Por Jorge Gaggero / Nueva Sociedad

Las políticas fiscales y tributarias se han complejizado con el proceso de globalización. Los países más avanzados fijan las pautas y las asociaciones que los comprenden influyen directamente en la gestión de las políticas globales.

El sistema fiscal se ha convertido, al calor de la presente fase del proceso globalizador, en un complejo entramado que requiere una revisión y un análisis minucioso.

Resulta evidente que, en una modernidad que, como sostiene el español Juan Pro Ruiz, «es supralocal, transnacional y potencialmente universal», los sistemas fiscales responden entonces a una cierta «homologación»: a escala nacional, continental y mundial. La interconexión global ha inducido una convergencia institucional también en el campo fiscal y, particularmente, en el tributario.

No caben dudas de que los países más avanzados, particularmente Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea y asociaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) son quienes fijan las pautas en materia tributaria y quienes poseen mayor armonización normativa, coordinación en la gestión e influencia global. También son ellos los que logran la fijación de unas reglas del juego internacionales que operan a favor de sus empresas, sus fiscos y otros intereses económico-financieros propios. La ausencia de organismos multilaterales responsables en este campo –un vacío que el tributarista Vito Tanzi propuso llenar hace décadas–, resulta evidente. Asimimismo, los acuerdos y consensos ad hoc en el seno del Grupo de los 7 –últimamente extendidos al G-20– son limitados. Estos no sólo han resultado cada vez más insuficientes en su alcance territorial y económico-social sino que también ha mermado su credibilidad a medida que el «Sur del mundo» y, en especial, los «países emergentes» ganan espacio. Se muestran, además, totalmente inadecuados para hacer frente a la escalada destructiva de las «fuerzas globales desatadas»: descontrolada «competencia tributaria» que mina los sistemas normativos, elusión y evasión rampantes que ponen en ridículo a las administraciones impositivas, «fuga de capitales» que erosiona severamente las economías y las sociedades de los Estados-Nación (limitando su potencial económico, la cantidad y la calidad de su fuerza de trabajo y la posibilidad de alcanzar mayores niveles de equidad). Los «Jinetes del Apocalipsis» son los protagonistas destacados del «mundo offshore»: la banca global y las multinacionales, las «guaridas fiscales», las grandes empresas globales consultoras en auditoría e impuestos (con las «Big Four» al frente) y los grandes estudios legales especializados. Estos son los grandes «facilitadores» (enablers) del aprovechamiento del «mundo offshore», por parte de las corporaciones multinacionales y los «ricos globales», principalmente.

El futuro ya arribó

Hace dos décadas Tanzi destacaba el impacto de estos fenómenos que ya se registraba sobre las estructuras tributarias (un creciente sesgo regresivo) y advertía acerca de su empeoramiento: «es sólo cuestión de tiempo que el nivel de la tributación comience a reflejar las fuerzas en juego» (1996).

El mundo que Tanzi pronosticó ha llegado. Poco más de una década después de su vaticinio, la gran crisis de comienzos del milenio (2007-2008) mostró crudamente los costos adicionales del tiempo perdido. Entonces, la amenazas de «volar con dinamita» las «guaridas fiscales» del ex presidente francés, Nicolas Sarkozy (apoyado por Angela Merkel y el entonces titular del FMI, Dominique Strauss Kahn) se toparon con la férrea defensa de la «hermandad anglosajona» de Estados Unidos y Reino Unido. Ese intento radical resultó, a través de la aceptación del G-20, en un curso de acción mucho más moderado y, con seguridad, menos eficaz: el «Proyecto Base Erosion and Profit Shifting» o BEPS (Erosión de las bases tributarias y fuga de beneficios), cuyo diseño e implementación está a cargo del «club de los países ricos»,la OCDE.

Ni la propuesta de Tanzi, ni la opción más moderada –como construcción institucional– que los países en desarrollo quisieron aprobar en Addis Abeba (Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, julio de 2015), que apuntó al mejoramiento y potenciación del «Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación» de la Organización de las Naciones Unidas, han tenido un buen desarrollo. Los «países ricos», en especial los de la «hermandad anglosajona», les han bloquedo el paso a ambas.

¿Qué se puede hacer entonces?

La agenda supranacional y global 

Los más importantes problemas en la actualidad son, en rigor, los que plantea el sistema financiero. En apretada síntesis, los aspectos cruciales del negocio financiero global son los de su sustancial desregulación, su comportamiento auoligopólico y el acelerado proceso de concentración (los tres obviamente vinculados). Una muy valiosa investigación reciente ha puesto el foco en esta «hidra mundial» (Francois Morin, 2015), cuyos 28 bancos miembros resultan claramente protegidos por los principales Estados del mundo desarrollado. En este contexto, no es una paradoja que muchos de estos Estados estén siendo «capturados» como consecuencia de sus deudas con el oligopolio.

También parece necesario establecer controles sobre los movimientos internacionales de capital, que permitan moderar la volatilidad de sus flujos, de modo de contribuir a la estabilidad financiera y cumplir con las decisiones adoptadas por el G-20 en el año 2009 –luego olvidadas– respecto de terminar con la perversa dinámica que resulta de la acción conjunta de las «juridicciones del secreto» (guaridas fiscales) y el secreto bancario, que estimulan la fuga ilícita de capitales. Resulta también importante destacar el rol perverso de los «fondos buitre» –que también usan las «guaridas fiscales» como base de operaciones para extraer ganancias financieras desmesuradas de economías vulnerables– que oponen obstáculos severos a sus procesos de crecimiento.

En relación con las «guaridas fiscales», el tiempo de los discursos cínicos y sin sustancia debe terminar. En primer lugar, la transparencia y la accesibilidad a la información resultan cruciales y, como un paso preliminar, los gobiernos deben ser obligados a asegurar un fácil y generalizado acceso a los datos acerca de los flujos financieros no registrados. Por fin, el problema de las «guaridas fiscales» que, año a año, concentran una creciente porción del «negocio» opaco global en los territorios de países desarrollados y sus «dependencias», con la «hermandad anglosajona» al frente, y cada vez más ligadas además a las operaciones offshore del oligopolio bancario global, debe ser puesto sobre la mesa. Esta cuestión debería ser incluida, sin demoras adicionales, en la agenda del cambio estructural global.