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“Mucha esperanza se respira tras el nuevo Pacto por la Tierra y la Vida liderado por el presidente Gustavo Petro”, expresó la senadora Clara López Obregón este sábado 22 de febrero desde la población tolimense de Chicoral, donde “hace 53 años se acordó entre congresistas de los partidos tradicionales modificar la Ley 135 de 1961 y frenar la titulación de tierras”.
“Hoy la historia se transforma”, agregó la congresista por cuanto un Gobierno involucrado con el campesinado y el sector rural se compromete con una reforma agraria integral, democrática y popular.
La senadora López Obregón junto a varios de sus colegas congresistas de la coalición del Pacto Histórico y altos funcionarios del Gobierno nacional acompañaron al presidente Petro a la suscripción del Pacto por la Tierra y la Vida, un acuerdo que busca transformar el campo colombiano y avanzar hacia la paz con justicia social.
Con tal propósito el Ministerio de Agricultura organizó una jornada de actividades que se realizó entre el viernes 21 y el sábado 22 de febrero, con el objetivo de revertir los nocivos efectos del denominado Pacto de Chicoral de 1972, que profundizó la crisis agraria del país.
En esta jornada participaron más de 4.000 campesinos y miembros de comunidades étnicas, especialmente del departamento del Tolima.
La ofensiva de las élites contra la reforma agraria
Hace más de medio siglo, el 9 de enero de 1972, las élites económicas y las cúpulas de los partidos políticos tradicionales se reunieron en el municipio de Chicoral, en un cónclave de tinte oligárquico promovido por el Gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero “e iniciaron la masacre contra el movimiento campesino y a favor de la gran propiedad de la tierra, y de las mafias”, como lo señaló el presidente Petro.
El Pacto de Chicoral está instalado en la historia del movimiento campesino como el referente de la ofensiva de la oligarquía colombiana para impedir el avance de la reforma agraria, por cuanto en virtud de lo acordado en ese entonces se frenó el proceso de titulación de tierras condenando a las comunidades rurales a la pauperización de sus condiciones de vida. Ello, no solo significó la traición del Estado a la población campesina, sino que profundizó la brecha de desigualdad y perpetuó las injusticias estructurales que siguen afectando al sector rural.
Ese acuerdo de las cúpulas elitistas y de los terratenientes del país instauró también la violencia como herramienta para reprimir las luchas del movimiento campesino. La respuesta del Estado ante la legítima exigencia de acceso a la tierra fueron detenciones masivas y asesinatos selectivos. La represión limitó gravemente las opciones de resistencia para el campesinado, que se vio forzado a defender su vida frente a un Estado que los consideraba enemigo.
Por un nuevo Pacto de Chicoral
Para revertir el histórico daño a los campesinos de Colombia, el Gobierno del presidente Petro consideró necesario impulsar un nuevo Pacto de Chicoral, esta vez por la Tierra, la Vida y la Paz.
El primer mandatario hizo énfasis al llegar este sábado 22 de febrero a Chicoral en cristalizar la consigna de la Revolución mexicana: “La tierra para el que la trabaja”, señalando además que “hoy hay 1.500.000 campesinos solicitantes de tierra”.
Al expresar que con este nuevo Pacto se comienza “la gran movilización nacional campesina por la reforma agraria”, explicó que la misma prevé redistribución de tierras, democracia y transformación del campo.
Durante la jornada de dos días en la población de Chicoral, el Gobierno nacional junto con campesinos, indígenas, palenqueros, afrodescendientes, raizales, abordaron estrategias para enfrentar el hambre, la crisis climática, el fomento agropecuario y fortalecer el compromiso con la paz. Otros puntos centrales del Pacto incluyen la recuperación de suelos, la protección del agua, la reorganización de las instituciones agrarias y la modernización del modelo productivo rural.
El nuevo Pacto de Chicoral, que servirá como hoja de ruta para la reforma agraria integral en el país, busca un modelo sostenible que garantice el bienestar del campo colombiano y contribuya a la paz con justicia social.
