febrero 13, 2026 10:05 pm
Necesidad de una Comisión de Investigación nacional e internacional, transitoria e independiente para enfrentar criminalidad en Colombia

Necesidad de una Comisión de Investigación nacional e internacional, transitoria e independiente para enfrentar criminalidad en Colombia

POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN

Texto de la intervención en el acto especial de condecoración del Senado de la República a la Comisión de la Verdad (CEV) con la Orden del Congreso de la República en el grado de Comendador en la persona de su presidente, Francisco de Roux Rengifo, por su trabajo en el esclarecimiento de los graves hechos generadores de la violencia estructural que históricamente ha azotado a Colombia.

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Me corresponde el honor de llevar la palabra en esta ceremonia de entrega a la Comisión de la Verdad de la Orden del Congreso en el grado de Comendador, condecoración que el Senado de la República otorga a instituciones que hayan prestado notables y meritorios servicios a la Patria. En esta ocasión también reconocemos y honramos la dedicación y obra de su Presidente, padre Francisco de Roux y de los nueve comisionados que llegaron al final de la jornada: Alejandro Castillejo Cuéllar, Saúl Franco Agudelo, Carlos Martin Beristain, Lucía González Duque, Alejandra Miller Restrepo, Leyner Palacios Asprilla, Patricia Tobón Yagarí, Alejandro Valencia Villa, así como de los que fallecieron en el camino, Alfredo Molano Bravo y María Ángela Salazar Murillo. A través de los comisionados también reconocemos la labor de sus equipos con quienes asumieron la difícil y dolorosa tarea de recorrer las sendas de los millones de víctimas de crímenes que jamás, como sociedad, debimos permitir.

No le correspondía a la Comisión de la Verdad individualizar a los responsables, pero su trabajo permite desentrañar las causas y dinámicas de las violencias que nos embargan: la violencia física que tenemos a la vista en el sufrimiento de las víctimas, 9 millones de ellas y contando; la violencia estructural que aborda las violencias históricas del racismo, el patriarcado y el clasismo, traducidas en inveterada desigualdad, discriminación y exclusión que estos albergan; y la violencia simbólica que se materializa en la descalificación, la estigmatización y la deshumanización del otro diferente para cosificarlo, instrumentalizándolo y como enemigo.

Sus conclusiones y recomendaciones nos comprometen a desentrañar la responsabilidad colectiva que el filósofo judío alemán, Karl Jaspers, describió en memorables palabras frente a las emociones que sentía como sobreviviente del Holocausto:

«La culpa de Auschwitz no se limita a los asesinos. También es culpa del espectador silencioso, del espectador indiferente, del mudo indiferente. La culpa se comparte por igual entre todos los que no hacen todo lo que está en su poder para evitarla».

Dos hechos recientes indican lo lejos que está la sociedad colombiana de asumir y reconocer el holocausto propio de las seis décadas de conflicto armado y de la corrupción rampante que lo ha acompañado, como motor del narcotráfico y la violencia generalizada. Hace unas semanas, Salvatore Mancuso se presentó ante la JEP a contar algunas de sus verdades, la mayoría ya consignada en sentencias de Justicia y Paz con compulsa de copias a la Fiscalía que no avanzó en la investigación de las actuaciones de Brigadas del Ejército, importantes compañías estatales y privadas, comerciantes, empresarios, alcaldes, fiscales y variadas categorías de servidores públicos. Gravísimas y espeluznantes declaraciones que llegaron por conducto de los medios de comunicación a la sociedad toda. A pesar de ello, no se produjo la indignación colectiva debida frente a la enormidad de sus confesiones, como si los hechos asépticamente narrados no concernieran a todos y cada uno de los miembros del cuerpo social; cómo si no tuviéramos que reconocer nuestro pedazo de culpa con la que interpelaba Jaspers a la sociedad alemana de su tiempo.

Esta semana, tras cumplir su pena por concierto para delinquir y lavado de activos dentro del caso de megacorrupción de Odebrecht, el exsenador conocido como el ‘Ñoño’ Elías regresó a su pueblo natal y fue recibido como un héroe. Sobre esta exhibición de anomia cabe preguntarse ¿dónde encontrar nuestro Código de Honor de ciudadanos y ciudadanas y el sentido de pertenencia solidaria a una misma comunidad política?

Por ello quiero compartir con ustedes unas cortas reflexiones sobre la pertinencia en este contexto de tres de las juiciosas recomendaciones del Informe entregado hace ya un año y que todavía no ha penetrado en la elusiva alma colectiva de la Nación. Imposible hacer justicia al conjunto de recomendaciones que recogen las cerca de 10 mil propuestas contenidas en los testimonios de las víctimas, magistralmente sistematizadas en los nueve grandes desafíos de transformación con que concluye el Informe Final.

Me limito entonces a tocar brevemente la recomendación quinta “para superar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, judicializar los entramados de la criminalidad organizada y de la corrupción y mejorar el acceso a la justicia local; la octava sobre la construcción de una cultura de paz y la última que versa sobre el legado de la Comisión de la Verdad que debe cultivarse, divulgarse e interiorizarse en función de la no repetición. 

¿Qué habría que hacer? se interrogaba una víctima escuchada por la Comisión. Una ama de casa de Medellín, que continúa su reflexión diciendo: “Que esto no se vuelva a repetir, que se haga justicia, pues, y que vivamos. Sí, que se haga justicia -repite- y que haya más, que acaben con la impunidad, porque mientras haya tanta impunidad van a seguir ocurriendo esos hechos”.

En su recomendación, la Comisión llama al “reconocimiento de la importancia de la justicia como motor de confianza de la ciudadanía en el Estado y como elemento clave para combatir la impunidad”. Plantea el problema de la falta de independencia e imparcialidad en la aplicación de la justicia, que debe corregirse con reformas institucionales que van desde la modificación de la forma de elección del Fiscal General para rodearlo de mayor independencia y la investigación y judicialización de los aforados constitucionales (presidentes, congresistas, magistrados, entre otros) hasta la optimización de metodologías de investigación que superen el enfoque en casos aislados para abordar los fenómenos criminales en toda su complejidad y contexto y lograr así desmantelar las estructuras de la macro criminalidad.

La Comisión propone una fórmula audaz para enfrentar la criminalidad organizada y los aparatos ilegales de poder incrustados en las instituciones estatales consistente en la creación de una Comisión de Investigación mixta nacional e internacional, transitoria e independiente, que apoye el trabajo de la Fiscalía durante esta etapa de fortalecimiento de bandas multicrimen y criminalidad organizada transnacional. No ha sido de recibo por las altas cortes, pero sería una importante acción determinante en iniciar la lucha frontal contra la impunidad con independencia, credibilidad y autonomía, cuando no son pocos los casos de corrupción identificados en el aparato de justicia y son muchos los investigadores y jueces amenazados, asesinados y perseguidos por cumplir con su deber.

Pero más allá de la institucionalidad, la sociedad toda debe encontrar remedio en la promoción y consolidación de una cultura de paz a través de la participación y el diálogo. En esa dirección la Comisión se centra en la educación para la formación de sujetos capaces de vivir en paz. Para las generaciones adultas plantea campañas masivas en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios que promuevan el respeto por la diversidad, visibilicen la magnitud de los impactos del conflicto armado y que promuevan la superación las violencias estructurales del racismo, el patriarcado, la exclusión y la desigualdad.

Finalmente, la Comisión hace lo que interpreto como un angustioso llamado a preservar, divulgar y promover el legado de su juicioso trabajo y hacer que sus hallazgos se conviertan en memoria colectiva asumida por la sociedad como parte del reconocimiento de las víctimas y la prevención de las violaciones de derechos humanos. Este sencillo acto va en esa dirección. El Senado de la República destaca ante la sociedad el legado de la Comisión de la Verdad para que sea cuidado, respetado y reconocido como fuente de cambio individual y social. Hacemos nuestra su consigna: Reconocer y cambiar para no repetir.

Muchas gracias comisionados por su entrega y patriotismo. Tengan la seguridad que su labor y sacrificio no habrá sido en vano.

Senado de la República, Bogotá, D.C., 13 de julio de 2023.

@ClaraLopezObre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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