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“Los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la configuración de una transición justa de la fuerza laboral, no solo como garantes de los derechos adquiridos, sino como actores estratégicos en la construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible”, manifestó la senadora Clara López Obregón durante su intervención en el Taller Internacional sobre Soberanía Energética en Colombia, que se realizó en Bogotá entre el 9 y 10 de mayo, organizado por la Internacional Progresista y la Unión Sindical Obrera (USO).

El propósito de este taller auspiciado por la Internacional Progresista de cuyo consejo directivo hace parte la congresista López Obregón es el de contribuir a construir una propuesta de transición energética para Colombia liderada por la USO con la participación de diversos sectores sociales, populares e institucionales.

Se trata de generar unos insumos para la concreción de un documento que proponga un camino público a la transición energética justa a partir de una visión estratégica en la que el empleo y los trabajadores ocupen un rol protagónico, explicaron tanto David Adler, coordinador de la Internacional Progresista como César Loza, presidente de la USO.

Papel protagónico y anticipatorio

La congresista López Obregón en desarrollo de su intervención señaló que la transición energética “hacia una economía baja en carbono representa una transformación estructural del sistema productivo global y nacional, con implicaciones profundas para el empleo, la equidad y el bienestar social”.

Dijo que en este inédito proceso “los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la configuración de una transición justa de la fuerza laboral, no solo como garantes de los derechos adquiridos, sino como actores estratégicos en la construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible”.

“En contextos como el colombiano -agregó-, donde coexisten altos niveles de informalidad, precarización del empleo y vulnerabilidades territoriales, el sindicalismo cobra una renovada centralidad. Su rol va más allá de la negociación de condiciones laborales: los sindicatos deben liderar procesos de planeación participativa, vigilancia ciudadana, defensa del trabajo decente y articulación de propuestas que garanticen justicia distributiva”.

Planteó que la Unión Sindical Obrera (USO), “como organización histórica del sector de hidrocarburos, debe tener un papel protagónico y anticipatorio ante los escenarios de reconversión que afectarán directa e indirectamente a miles de trabajadores en zonas petroleras del país. Su experiencia organizativa, su capacidad de movilización y su conocimiento técnico del sector son activos irremplazables en la construcción de políticas públicas orientadas a una transición energética con justicia social”.

Todos los trabajos tienen “potencial verde”

La congresista explicó que una premisa clave para tener en cuenta en un proceso de transición es que “todos los empleos pueden reverdecerse”, lo que “implica transformar procesos, tecnologías y habilidades con el fin de reducir presiones sobre el capital natural y mejorar las condiciones de trabajo. No se trata solo de sustituir empleos ‘marrones’ por ‘verdes’, sino de acompañar una reconversión productiva amplia, justa y contextualizada”.

“Actividades como la refinación de petróleo, la generación termoeléctrica o la explotación minera, que tradicionalmente han sostenido altos niveles de empleo, deben transformarse mediante rutas progresivas que integren eficiencia energética, rediseño de productos, adopción de tecnologías limpias, electrificación de procesos, economía circular y nuevas formas de gestión ambiental”, precisó.

Escenario geopolítico

La agenda de transición energética justa que exige está imbuida dentro de un contexto geopolítico actual que está en plena ebullición, precisó la congresista.

“Mientras América Latina avanza con dificultad hacia una transformación productiva sostenible, las potencias globales atraviesan reacomodamientos estratégicos que condicionan los flujos de inversión, la política climática y la seguridad energética”.

Explicó que el presidente Donald Trump ha protocolizado la crisis del modelo neoliberal liderado por Estados Unidos desde la caída del socialismo real en 1989, al tiempo que intenta contener el declive relativo de la hegemonía estadounidense frente al ascenso de China y el bloque BRICS.

“Hoy, Estados Unidos produce el 28 % del PIB mundial y crece al 2 % anual, mientras que los BRICS aportan el 35 % y más que duplican esa tasa. En este marco, medidas como la retirada del Acuerdo de París, el incentivo a la explotación indiscriminada de crudo y la negación del cambio climático, generan un retroceso en los compromisos globales para la descarbonización”, precisó.

La congresista añadió que “aunque el abaratamiento del petróleo podría reducir la presión sobre la explotación más contaminante, también desincentiva las inversiones necesarias en tecnologías limpias. Pretender que el mundo puede seguir haciendo lo mismo es no solo insostenible, sino éticamente inaceptable. La soberanía energética, en este contexto, debe construirse desde los territorios y con protagonismo social”.

Llamados a la acción

Ante el complejo panorama por el que se busca avanzar en una transición energética justa, la senadora López Obregón planteó la necesidad de tener en cuenta varios elementos que permitan pasar del diagnóstico a la acción.

En primer término, dijo que el diálogo social debe ser el mecanismo estructurante de toda política de transición justa en Colombia. “Esto implica fortalecer las capacidades de negociación colectiva, los espacios tripartitos y los mecanismos de consulta territorial vinculante”.

Aseguró que “todos los empleos tienen potencial de reverdecerse si se incorporan principios de sostenibilidad en los procesos productivos. La transición no debe ser un cambio de sector, sino una transformación de cómo se trabaja y produce”.

Dijo que se requiere “una política de reconversión laboral integral, con liderazgo del SENA, articulación con el Servicio Público de Empleo y enfoque territorial. Las rutas deben incluir: catastro de perfiles, certificación de competencias, formación modular, formación dual, Unidades Vocacionales de aprendizaje en las empresas, acompañamiento psicosocial y mecanismos de renta transitoria”.

Planteó que “las directrices de la OIT deben ser la referencia obligada para el diseño de planes de transición laboral. Esto incluye garantizar trabajo decente, protección social, equidad de género y participación efectiva de las y los trabajadores”.

También propuso que “Colombia debe adoptar un CONPES de Transición Justa como política de Estado, articulado con la Estrategia Climática 2050, la política de Crecimiento Verde y los planes de desarrollo territorial”.

Es urgente, dijo, “crear un Fondo Nacional para la Transición Laboral Justa que movilice recursos del sistema de regalías, la cooperación internacional y el presupuesto nacional, para financiar reconversiones, formación y protección social de los trabajadores”.

Coligió que “la transición justa es una oportunidad histórica para redefinir el modelo laboral y productivo del país. Pero solo será posible si se construye desde abajo, con las y los trabajadores como protagonistas activos del cambio”.