Por Alfredo Molano Bravo
En un bolsillo de la cordillera Oriental, mirando al Llano, queda Támara. Los indígenas achaguas que lo habitaron eran tributarios de los chibchas, a quienes pagaban en algodón; sometidos por los conquistadores hacían lo mismo, pero pagaban con tejidos. Eran finos artesanos. También cultivaban tabaco y, claro está, maíz. Fue asiento de las misiones de dominicos y agustinos para civilizar naturales. Su importancia creció en la misma medida que el hato ganadero de las sabanas porque Támara queda a medio camino de La Salina, de donde se traía la sal para el ganado. Fue durante el siglo XIX una región cultivadora de un café suave, muy apetecido por los llaneros y por los boyacenses, que se llegó a exportar por el Meta hacia Europa. Los cafeteros imprimieron moneda propia, respaldada por la producción de arábigo y aceptada en todo el Llano. Fue sede del Vicariato apostólico. Durante la Violencia de los 50, los conservadores entraron a bala a refugiarse en el atrio de la iglesia y sacaron a los liberales. Guadalupe no logró tomarse el pueblo y los liberales regresaron, graneaditos, después de la amnistía de Rojas Pinilla en 1953.
A mediados de los años 1980 llegaron las Farc y se establecieron a la fuerza, pero poco a poco y a pesar de los fusilamientos de civiles, la gente terminó por aceptarlos. Rigió entonces el código de convivencia que, como dice un tamareño, castigaba la infidelidad, la violación de linderos y el cachilapeo o robo de ganado. El café seguía siendo el motor de la prosperidad del municipio, lo cual quiere decir que imperaba una economía campesina. Hacia el año 1985 se comenzaron a explotar los pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua, lo que trastornó la economía tradicional.
El Yopal, Aguazul y Tauramena se convirtieron de la noche a la mañana en pueblos grandes y hoy son ciudades. Un movimiento de colonos protestó durante esos años contra los atropellos de las petroleras: destrucción de fuentes de agua, quema de gas, construcción de carreteras, violación de propiedades. El Gobierno reforzó la Brigada XVI y aparecieron los primeros grupos paramilitares. Los asesinatos de dirigentes populares se hicieron el pan de cada día. Según publicaciones inglesas, la British Petroleum (BP) se vio envuelta en varios casos tanto de falsos positivos –aunque en la época no se llamaran así– como de desapariciones forzadas. El comandante de la brigada fue formalmente acusado y debió responder en juicio. El Parlamento Europeo condenó al gobierno colombiano por tolerancia de los atropellos de las petroleras. La BP pagó más de US$60 millones al Ejército para defender sus arbitrariedades. Las guerrillas se afianzaron en el centro del Llano y en el piedemonte. Se formó entonces el llamado corredor ABC (Arauca, Boyacá, Casanare) sobre la fuerza de los frentes 28, 38 y 56. En contraposición, Martín Llanos, del bloque paramilitar Centauros, se convirtió en la palanca del poder político regional. Según el Cinep, entre 1986 y 2007 fueron registrados 1.500 casos de desaparición forzada y 1.000 no lo fueron. Han sido vinculados a investigaciones sobre falsos positivos 952 miembros del Ejército.
En Támara, tanto en el piedemonte como en la sabana, la violencia comenzó a ceder a partir del acuerdo de cese del fuego. La concentración de los 700 efectivos en la zona campamentaria de Panamá de Arauca ha dejado, según los tamareños, un gran vacío. Como en otras regiones, las normas de convivencia emitidas por las Farc impusieron un orden social respetado por todos. Los casos de violación del código guerrillero eran severamente castigados, aun con el fusilamiento. El vacío que el Estado no ha llenado ha permitido que el robo de ganado se haya generalizado y que exista un mercado negro de carne de res tanto en Casanare como en Apure. El hato está amenazado y los ganaderos están haciendo arreglos para que los paramilitares regresen.
Casanare ha sido uno de los departamentos más golpeados por la corrupción administrativa. El caso de John Calzones y la ciudad de 10.000 habitantes que construyó en El Yopal, llamada La Bendición, es el más significativo. Pero no el único. Desde cuando llegaron las regalías, los contratos pagaban el 3 % a los alcaldes, el 3 % a los paramilitares y el 3 % a las guerrillas. Hoy pagan el 20 % a los alcaldes y demás autoridades administrativas. El Eln ha llegado desperdigado a Támara. El enfrentamiento con los paramilitares que también están llegando será cosa de pocos días.
Es verdaderamente dramático que en el vacío de poder del que en tantas regiones de habla, el Gobierno no haya recuperado ni el monopolio de las armas ni el de los tributos. Bien vistas las cosas, las Farc eran parte esencial del orden social que, paradójicamente, amenaza derrumbarse hoy en Támara.
El Espectador, Bogotá.