta regulación          socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos.

– Subsidios, generación de ingresos y crédito: componente es la provisión de líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la economía campesina, familiar y comunitaria y actividades complementarias y con subsidios progresivos para los medianos productores y productoras con menores ingresos, orientados a apoyar el derecho a la alimentación, la reconversión productiva y la generación de valor agregado.

– Mercadeo: para garantizar condiciones adecuadas en la comercialización de los productos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y mejorar su disponibilidad como garantía del derecho a la alimentación, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria.

Es necesario que todos los planes nacionales cumplan transversalmente con los objetivos de la política alimentaria y nutricional propuestos, mediante un sistema que los articule en los territorios de acuerdo a criterios como:

1. El establecimiento de consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición, con representación del Gobierno, la ciudadanía y las comunidades para proponer y participar en la definición de lineamientos para diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales a través de planes departamentales y locales, dinamizar recursos, monitorear el riesgo y veeduría al cumplimiento       de las metas.
2. La constitución de un Consejo Nacional de alimentación y nutrición integrada por autoridades nacionales, departamentales y municipales y representantes comunitarios de los consejos anteriores que participen en la definición de los lineamientos de la política alimentaria y que coordine los planes de menor cubrimiento geográfico.
3. Los planes departamentales y locales y realice veeduría nacional a las metas.
4. El desarrollo de programas contra el hambre y desnutrición a nivel nacional, especialmente para la población rural más necesitada, las mujeres gestantes y lactantes, infantes y ancianos.
5. Adopción de esquemas de apoyo para fortalecer, desarrollar y afianzar la producción y el mercado interno, que incluyan asistencia técnica-científica, orientados a promover la cualificación de la economía campesina, familiar y comunitaria, ambiental y socialmente sostenible, que contribuyan a su autosuficiencia y al autoconsumo.
6. La promoción de mercados locales y regionales que acerquen a quienes producen y consumen y mejoren las condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en las áreas rurales del país.
7. Campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.
8. Adicionalmente, la provisión de condiciones e incentivos a la producción y a la comercialización, apoyos directos para el fortalecimiento productivo, con el fin de que en la economía campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos negativos de la internacionalización de la economía y la liberalización del comercio.

Se determina la implantación de un Sistema, para la garantía progresiva del derecho a la alimentación por parte del gobierno nacional que garantice de manera constante el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre de la población rural fomentando disponibilidad, acceso y consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente. (Universidad Nacional. Territorio en Vilo. Desarrollo Rural para el posconflicto. Bogotá D.C. 2017)

Colombia posee un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019 cuyo objetivo general es contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable y con los objetivos específicos, estrategias y líneas de acción. También contiene las metas y el proceso de seguimiento y evaluación a las mismas a través de indicadores específicos y un plan de acción a ejecutarse que involucra a las entidades gubernamentales relacionadas con el tema. (Gobierno Nacional. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019. Bogotá 2.013)

Aunque en los acuerdos de paz no se especifica el tema de pesca artesanal e industrial si se hace necesario que este aspecto se adjunte al punto de la Reforma Rural Integral (RRI), como un campo muy importante en la seguridad alimentaria de vastos sectores de la población de las costas colombianas y ribereñas de las fuentes de agua como ríos, quebradas y lagunas. Son poblaciones que no solo se alimentan sino que comercializan con diversas especies piscícolas e ícticas y que de no ejercerse en forma adecuada puede generar el agotamiento del recurso. Además, deben soportar la competencia desleal en algunos casos de la pesca industrial ejercida por empresas a veces de tipo multinacional, las cuales son poco o nada controladas por la autoridad competente. El país cuenta con el Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en Colombia elaborado en 2014. (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en Colombia. Bogotá. 2014)

Es importante realizar un análisis de estos dos planes nacionales tanto de seguridad alimentaria como de acuicultura y determinar si se ajustan a las necesidades de las diversas poblaciones del país étnicas y culturales y si son en realidad un instrumento eficiente para que se implemente a través de los planes regionales, departamentales y municipales. O de lo contrario generar los espacios de amplia participación ciudadana, para que sean adaptados o modificados en beneficio de la solución definitiva de la buena alimentación y nutrición del pueblo colombiano.

Soberanía alimentaria

De acuerdo con la organización no gubernamental internacional, Vía Campesina, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Lo cual coloca aquellos sectores que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas básicamente internacionales. Defiende los intereses e incluye a las futuras generaciones. Ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales, regionales y nacionales.

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.

La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente y justo, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, de los territorios, las aguas, las semillas nativas, el ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producen los alimentos.

La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping o competencia desleal frente a terceros países. La soberanía alimentaria incluye:

* Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible.

* El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y como y quien se lo produce.

* El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas, es posible siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales.

* La participación de los pueblos en la definición de política agraria.

* El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.

¿De dónde procede el concepto de soberanía alimentaria?

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro ONG paralelo a la cumbre mundial de la alimentación de la FAO de junio del 2002.

Las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria, priorizan el comercio internacional, y no la alimentación de los pueblos. No han contribuido en la erradicación del hambre en el mundo. Al contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las importaciones agrícolas, y han reforzado la industrialización de la agricultura, peligrando así el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así como nuestra salud. Han empujado a centenas de millones de campesinos (as) a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, al éxodo rural o a la emigración.

Instituciones internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial y la OMC (Organización Mundial del Comercio) han aplicado estas políticas dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Unos acuerdos internacionales (OMC), regionales (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas – ALCA) o bilaterales de “libre” cambio de productos agrícolas permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado de la alimentación. La OMC es una institución totalmente inadecuada para tratar los temas relativos a la alimentación y a la agricultura por lo tanto Vía Campesina quiere a la OMC fuera de la agricultura.

La plaga de las importaciones a bajos precios

En el mundo entero, importaciones agrícolas a precios bajos destruyen la economía agrícola local; es el caso de la leche europea importada a la India, del cerdo norteamericano al Caribe, de la carne y de los cereales de la UE a África, de animales a Europa, etc… Estos productos se exportan a precios bajos gracias a prácticas de dumping. A petición de los Estados Unidos y de la Unión Europea, la OMC ratificó una nueva práctica de dumping que sustituye las ayudas a la exportación por una fuerte baja de sus precios agrícolas, combinada con unos pagos directos abonados por el Estado. ¡Para conseguir la soberanía alimentaria, es imprescindible parar el dumping!

La soberanía alimentaria incluye un comercio internacional justo, no está en contra de los intercambios, sino de la prioridad dada a las exportaciones. Permite garantizar a los pueblos la seguridad alimentaria, a la vez que intercambian con otras regiones unas producciones específicas que constituyen la diversidad de nuestro planeta.

Hace falta, bajo la tutoría de las Naciones Unidas, dotar estos intercambios de un nuevo marco que:

– Priorice la producción local, regional frente a la exportación,
– Autorice a los Países/Uniones a protegerse contra las importaciones a precios demasiado bajos,
– Permita unas ayudas públicas a los campesinos, siempre que no sirvan directa o indirectamente a exportar a precios bajos,
– Garantice la estabilidad de los precios agrícolas a escala internacional mediante unos acuerdos internacionales de control de la producción.

El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos, pues el problema de los campesinos es antes que nada la falta de acceso a sus propios mercados locales por unos precios demasiado bajos para sus productos y el dumping a través de importación que deben enfrentar. El acceso a los mercados internacionales afecta sólo el 10% de la producción mundial; está controlada por unas empresas transnacionales y por las más grandes empresas agro-industriales. El ejemplo de los productos tropicales (café, plátanos…) lo ilustra: benefician un acceso casi libre a los países del Norte y a pesar de eso los campesinos/as del Sur no pueden mejorar su situación.

Las políticas agrícolas deben apoyar una agricultura campesina sostenible en el Norte y en el Sur, para poner en marcha la soberanía alimentaria, países del Norte y del Sur deben sostener su agricultura propia para garantizar el derecho a la alimentación de sus poblaciones, preservar el ambiente natural, desarrollar una agricultura sana y protegerse contra el dumping. Deben apoyar su agricultura para cumplir otros intereses públicos que pueden ser diferente en función de los países y sus tradiciones culturales. Pero en la actualidad, los Estados Unidos y la Unión Europea en particular abusan ayudas públicas para reducir sus precios en los mercados internos y para practicar el dumping con sus excedentes en los mercados internacionales, destruyendo la agricultura campesina tanto en el Norte como el Sur. (Documento Organización de Naciones Unidas. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. 2012)

La soberanía alimentaria debe ser una política de seguridad nacional, y lo es en el caso de los países desarrollados, afirmación que sostiene y desarrollan los gobiernos de Estados Unidos, ya que es la única que garantiza la supervivencia y desarrollo de una nación en un mundo globalizado y donde la economía neoliberal impone normas y juegos en detrimento de los países en vía de desarrollo como Colombia. ¿Alguna vez se lograra en nuestra nación?

Desafortunadamente solo se obtendrá en gran parte por las reclamaciones y acciones de los movimientos sociales que exijan su elaboración e implementación ya que hasta la fecha ningún gobierno ha mostrado la voluntad política de construirla. Se espera que el periodo de paz en el posconflicto sea el espacio requerido para que se pueda materializar este instrumento de defensa de la seguridad y soberanía alimentaria de Colombia.