¿QUEQUÉ? /

Mientras el presidente estadounidense Joe Biden halaga públicamente los “avances democráticos” del gobierno de Nicolás Maduro, la derecha venezolana y sus corifeos en Latinoamérica sienten que Caracas sigue avanzando en su intento por mermar el impacto brutal de las sanciones político-económicas (más de 950) impuestas por Washington que afectan en grado superlativo al pueblo del Libertador Simón Bolívar.

«Su libertad es un símbolo de la victoria de la diplomacia bolivariana de paz y de las miles de manifestaciones de solidaridad expresadas desde todos los rincones del mundo». Con esas palabras, el Gobierno de Venezuela confirmaba el pasado miércoles 20 de diciembre la liberación del empresario colombiano Alex Saab, a quien a menudo los sectores de oposición y de la ultraderecha latinoamericana lo describen como el “testaferro” de Nicolás Maduro, quien se encontraba detenido desde el año 2000 en Estados Unidos por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Para Venezuela, la detención de Saab fue ilegal y durante la misma ha sufrido «tratos crueles, inhumanos y degradantes», ya que el empresario fue detenido, sostienen, por razones políticas. El ejecutivo ha aprovechado para reivindicar asimismo desde Caracas el fin del bloqueo de EE.UU. contra el pueblo venezolano.

La contrapartida para Estados Unidos ha sido la liberación de diez ciudadanos americanos presos en Venezuela, gesto que anunció horas antes el propio presidente Joe Biden junto a la del empresario y contratista malasio Leonard Francis, acusado de sobornar a varios militares de la Marina a cambio de archivos oficiales y secretos militares.

Biden ha sellado el acuerdo con Venezuela halagando públicamente los “avances en materia democrática” impulsados por el Gobierno de Maduro y que ya facilitaron en octubre el levantamiento temporal de ciertas sanciones de Washington en lo que se considera el descongelamiento “progresivo” de las relaciones entre ambos Estados.

El pasado mes de octubre, el gobierno estadounidense anunció la flexibilización limitada y temporal de 4 sanciones impuestas a la industria petrolera, gasífera y minera de Venezuela, todo ello en el marco de la crisis energética internacional provocada por el escenario ucraniano y las sanciones a Rusia en 2022, que convierten a Venezuela en un socio estratégico fundamental para la adquisición de crudo.

Este intercambio de presos y sobre todo, la rebaja en las hostilidades de Washington sobre el Gobierno de Maduro no han sentado nada bien entre los opositores venezolanos, que han mostrado su descontento y su desconocimiento de cualquier tipo de acuerdo entre ambos gobiernos, que les han mantenido al margen de estas negociaciones.