POR ESTEBAN CRUZ RODRÍGUEZ*
En los próximos días, el Congreso de la República elegirá a un nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Aunque se trata de un procedimiento institucional, esta decisión encierra profundas implicaciones políticas. En contextos polarizados como el actual, vale la pena volver a las advertencias que hizo el jurista neozelandés Jeremy Waldron sobre el control fuerte de constitucionalidad y sus efectos en democracias con pluralismo moral intenso.
Waldron advirtió que cuando existen instituciones legislativas representativas que funcionan razonablemente bien, entregar a tribunales no electos la última palabra sobre los derechos puede debilitar el diálogo democrático. Esto es especialmente relevante en momentos donde ciertas mayorías políticas –como las agrupadas en torno a movimientos autodenominados “provida” en el Congreso colombiano– consideran que su agenda es bloqueada sistemáticamente por las decisiones de la Corte.
Cuando la Corte Constitucional invalida leyes aprobadas por esas mayorías, no sólo genera tensiones institucionales: también alimenta una narrativa de victimización que puede fortalecer a sectores radicales. Se sienten excluidos del juego democrático y encuentran en los tribunales no electos un blanco perfecto para su frustración.
La izquierda debe analizar con cuidado este panorama. Defender los derechos fundamentales no puede ser excusa para desconectarse de los procesos representativos ni para asumir que toda decisión contraria al progresismo es antidemocrática.
La Corte es un actor clave, sí, pero su legitimidad depende de que no se vea como un obstáculo sistemático a la deliberación política. Si no se reconoce esta tensión, se corre el riesgo de profundizar la brecha entre democracia y justicia constitucional, justo cuando más se necesita fortalecerlas en conjunto.
*Abogado, asesor legislativo.
