RESUMEN AGENCIAS /
Entre ellos figuran China, España y Qatar. Para la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, se trata del «acontecimiento político más significativo de los últimos 20 meses» en relación con la crisis de Medio Oriente.
Treinta países se reúnen en Bogotá para coordinar iniciativas contra la ocupación israelí de Palestina. A la conferencia de dos días, que comenzó este martes 15 de julio, asisten también China, España y Qatar, que se han comprometido a aplicar la resolución de la ONU que insta a los Estados miembros a poner fin a la ocupación antes de septiembre de 2025.
La reunión, cuyo anfitrión es el presidente colombiano Gustavo Petro, está promovida por el Grupo de La Haya, la red de países creada tras el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que declara ilegal la ocupación israelí de Palestina.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, al iniciar las deliberaciones de la conferencia, subrayó que este esfuerzo diplomático no se trata únicamente de la situación palestina, sino de una defensa de los principios fundamentales del orden internacional.
La conferencia cobra especial relevancia tras las sanciones impuestas por Washington a la alta funcionaria de la ONU, Francesca Albanese, relatora especial para los territorios ocupados, acusada por Washington de promover acciones de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos e Israel.
Qué sanciones son posibles contra Israel y cómo funcionan
Pero ¿qué pueden hacer concretamente estos 30 países? La sentencia del Tribunal ha creado obligaciones legales vinculantes para los 193 Estados miembros de la ONU: ningún país puede seguir proporcionando ayuda de ningún tipo para mantener la ocupación israelí de los territorios palestinos. Esto allana el camino para una serie de medidas concretas, empezando por un embargo total de armas, lo que significa bloquear la venta de armas, municiones, equipos militares e incluso componentes que puedan utilizarse en los territorios ocupados.
Países como España y Bélgica ya han empezado a suspender las licencias de exportación de armas a Israel, mientras que Holanda ha bloqueado la venta de componentes para los cazas F-35.
Otras medidas afectan a puertos y aeropuertos: los gobiernos pueden prohibir el atraque de barcos y el aterrizaje de aviones que transporten material militar con destino a Israel.
En el plano económico, los países se plantean bloquear el comercio con los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, prohibiendo la importación de productos como vino, fruta, cosméticos o tecnología procedentes de estas zonas consideradas ilegales por la legislación internacional. Irlanda ya ha anunciado que presentará una ley para prohibir los productos procedentes de los asentamientos, mientras que Francia estudia medidas similares.
Las medidas más drásticas incluyen sanciones individuales contra ministros y funcionarios israelíes responsables de la política de asentamientos, como la congelación de bienes personales y la prohibición de entrar en el país, pero también la suspensión de acuerdos de cooperación científica y académica con Israel. Brasil ya ha retirado a su embajador de Tel Aviv en señal de protesta.
Sin embargo, muchos países europeos dudan en tomar medidas duras para no poner en peligro las relaciones comerciales: Israel es un socio importante, especialmente en el sector tecnológico y de defensa, con intercambios comerciales por valor de miles de millones de euros. Alemania, por ejemplo, ha dejado claro que seguirá defendiendo el derecho de Israel a la seguridad a pesar de la sentencia judicial.
El Grupo de La Haya: la alianza que desafía a Israel
Precisamente para vencer esta resistencia y coordinar acciones, Sudáfrica y Colombia fundaron en enero de 2024 el Grupo de La Haya con el objetivo declarado de convertir las sentencias de los tribunales internacionales en acciones concretas en lugar de las habituales condenas verbales. El nombre procede de la ciudad donde tiene su sede la Corte Internacional de Justicia y, según sus promotores, representa la única iniciativa multilateral seria para aplicar las decisiones judiciales contra la ocupación israelí. El grupo ya había celebrado una conferencia menor en enero con nueve naciones para aplicar medidas temporales en el caso del genocidio.
En la actualidad, el grupo cuenta con miembros de muy distinto peso político y económico: desde China, segunda economía mundial que mantiene importantes relaciones comerciales con Israel, hasta Qatar que puede permitirse posiciones más firmes ya que mantiene escasos intercambios económicos con Tel Aviv y quiere consolidar su papel de mediador regional.
España tiene que equilibrar su posición con sus socios europeos y de la OTAN, mientras que Argelia, Brasil e Indonesia ven el caso palestino como un símbolo de la lucha contra el colonialismo. Esta heterogeneidad representa a la vez la fuerza y la debilidad del grupo: permite un peso diplomático global, pero hace complejas las decisiones sobre medidas drásticas.
La conferencia de Bogotá representa el intento más ambicioso del grupo de pasar de las palabras a los hechos, acordando un plan coordinado de sanciones que cada país pueda aplicar según sus posibilidades y limitaciones internas. La verdadera prueba será política: conseguir mantener unida una coalición tan diversa frente a la creciente presión de Estados Unidos, que considera la iniciativa contraproducente para las negociaciones de paz.
Las tensiones se han intensificado desde las sanciones norteamericanas contra Albanese, cuya presencia en Bogotá se ha convertido en un símbolo de resistencia a la presión de Washington.
