EDITORIAL TSC /

Más allá del escándalo que sacude a la Argentina y que ha repercutido como es obvio internacionalmente por la “cripto-estafa” del presidente “libertario”, Javier Milei, lo ocurrido debe servir de espejo a las sociedades latinoamericanas, cuyas clases dominantes y decadentes buscan reconquistar el poder presidencial en aquellos países que lo han perdido para volver a sus andanzas: utilizar el Estado como botín, como tradicionalmente lo han hecho, para acrecentar de manera desmedida sus arcas y satisfacer así sus mezquinos intereses.

El ‘criptogate’ argentino debe servir particularmente de alarma a Colombia que el próximo año irá a elecciones parlamentarias y presidenciales para reflexionar sobre el peligro que constituye que sectores reaccionarios ultraconservadores que tienen a Milei como paradigma a seguir logren espacios importantes de poder tanto en el ejecutivo como en el legislativo para que vuelvan por sus fueros, como ocurrió en los gobiernos uribistas de ingrata recordación.

Y es que los adeptos del actual inquilino de la Casa Rosada siguen a pie juntillas su dogma “anarcocapitalista” según el cual el Estado debe servir de mecanismo para favorecer exclusivamente al gran capital en detrimento de los derechos sociales de la población. En ese contexto la sociedad colombiana ha sido víctima de las medidas antisociales promovidas desde que en los años 90 del siglo pasado se impuso el Consenso de Washington que tuvo más de Washington que de consenso en virtud del cual se adoptó el malhadado modelo económico neoliberal, sustentado en expoliar el Estado vía la privatización de importantes activos públicos y la adopción de una legislación enfocada a favorecer a los dueños de los grandes capitales tanto nacionales e internacionales, ocasionando índices obscenos de concentración económica en detrimento de los derechos y las garantías sociales.

A un año de la campaña electoral ya se puede observar que los codiciosos grupos económicos colombianos impulsan a través de sus empresas operadoras mediáticas y con profusa financiación candidaturas presidenciales que propenden instalar el modelo de Milei para profundizar el esquema económico neoliberal.

Solo es ver las movidas del Grupo Gilinski que desde ahora promueve la aspiración presidencial de la exdirectora de su publicación semanal que desde que la adquirió se convirtió en boletín de la ultraderecha, propalando ‘fake news’ y de manera malintencionada, sin ética alguna, manipulando toda información sobre el desarrollo del Gobierno progresista del presidente Gustavo Petro.

No es coincidente que la candidata que financian los Gilinski tenga los mismos asesores del cuestionado mandatario argentino, cuya concepción política es instaurar un capitalismo de garito, donde lo que cuentan son las “grandes inversiones” y los negociados que se pueden hacer a partir del aprovechamiento del Estado.

De manera similar, una precandidata del uribista Centro Democrático desde que irrumpió Milei en la arena político-electoral argentina, adoptó su relato anunciando que aspira a implementar medidas de corte anarcocapitalista en 2026 cuando el ultra conservadurismo con tintes fascistas supuestamente recupere el poder presidencial en Colombia.

Lo que no contaban estos sectores políticos ultra, financiados por grupos económicos como Gilinski y Sarmiento Angulo, procesados penalmente por haber incurrido en graves delitos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, es que con la estafa en la que incurrió Milei su relato, su narrativa, quedó sin ningún sustento, además que ahora deben enfrentar el derrumbe de su referente ideológico.

Es preciso decirlo con contundencia: estas “opciones” políticas de la ultraderecha no solo persiguen frenar los esfuerzos de cambio impulsados con dificultad por el Gobierno Petro sino que buscan, como está ocurriendo en Argentina o en Ecuador con el magnate bananero Daniel Noboa, secuestrar el Estado para su exclusivo beneficio, esclavizando y marginando a las mayorías nacionales para acrecentar vía expolio sus oscuras fortunas.