POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Un hombre habló. José Leonardo Dorado Gaviria, sargento retirado del Ejército colombiano, compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y confesó lo impensable, aunque largamente sospechado. En un país habituado a los silencios impunes, sus palabras irrumpieron como un eco tardío de las víctimas, una verdad largamente negada: el asesinato sistemático de dirigentes políticos, militantes de izquierda, defensores de derechos humanos y líderes sociales fue una política de Estado.

No es solo una revelación, es una confirmación. Lo que Dorado narró con nombres propios, placas de vehículos, sitios de tortura y estructuras militares, constituye una pieza más del rompecabezas del terror. Asegura que el general Iván Ramírez Quintero ya condenado por otros delitos fue el cerebro de esta operación de exterminio, ejecutada por un aparato clandestino incrustado en la inteligencia militar. Entre los asesinados figuran Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica (UP); el abogado Eduardo Umaña Mendoza; la militante Nidia Érica Bautista; el militante comunista Pedro Movilla, y muchos otros. No murieron por azar: fueron elegidos blancos, rastreados, vigilados, torturados y ejecutados con sevicia.

 

De la confesión al sistema: el plan para matar la esperanza

Lo grave no es solo la magnitud del horror, sino su sistematicidad. No fueron excesos, no fueron manzanas podridas, no fueron errores operacionales. Fue un plan. Lo dijo Dorado sin ambages: “La orden era matarlos a todos”.

La Brigada XX, el Batallón de Contrainteligencia, la Escuela de Logística, y otros órganos del Ejército se convirtieron en cámaras de suplicio. Se usaron recursos públicos para financiar sicariato, se distribuyeron tareas entre oficiales de alto rango, se garantizó el silencio desde los estrados judiciales y las cúpulas del poder.

Colombia fue, en esos años, escenario de una guerra sucia que no solo buscó derrotar a la insurgencia armada, sino extirpar cualquier intento de construcción democrática desde la izquierda. La Unión Patriótica fue la principal víctima, pero no la única. El exterminio fue más amplio: se dirigió contra todos los que encarnaban una idea de transformación social por vías legales.

La verdad como amenaza: negacionismo y disputa del relato

No sorprende que las confesiones de Dorado sean negadas por los altos mandos señalados. El general Ramírez lo ha calificado de mentiroso, y su defensa intenta desmontar el testimonio mediante tecnicismos de cronología. La negación es parte del guion. Lo que está en juego no es solo una defensa jurídica: es la preservación del mito fundacional de unas Fuerzas Armadas que dicen defender la democracia, pero que en realidad la dinamitaron desde dentro.

El testimonio del sargento, por tanto, no es solo un insumo judicial. Es una disputa política por el relato. ¿Fue Colombia una democracia en los años noventa, cuando se asesinaba a quienes intentaban participar pacíficamente en política? ¿Qué clase de Estado se erigió sobre las tumbas de esos líderes?

Y más aún: ¿cuánto de ese Estado sobrevive hoy?

La memoria es presente: democracia mutilada

El asesinato de Manuel Cepeda Vargas no fue solo el crimen de un hombre. Fue el símbolo de una democracia mutilada. La UP representaba un intento de reconciliación nacional: fue la apuesta política de una guerrilla que dejaba las armas. Su exterminio envió un mensaje brutal: en Colombia, la vida de los opositores no tenía garantía alguna.

Ese mensaje caló hondo. Congeló durante décadas cualquier posibilidad de diálogo. Alimentó la desconfianza hacia las instituciones. Justificó la continuidad del conflicto armado. Y hoy, cuando un exmilitante del M-19 es Presidente de la República, cuando los hijos políticos de la UP están en el Congreso, la sombra de esa guerra sucia sigue acechando. No ha habido una ruptura radical con la impunidad.

Justicia o repetición: lo que está en juego

 

 

La confesión de Dorado no es un acto de redención. Es, en el mejor de los casos, una grieta en el muro del silencio. Pero esa grieta puede ensancharse si la sociedad la asume como una oportunidad para interpelar su historia, sus instituciones y su moral.

La JEP tiene ahora una responsabilidad histórica: desmontar la red de impunidad que permitió estos crímenes y sus encubrimientos. Pero la justicia no es tarea solo de los jueces. Es un mandato ético de la sociedad entera. Porque sin verdad completa, sin justicia real, sin reparación efectiva, y sin garantías de no repetición, la democracia colombiana seguirá edificada sobre la negación del otro.

No se trata únicamente de lo que confesó un sargento. Se trata de lo que el país ha preferido no escuchar. Se trata de los desaparecidos que aún buscan ser encontrados. Se trata de si estamos dispuestos a que la historia se repita, o si, por fin, decidimos que nunca más el Estado puede ser verdugo.