Por Katherine Aguirre Tobón / Razón Pública

Se dice que la delincuencia viene en aumento, pero los datos muestran una disminución generalizada. Los datos también muestran que hay regiones, hay tipos de delitos y hay motivos para ciertos rebrotes de criminalidad, que por supuesto exigirán medidas especializadas.

Percepciones sobre el posconflicto

Los meses posteriores a la firma de un acuerdo de paz son siempre tensos y difíciles. Y sin embargo son también cruciales para el éxito y sostenibilidad de la transición al posconflicto, puesto que son la primera prueba de fuego sobre el efecto pacificador de la tregua.

No es extraño que después de un largo conflicto armado el  país quede expuesto a nuevas manifestaciones de violencia. En Colombia, donde abundan las discusiones alimentadas por una creciente polarización, son muchos los que sostienen que la violencia y la criminalidad han aumentado.  Se asegura que el crimen organizado ha capturado regiones completas y que el terrorismo urbano viene en aumento.

Como también, desde la orilla opuesta, hay quienes le adjudican al acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC propiedades casi mágicas de reducción de la violencia.

La única manera de evaluar estos juicios apresurados es estudiar la información disponible. Los datos recabados por la Policía Nacional y Medicina Legal permiten analizar los cambios en los primeros meses de desarrollo del acuerdo de paz. Los resultados son claros: al comparar el primer semestre del 2017 con el del 2016, se observa que la mayoría de las formas de violencia se ha reducido en el territorio nacional.

Sin embargo, esta conclusión requiere un examen detallado, puesto que, por un lado, la violencia tiene diversas manifestaciones y estas varían significativamente entre las regiones y, por otro lado, existe un efecto diferenciado en las zonas que han sido históricamente afectadas por el conflicto.

Disminuyó la criminalidad

A raíz del acuerdo de paz, la tasa de homicidio en Colombia se ha reducido en un seis por ciento. Y otras formas de violencia directamente asociadas con los grupos armados han disminuido.

Hay impresionantes reducciones en el homicidio en departamentos como Córdoba, Huila, Magdalena y Tolima. Sin embargo, el homicidio aumentó en Arauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño y Putumayo.

Para diferenciar los municipios históricamente afectados por el conflicto, se tuvieron en cuenta los lugares que hacen parte de las circunscripciones especiales para la paz. Allí la mayor parte los delitos se ha reducido. Sin embargo, a diferencia de la tendencia general, los homicidios aumentaron en un quince por ciento durante el primer semestre del año, en comparación con el 2016.

Los departamentos con los municipios que más aportaron a este aumento fueron Caquetá, Chocó, Guaviare y Meta. Entre los treinta y seis municipios con un aumento de más de doscientos por ciento en los homicidios, veinte son lugares históricamente afectados por el conflicto. Esto pone en evidencia la fragilidad de los contextos donde ha acontecido la guerra.

En Caquetá, los homicidios han aumentado en un sesenta y siete por ciento si se comparan los dos primeros semestres del 2016 y del 2017. Municipios como El Paujil, San José del Fragua e incluso Florencia muestran aumentos de la violencia. Esto guarda relación con los ajustes de cuentas por disputas territoriales asociados con  el reacomodo de grupos criminales, así como con la presencia de grupos disidentes de las FARC.

Por su lado, Arauca es el corazón del conflicto que persiste con el ELN. En este departamento, en municipios como Saravena y Fortul, se han registrado los mayores aumentos de la criminalidad en el país. De igual modo, se han adjudicado al ELN asesinatos y desplazamientos en el Chocó (por ejemplo en el litoral de San Juan). En este departamento se reporta también la presencia de diferentes grupos de crimen organizado. Puntualmente, en municipios del Bajo Atrato, como Riosucio, se registran aumentos de la violencia por las disputas entre el Clan del Golfo y ELN.

Las bandas criminales que intentan ocupar los espacios dejados por las FARC generan altos niveles de violencia en todo el país, como ocurre en Nariño. Uno de los grupos que más se ha extendido en antiguos territorios de las FARC es el Clan del Golfo, con presencia en Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo. La Fundación Ideas para la Paz ha documentado detalladamente las transformaciones en el territorio de los grupos armados y las formas de violencia, o cual se manifiesta en estos los riesgos que experimentan las zonas con mayor fragilidad en el país.

Con un aumento en trece casos, el secuestro en el primer semestre del 2017 supera las cifras del año pasado en los municipios históricamente afectados por el conflicto, especialmente en Caquetá y Putumayo.

Una de las formas de violencia más temida en el contexto de posconflicto es la reincidencia en la guerra, ya sea por un fracaso de las negociaciones o por la existencia de fuertes disidencias.

Los informes del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) muestran como las muertes ocasionadas por el conflicto con las FARC se han reducido hasta casi desaparecer. Y por su parte Medicina Legal reporta una reducción cercana al ochocientos por ciento en los niveles de conflicto armado y “violencia social” entre el 2002 y el 2016.

Los grupos disientes, que usualmente existen en todos los procesos de paz, se relacionan con la persistencia de la violencia en territorios históricamente afectados por el conflicto. Esto es lo que ocurre en Guaviare y Meta, donde se reporta un aumento de homicidios.

El aumento de la violencia política, que tiene como blanco principal a los defensores de derechos humanos y líderes sociales, es uno de los mayores riesgos del conflicto. El aumento de este tipo de violencia se relaciona con una avanzada de grupos paramilitares y con las confrontaciones por los recursos naturales y territorios que se encuentran en disputa.

Entre los casos más nombrados está el aumento de la victimización de líderes de asociaciones ambientalistas. Una de las regiones donde se ha concentrado el riesgo es en el Norte del Cauca.

Hurto en aumento y violencia interpersonal a la baja

La sensación de inseguridad en el país es generalizada. Esto se refleja en el aumento de un tres por ciento en el número de hurtos, uno de los delitos que más afecta la percepción de inseguridad.

Usualmente se relaciona el aumento del crimen común con el flujo de población desmovilizada (y posiblemente desempleada) a los grandes centros urbanos. Sin embargo, es errado adjudicar este aumento a tal desplazamiento, porque los miembros de las FARC aún se encuentran concentrados en las zonas veredales.

Aun si se consideran las teorías que vinculan los aumentos de la violencia en el posconflicto con su normalización y con la presencia de excombatientes en centros urbanos, todas las formas de lesiones interpersonales se están reduciendo en el país.

Una visión más amplia

Este es un primer intento de análisis del cambio de la violencia después de la firma del acuerdo de paz.

Este ejercicio indica que los niveles de violencia se han reducido significativamente. El diagnóstico ofrece además evidencia contra las visiones fatalistas -y no fundamentadas- que declaran una agudización de la violencia luego de la tregua entre el Gobierno y las FARC.

Estudios más completos deben considerar el efecto del desescalamiento del conflicto en la reducción de los indicadores de violencia y las diferencias regionales. Así mismo, deberá aislar otros factores que puedan estar relacionados con la disminución de la violencia en el largo plazo.

Los homicidios en Colombia vienen reduciéndose desde el 2002, y esto hace necesario identificar cuál ha sido la consecuencia real de la terminación del conflicto con las FARC. Los efectos son distintos para las áreas rurales y urbanas. Esto plantea muchísimos campos de investigación que deben ser abordados en el futuro.

Existen otros riesgos de aumento de la violencia -como las disputas por la tierra-, relacionados con el retorno de desplazados e incluso de desmovilizados a sus lugares de origen. De igual modo, puede darse un incremento de formas extralegales de vigilancia y justicia, tales como los linchamientos y la limpieza social, relacionadas con la acción limitada del Estado y con la normalización de la violencia y los deseos de revancha. Por su parte, los aumentos de criminalidad en áreas urbanas pueden deberse a un proceso incompleto de desmovilización y desarme.

El reto consiste en determinar en qué medida esas varias formas de violencia están relacionadas o no con la existencia del conflicto y su terminación. La comprensión de este fenómeno y sus causas implica también estrategias diferenciadas de atención y protección de los ciudadanos.

El acuerdo de paz no es garantía de una reducción de la violencia y la criminalidad en el país. Sin embargo, las primeras evidencias demuestran que ha sido una estrategia efectiva para salvar vidas.