POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Ministro del Interior denuncia violación al debido proceso en la votación del 14 de mayo sobre la Consulta Popular.

El pasado 14 de mayo, durante la plenaria del Senado de la República, se configuró uno de los episodios más graves de afectación a la democracia participativa en Colombia. Lo que a simple vista puede parecer un descuido técnico la omisión de la lectura de una proposición antes de ser votada se ha convertido, según la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en una flagrante violación del debido proceso legislativo y un atentado contra la soberanía popular.

Una omisión que no es menor

La Ley 5 de 1992, reglamento interno del Congreso, establece en su artículo 125 que toda proposición debe ser leída antes de ser sometida a votación. Este requisito no es un capricho ni una fórmula de protocolo: garantiza que lo que se vota sea plenamente conocido, discutido y comprendido. No cumplir con este procedimiento despoja de legitimidad cualquier decisión adoptada. Así ocurrió con la Consulta Popular sobre la reforma laboral presentada por el presidente Gustavo Petro: fue votada sin que se leyera su proposición, dejando en el aire la pregunta esencial de cualquier deliberación democrática: ¿qué se estaba votando?

El reglamento violado y la decisión nula

Cuando el procedimiento se vulnera, la consecuencia jurídica es directa: la votación puede ser considerada nula. Lo que no se decide conforme a las reglas del juego democrático no puede tener efectos vinculantes. El Senado no solo actuó fuera del marco legal, sino que luego guardó silencio durante los treinta días reglamentarios que tenía para pronunciarse formalmente. Ese silencio, sumado al vicio de procedimiento, mantiene viva la Consulta Popular en términos jurídicos y abre la puerta para que el Ejecutivo actúe.

El fondo del conflicto: ¿quién tiene la última palabra?

Este no es un simple pleito procedimental. Es la manifestación de una disputa de fondo entre el poder constituido el Congreso y el poder constituyente el pueblo. Mientras el primero maniobra para evitar una decisión popular, el segundo exige ser escuchado.

En ese escenario, el Presidente de la República no solo puede, sino que debe, cumplir su rol de garante de los mecanismos de participación. Como lo expresó Benedetti, si el Senado no corrige su error, el Gobierno convocará directamente la consulta popular por decreto, en defensa del derecho del pueblo a decidir sobre los asuntos que le conciernen.

Democracia bloqueada: el miedo a la ciudadanía

Este episodio evidencia una patología profunda del sistema político colombiano: el miedo de las oligarquías políticas a la democracia directa. La Consulta Popular, lejos de ser una amenaza, es una herramienta legítima para resolver los grandes dilemas sociales cuando el legislativo se bloquea. Sin embargo, se recurre a formalismos vacíos y trampas procedimentales para aplazar lo inevitable: que sea el pueblo quien decida.

No es una novedad que, cuando se trata de avanzar en derechos laborales o de modificar estructuras injustas, los sectores dominantes cierran filas y utilizan el procedimiento como escudo. Pero esta vez, el Ejecutivo ha decidido no ceder ante esa lógica conservadora. El mensaje es claro: si el Congreso le cierra la puerta al pueblo, el Gobierno abrirá la ventana de la participación.

El desafío histórico

La decisión que se avecina convocar o no la Consulta Popular no es solo un asunto jurídico. Es un desafío histórico. Lo que está en juego es el tipo de democracia que queremos construir: una donde los ciudadanos sean protagonistas o una donde las decisiones se tomen a espaldas del interés popular. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado tendrán la última palabra sobre la validez del procedimiento. Pero el juicio más importante será el de la ciudadanía y la historia.

El Ministro del Interior no solo denunció una irregularidad. Denunció el intento de cancelar el derecho a decidir. Lo que el Congreso debe hacer ahora es enmendar su error y permitir que se vote en condiciones legales y transparentes. De lo contrario, que sea el pueblo quien, a través de las urnas, recupere su voz y su dignidad.

El presidente Gustavo Petro ratificó la posición del Gobierno nacional de convocar la Consulta Popular por medio de un decreto, en caso de que el Senado de la República no se pronuncie al respecto antes del 1 de junio. El ministro Benedetti, dio a conocer el plazo que tendrían los congresistas para dar a conocer su decisión sobre la iniciativa.

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, aclaró el titular de la cartera del Interior ante los medios.