Por Héctor Alonso Moreno Parra / Semanario Caja de Herramientas
Muchos de los ministros enunciados por el presidente Iván Duque hasta ahora, representan esas elites empresariales que fueron definitivas en la estructuración y financiamiento de su candidatura presidencial; y que ahora, en la modalidad de cuotas políticas sectoriales, pretenden y aspiran a que el nuevo gobierno entrante garantice sus intereses implementando políticas públicas en favor de sus intereses económicos.
Se conoce en Ciencia Política el término “corporativismo” como una doctrina económica y política que considera a la comunidad como un cuerpo sobre la base de la solidaridad social orgánica, la distinción funcional y las funciones sociales entre los individuos (Wiarda, 1996). Doctrina en la cual el poder de decisión se encuentra en manos de las organizaciones y no de las personas.
La definición más relevante en Ciencia Política es la de Schmitter, quien aseguró que es un “sistema de representación de intereses en el que las unidades que lo constituyen están organizadas en un número de categorías singulares obligatorias, no competitivas ordenadas jerárquicamente y funcionalmente diferenciadas y reconocidas o autorizadas (cuando no creadas) por el Estado, a las que se garantiza un determinado monopolio representativo dentro de sus respectivas categorías a cambio de tolerar la práctica de ciertos controles en la selección de sus dirigentes y en la articulación de peticiones y ayudas” (Schmitter, 1979). Se trata, en esencia, de un concepto que busca vincular al Estado y a la sociedad civil cuya “característica fundamental radica en la participación de los grandes grupos sociales organizados […] en la elaboración de políticas públicas sobre todo de índole económica” (Pereyra 1987: 461). Políticas públicas que solo buscan, en ultimas, el beneficio de sectores económicos dominantes, generalmente de las grandes elites empresariales de un país.
Lo anterior me permite afirmar que este tipo de doctrina es la que, de alguna manera, está direccionando el espíritu para el nombramiento del gabinete hasta ahora propuesto por el nuevo presidente de los colombianos Iván Duque. Muchos de sus ministros enunciados hasta ahora representan esas elites empresariales que fueron definitivas en la estructuración y financiamiento de su candidatura presidencial; y que ahora, en la modalidad de cuotas políticas sectoriales, pretenden y aspiran a que el nuevo gobierno entrante garantice sus intereses implementando políticas públicas en favor de sus intereses económicos. Esta realidad, sería la cuota inicial que nos pondría frente a un futuro Estado Corporativista en Colombia, que fue, entre otras cosas, el tipo de Estado Ideal del fascismo italiano en las épocas de Benito Mussolini después de la primera guerra mundial.
Lo que se sabe hasta ahora por los medios de comunicación y por algunos anuncios oficiales en materia de gabinetología es que varios gremios participan activamente en la conformación del gabinete del presidente Iván Duque; por ejemplo, la Federación de Avicultores (Fenavi) tendrá su cuota con su actual presidente Andrés Valencia, designado como ministro de Agricultura. La Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), que representa a las compañías de telefonía celular, también tendrá su cuota con la actual presidenta del gremio Nancy Patricia Gutiérrez, quien será la ministra del Interior del nuevo Gobierno. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también participara de la fiesta corporativista tras la selección de Guillermo Botero como Ministro de Defensa, que, dicho sea de paso, creo que no tiene la menor idea técnica de las funciones de esta cartera.
En la Fundación Santa Fe ya hablan sobre quién sucederá en el prestigioso centro médico, y a quién escogerán como nuevo rector de la Universidad del Rosario, en reemplazo de José Manuel Restrepo quien será designado ministro de Comercio, Industria y Turismo. Y Gloria Amparo Alonso será la nueva directora de planeación nacional, una destacada economista, ex empleada del Banco de la Republica y del ministerio de Hacienda; que representará, seguramente, con lujo de detalles, los intereses de sus antiguos empleadores del Incomex, Fedesarrollo y el Banco Mundial.
De igual manera, se ha anunciado el nombramiento del joven Jonathan Malagón, economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador de empresas de la University of London (programa de la London School of Economics), quien hoy es vicepresidente del gremio de las entidades bancarias, Asobancaria, como el nuevo ministro de Vivienda, y a María Victoria Angulo como nueva Ministra de Educación, actualmente secretaria de educación de Peñaloza; recordada por entregar 13 colegios en concesión en la capital, y haber contratado para operar los desayunos escolares en Bogotá a la misma firma que estafo en Cartagena al sector educativo facturando tamales comprados en una ferretería a 40 mil pesos cada uno.
Pero hasta ahora, el más alarmante nombramiento al servicio de la doctrina del corporativismo es el del nuevo Ministro de Hacienda, doctor Alberto Carrasquilla, dueño de un nefasto pasado como funcionario público al servicio de los gremios económicos durante su época como Ministro de Hacienda durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre los años 2003 – 2007. Es recordado por su afirmación de que “el salario mínimo es un chiste ridículamente alto que debe ser reducido”.
El exministro Carrasquilla, también es tristemente recordado por su decisivo papel cuando fue ministro de Hacienda en la liquidación del Banco del Estado, Telecom, la venta de Ecogas, y la privatización del Megabanco y de Reficar; envuelta en un gran escándalo por sobrecostos. Igualmente, es mal recordado por proponer el cobro del IVA a todos los productos de la llamada canasta familiar; además de aumentar la edad de pensión, suprimir la 14 mesada pensional y modificar las horas extras en detrimento del bolsillo de los trabajadores.
De la misma manera, fue el ministro involucrado en el escándalo de corrupción y evasión de impuestos internacional en los llamados papeles de Panamá (Panamá Papers) que hace referencia a una vasta investigación periodística sobre la filtración de 11,5 millones de documentos de la sociedad de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades con ventajas fiscales que eran utilizadas para el blanqueo Peiper.
Y como si lo anterior fuera poco, es señalado de arruinar cerca de 117 municipios endeudados gracias a sus sabios consejos como asesor financiero externo de municipios, que genero altas tasas de interés que le costó al Estado 500 mil millones de pesos para salvar de la quiebra a estas entidades territoriales.
Mención especial hay que hacer acerca del nombramiento de Carlos Holmes Trujillo como nuevo Canciller de la República. Connotado burócrata público nacional e internacional al servicio del manzanillismo y la politiquería, quien, seguramente, tendrá como propósito, tratar de impedir las acciones de la ONU, de la comunidad internacional y de los países garantes del proceso de paz y de los organismos internacionales de justicia, frente a las exigencias del respeto y la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno del presidente Santos y la insurgencia armada. De igual manera, será también parte de su agenda, lavar la imagen a nivel internacional del gobierno Uribista de Duque frente a las modificaciones que pretende hacer al Acuerdo de Paz, e hincar la rodilla frente al imperio norteamericano facilitando su nefasta política de lucha contra el narcotráfico mediante la fumigación indiscriminada y la criminalización del campesinado cocalero colombiano.
De otro lado, a parte del espíritu corporativista que representa el actual gabinete, también hay que señalar que corresponde a un gabinete, en su mayoría, de egresados de dos importantes universidades bogotanas; e igualmente, que su gabinete hasta ahora no representan una composición territorial del país como lo prometió Iván Duque en la campaña electoral; pues casi todos los ministros son habitantes actuales de la metropolitana capital con residencias en el exclusivo norte bogotano de los barrios Rosales y Chico.
Por todo lo anterior, es preciso advertir que se avecinan tiempos de lucha social y de mejores conflictos, es necesario y urgente forjar una gran unidad de todos los sectores democráticos y progresistas para impedir que triunfe en el país el corporativismo como doctrina económica y política, y para que Colombia, pueda finalmente avanzar en el marco de un gran pacto nacional hacia un gobierno de transición democrática que garantice un futuro de mayor democracia.
