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De la comisión de seguimiento que se integrará por parte de sectores que hacen parte del Pacto Histórico para recuperar la Alcaldía de Santa Marta en cabeza del dirigente Jorge Agudelo Apreza, hará parte la senadora Clara López Obregón, quien tiene amplios nexos familiares, sociales y políticos con el departamento del Magdalena.
La congresista López Obregón acompañó al presidente del partido Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo Omar, a una reunión con dirigentes del progresismo empeñados en que se respete la voluntad popular de la ciudadanía samaria que mayoritariamente eligió en los comicios del pasado 29 de octubre a Agudelo Apreza como su burgomaestre. Sin embargo las maniobras de los clanes politiqueros del Magdalena quieren desconocer el resultado en las urnas.
Los integrantes de esta comisión de seguimiento que se reunieron en el Capitolio Nacional anunciaron que los sectores que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico continuarán denodadamente la lucha en los estrados judiciales para recuperar la Alcaldía de Santa Marta que ganó Fuerza Ciudadana con su candidato Agudelo Apreza.
Las acciones legales se interpondrán tanto en el ámbito nacional como internacional contra la ilegítima usurpación de la Alcaldía de la capital del Magdalena.
En efecto, los sectores que integran el Pacto Histórico coadyuvarán las acciones internacionales que desde el partido Fuerza Ciudadana se instauren ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C, concretamente, una medida cautelar que remedie el daño causado por la Comisión Escrutadora Municipal.
Igualmente, anunciaron que notificarán a la Fiscalía, Registraduría y entes de control, respecto de lo acontecido con la elección de Agudelo, “alertando el riesgo que corre la democracia para todos los sectores del progresismo y de izquierda”.
“Principalmente, que la Corte Constitucional revise la decisión del Tribunal que ha generado esta situación, la demanda de nulidad adelantada ante el Tribunal Administrativo de Santa Marta para que suspenda los efectos de la credencial del ilegítimo alcalde; y acudir a los mecanismos de protección de derechos por vía transitoria que pueda conceder la CIDH”, se expresa en un comunicado.
