POR IVÁN CEPEDA CASTRO

En septiembre de 1994 se realizó un seminario sobre Michel Foucault en el Instituto Luis Carlos Galán para el Desarrollo de la Democracia, en desarrollo del cual el entonces activista de derechos humanos y hoy senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, presentó una interesante ponencia que traza una necesaria meditación sobre algo recurrente en Colombia: el crimen político. Dada la vigencia de la reflexión en torno de un fenómeno que sigue afectando a la sociedad colombiana del siglo XXI que busca encontrar la senda para concretar la “Paz Total”, reproducimos su texto a continuación.

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Mi propósito inicial era presentar en este seminario una aproximación historiográflca a los estudios que bajo la inspiración de la obra de Michel Foucault se realizan en Colombia desde hace dos décadas, basada en dos conceptos que he venido elaborando en los últimos años: las nociones de apropiación y de objetos inexistentes del pensamiento. Una intención, val­ga decirlo más bien académica, que expresa una preocupación personal por pensar determinados discursos filosóficos en nuestro contexto, y que corresponde además a una convic­ción a la que he llegado después de algunos años de trabajo en la filosofía universitaria; esto es, que sólo es posible pensar creativamente si se parte de nuestra sociedad y nuestra cultura abandonando la perniciosa tendencia a las especulaciones va­cuas y al bizantinismo.

Un hecho trágico de la vida del país, sin embargo, me ha impulsado a mo­dificar esa intención académica y en su lugar me ha llevado a presentar en este seminario una ponencia política, pues considero -y en esto respeto otros criterios y puntos de vista diferentes-que la vida académica del país está urgida por plantear cuestiones políti­cas como deber ético ante la condición de horror y sangre que constituye lo que Foucault llama nuestra actuali­dad. Y esto es más necesario aún en un seminario sobre las ideas del pensador francés.

Plantear cuestiones políticas era un interés permanente de Michel Foucault, y sin esa comprensión difí­cilmente se puede captar la profundi­dad crítica de su obra. Él entendía claramente la diferencia entre anali­zar políticamente un problema teóri­co y hacer política en la vida cotidia­na, y a pesar de ello, nunca rehuyó ni a una cosa ni a otra; su obra fue una congruente expresión conceptual de su rebeldía pública contra todos aque­llos micro y macro-poderes que suje­tan hoy a los individuos. Foucault no renunció, como lo han hecho muchos de los que se consideran sus seguido­res, a la lucha y a la resistencia espe­cífica pero transversal al lado de quie­nes padecen la sujeción en sus for­mas más extremas.

Dispositivo de muerte que produce la criminalidad política

Mi intención es, pues, plantear una cuestión política que atañe a nuestra actualidad: la realidad del crimen po­lítico, el hecho de que en la última década -para no ir más lejos- los co­lombianos hemos presenciado el ex­terminio físico de los líderes de oposi­ción, de los hombres y mujeres que desde diferentes posiciones lucharon por la democracia y la justicia; el hecho consumado de la destrucción de todo un movimiento político de izquierda, de varias generaciones de talentosos dirigentes públicos, y todo esto ante la más macabra impunidad y ante la amnesia colectiva.

No pienso hacerlo en términos de la denuncia; para ello están los numero­sos y bien documentados informes de los organismos no gubernamentales, de las entidades internacionales y de las propias instituciones del Estado, donde excepcionalmente existen fun­cionarios con el valor civil para plan­tear el tema. Basta sólo con lanzar una mirada al último informe de Amnistía Internacional o al documen­to dado a conocer por el Procurador de Derechos Humanos, para informarse ampliamente y en detalles de las des­apariciones, asesinatos, torturas y otros atropellos cometidos por miem­bros de la fuerza pública.

En lugar de esto, quisiera referirme al tema desde la pregunta por el dis­positivo, los discursos y las prácticas que posibilitan este fenómeno, y mos­trar aunque en forma superficial y breve, de qué manera este poder-muerte se realiza en el acto de derra­mar la sangre y al mismo tiempo, de borrar de la conciencia colectiva todo rastro que remita a la acción pública o a la resistencia. Quisiera, entonces, referirme a un dispositivo de muerte que opera en nuestro país y que com­prende múltiples instituciones, pro­cedimientos, discursos y prácticas; pero cuyos tres ejes fundamentales son las Fuerzas Militares, las entida­des de justicia y los medios masivos de comunicación, o en otros términos, un dispositivo de muerte que produce la criminalidad política y, al mismo tiempo, la impunidad y la amnesia que la hacen desaparecer: la cadena, crimen-impunidad-amnesia. Este dispositivo tiene su genealogía en fenómenos que no vienen al caso esclarecer ahora, y que han sido estu­diados en el campo de las ciencias sociales: violencia secular, conflicto armado, profundos desequilibrios eco­nómicos, desconocimiento de tradi­ciones culturales diferentes a la ofi­cial, patriarcalismo en las relaciones familiares, politiquería excluyente, fal­ta de canales para el ascenso social, imposición de modelos de desarrollo cultural, inexistencia de la sociedad civil y muchos otros factores. Más que esa pluralidad de causas sociales, me interesa el funcionamiento de ese dis­positivo de cuya facticidad y eficacia reales hablan las abultadas cifras del asesinato, la desaparición y tortura políticos y, de otro lado, los inexisten­tes datos de castigo para los autores materiales y, sobre todo, intelectuales de los hechos.

La producción del crimen político

«La Policía -dice Antonio Caballero-, es temida y temible en todas partes desde que la Policía existe, pero eso es así, porque los poderes establecidos no están interesados en moderar sus excesos, y mucho menos en castigar­los. Forma parte de una política gene­ral de amedrentamiento de la pobla­ción». (Semana, abril 20 de 1993).

La fuerza pública actúa para producir el amedrentamiento masivo de la población; su propósito universal, se­gún Caballero, es producir el terror, y esa condición no es obstruida sino más bien estimulada por los poderes sólidamente constituidos en la socie­dad. Esa función no se realiza en forma espontánea y caótica; su reali­zación se presenta en conjunción con determinadas prácticas y tecnologías. Veamos cómo expresa esta tesis el teniente coronel John Oseth del Ejér­cito de los Estados Unidos en la revis­ta Militory Review (nov.-dic. de 1984): «El término ‘conflicto de baja intensi­dad’ ha eludido una definición precisa desde que los analistas comenzaron a usarlo. En el lenguaje común, sin embargo, denota una gran variedad de actividades militares no conven­cionales o semi-rnilitares…».

En América Latina esta política ge­neral de amedrentamiento de la po­blación ha sido orientada desde la doctrina del conflicto de baja intensi­dad diseñada por el Pentágono norte­americano, cuyas secuelas más de­vastadoras conoció la opinión inter­nacional en las décadas de los años 70 y 80, en países como Argentina, Chile y Paraguay para citar algunos de los casos más destacados. Colombia no ha sido la excepción; como en todas las esferas de la vida social y cultural de nuestro país, aquí también un modelo foráneo fue adoptado en la organización institucional de las Fuer­zas Militares. El conjunto de activida­des militares no convencionales ha servido entre otras cosas como meca­nismo para el aniquilamiento de la oposición política y ha asumido la forma del dispositivo de muerte que menciono: un complejo de acciones y procedimientos que componen el me­canismo de la criminalidad política (no reconocida como tal).

En primer término, la designación del objeto de exterminio como enemi­go interno, nombre bajo el que son clasificados indistintamente todos los individuos, grupos, movimientos o partidos que ejercen la resistencia al sistema político; independientemente de si son organizaciones legales y públicas o de si practican la acción armada.

Este procedimiento permite a las Fuerzas Militares, por una parte, crear confusión en la opinión pública, pues a los ojos de ésta toda expresión de inconformidad aparece señalada como peligrosa para la normalidad pública y, además, posibilita que todas las expresiones de resistencia política sean equiparadas con los grupos delincuenciales que operan en la socie­dad.

En segundo lugar, se encuentra la denominada «guerra psicológica» de la cual son elementos esenciales la amenaza y el hostigamiento. Los efec­tos de estas acciones provienen no sólo del contenido, de la frecuencia y de la reiteración de la advertencia sino básicamente del anonimato de sus autores. El anonimato es uno de los componentes preponderantes de la guerra psicológica, pues cumple el objetivo de producir el terror y la desorientación. Al no tener la certeza acerca del origen del peligro, quien es amenazado queda sujeto a la inacción y a la indefensión. Esta «criminalidad sin rostro» de la guerra psicológica se manifiesta también en el encubrimien­to de la acción de hostigamiento a través de siglas de grupos inexisten­tes, o también, por medio de la incul­pación al narcotráfico de los hechos más comprometedores.

En tercera instancia, el llamado trabajo de inteligencia, que juega un papel importante en la labor de planificación del crimen y consiste funda­mentalmente en recopilar y procesar toda aquella información que permite determinar las circunstancias más propicias para la realización del aten­tado político. Esta labor conlleva una serie de operaciones de recolección de información (seguimiento, espionaje telefónico, soborno o coacción de los detenidos, etc.) y, además, la clasifi­cación y sistematización de los datos obtenidos.

En cuarto lugar, está la ejecución misma del atentado, que regularmen­te, mas no siempre, es efectuado por grupos o personas organizadas por el Ejército en las zonas en donde el con­flicto armado es más álgido. El atenta­do político nunca tiene un único fin; a través de su ejecución se busca la desaparición física de la víctima y a la vez la intimidación de sus colabora­dores políticos, de sus copartidarios y de líderes de otros partidos o movi­mientos afines. La elección del mo­mento del atentado es parte impor­tante en el proceso de su preparación; en determinados casos se presenta coincidiendo con otros hechos que ocultan o disminuyen el impacto y la resonancia del crimen; en otras oca­siones el asesinato político se efectúa acompañado de circunstancias que lo hacen resaltar (esto último ocurre especialmente cuando se persiguen efectos en sectores amplios de la po­blación; en el gobierno y en los parti­dos, con relación a un hecho determi­nado; la iniciación de un proceso de negociación al conflicto armado, por ejemplo).

Después de cometido el atentado, viene su primer proceso de encubri­miento, preparado por quienes han sido sus autores. Regularmente, ho­ras después del hecho, la fuerza pú­blica condena el crimen con vehe­mentes palabras, y recuerda su in­condicional adhesión y respeto a la Constitución. Parte de este procedimiento es también el trabajo que rea­lizan los mismos investigadores del caso (me refiero particularmente a los miembros de organismos de seguri­dad) y que consiste en ocasiones, en un primer momento, en la sindicación de los copartidarios del asesinado como principales sospechosos del delito. A esta maniobra encubridora se suma también la fabricación de falsas pistas y falsas pruebas, y, en ocasiones, cuando existe una exigen­cia nacional por el castigo de los cri­minales, se recurre a la detención y encarcelamiento de personas inocen­tes.

La producción de la impunidad

El dispositivo de muerte del que ven­go hablando no seria eficiente si no pudiera consolidarse el crimen a tra­vés de la impunidad. Para ello, ya los mismos autores del crimen preparan las condiciones para borrar, desviar y confundir cualquier intento de locali­zar, aprehender y castigar a quienes han planificado y perpetrado el asesi­nato. La impunidad en cierta forma, hace parte del plan del crimen, y desde el momento de su ejecución se la concibe.

En las instancias jurídicas se conso­lida la impunidad y ello en muchas oportunidades, no por falta de volun­tad de los jueces. En este estamento encontramos que la impunidad es producida por los siguientes factores: las limitaciones en los recursos humanos y técnicos, así como la ineficiencia logística, repercuten grave­mente en los procesos de ejecución de la justicia. Las consecuencias más graves de estas limitaciones son la lentitud con que operan los procesos judiciales, la desconexión y aislamien­to en que se mantienen sus diversas instancias y el desorden en que se conserva, procesa y conduce la In­formación probatoria. Estos fenóme­nos se suman a la acción que produce la impunidad y contribuye en gran medida a la consolidación de ésta.

Esta ineficiencia técnica produce a la vez el carácter nominal y simbóli­co de la jurisprudencia en nuestro caso: «En cuanto más elevado es el nivel de institucionalización de la fun­ción jurídica, menor tiende a ser el espacio retórico del discurso jurídico y viceversa; cuanto más poderosos son los instrumentos de coerción al servicio de la producción jurídica, mayor tiende a ser el espacio retórico del discurso jurídico» (De Sousa San­tos, citado en La eficacia simbólica del derecho). Como lo explica Mauricio García, el poder simbólico del derecho sacia las expectativas de justicia de los ciudadanos al enunciar formal­mente sus derechos y, por otra parte, mantiene en la práctica la situación de injusticia frente al atropello de los mismos, y en este caso concreto, la impunidad frente al crimen político. El carácter nominal de la legalidad produce la ineficiencia de la justicia en términos prácticos.

Al lado de estos dos mecanismos de producción de la Impunidad, se encuentra el hecho de que la legitimi­dad del Estado colombiano aún no se fundamenta en la defensa y promo­ción de los Derechos Humanos. En ese sentido, el Estado y su Rama Judicial privilegian en última instan­cia el interés y las pretensiones de sectores privados y contribuyen con ello a la profundización de la ilegali­dad.

La producción de la amnesia colectiva

Con la consolidación de la impuni­dad, producto de la acción planificada de los autores que son al mismo tiem­po investigadores del crimen político, y la ineficacia técnica y el carácter nominal-simbólico de la Justicia; co­mienza a consolidarse el último nivel del dispositivo de muerte: la produc­ción sistemática de la amnesia colec­tiva. Podemos señalar que la produc­ción de la amnesia es una forma de subjetividad en términos foucaultianos, de producir individuos sujetos a su ausencia total de recuerdo y de memoria. En tal procedimiento cuen­ta de manera significativa la acción o la omisión, entre otras, de los medios masivos de comunicación.

En primer lugar se encuentra la fabricación de la noticia y de la Infor­mación pública. Algunos medios, los más poderosos e influyentes, en espe­cial, no sólo deforman un suceso, sino que lo suplantan. Las noticias se con­vierten en el acontecimiento. En este sentido, la función de esos medios es decisiva en el proceso de olvido gene­ralizado de la criminalidad política; ellos constituyen a su modo otra face­ta de la ya mencionada guerra psico­lógica. Por una parte, incitan a la violencia aduciendo razones, juicios y explicaciones para una posible acción contra un personaje o un grupo de ciudadanos, y, por otra, justifican soterradamente con aparatosas argu­mentaciones los crímenes ya cometi­dos. Al incitar y justificar estos actos, la fabricación de la noticia borra de la memoria general el repudio y el rechazo que generan los magnicidios políticos.

También el silenciamiento y ocultamiento de la noticia contribuyen decisivamente al olvido del horror. Para ello se recurre en ocasiones al desplazamiento de los hechos de sig­nificación política por noticias trivia­les y escándalos ficticios. El silenciamiento de la realidad o su encubri­miento genera una imagen distorsio­nada del mundo, pero además, y esto es lo más importante, un sentido de inexistencia y de irrealidad de los acontecimientos. La producción in­formativa o desinformativa de la am­nesia se suma a una amnesia cultural acumulada, producto de la ausencia de tradiciones y de la falta de cultivo de las pocas existentes.

Por último, existe la presentación estandarizada del hecho mismo. A la luz de la narración homogenizadora y repetitiva los hechos se tornan todos idénticos y desaparece lo específico de su acontecimiento. Todos los críme­nes son iguales, y en tanto se repiten sin identidad ni diferencia, producen siempre las mismas reacciones. La misma actitud natural que normaliza y permite la aceptación pasiva del suceso siniestro. La repetición homo­génea del hecho genera a su turno la reacción amnésica del espectador.

En resumen, la producción del crimen político, la correspondiente consolidación de la impunidad, y final­mente, el olvido general del aconteci­miento trágico, constituyen el dispo­sitivo de muerte que ha derramado la sangre de miles de colombianos hasta hoy. A los mecanismos panópticos de la sociedad disciplinaria descritos con agudeza por Foucault, en nuestro contexto se añade esta maquinaria de muerte que no desea disciplinar al individuo o atarlo a una Identidad contra su propia voluntad, sino que quiere destruir a quienes se oponen y resisten a esos poderes sujetadores.

«Lo malo es que en Colombia -dice Antonio Caballero- el juego ritual no remplaza a la realidad de la sangre derramada, sino que se agrega a ella. Tenemos las dos cosas a la vez: los sacrificios humanos y el ritual simbó­lico del sacrificio, y eso nos cuesta el doble». (Semana, agosto 25 de 1992).

Contra ese dispositivo de muerte sólo puede oponerse la resistencia al poder de la que hablaba Michel Foucault, el decir la verdad pública­mente como forma de lucha específica contra el panoptismo. A esa tarea y a ese fin consagró su vida Manuel Cepeda Vargas, a quien dedico este modes­to esfuerzo contra el crimen, la impu­nidad y el olvido.

@IvanCepedaCast