POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ /

Por primera vez en la historia de México el pasado domingo 1 de junio se realizaron elecciones generales para conformar un nuevo Poder Judicial, no a partir de negociaciones y acuerdos en las cúpulas institucionales, sino con base en la voluntad popular. Se consumó de esa forma el llamado plan C, el conjunto de reformas constitucionales aprobadas en los últimos días del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las cuales, junto con la candidatura presidencial de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fueron una bandera principal del oficialismo en los comicios del 2 de junio del año pasado.

El argumento central del proyecto político de la progresista Cuarta Transformación (4T) para pedir al electorado que le concediera la mayoría calificada necesaria para reformar la Carta Magna fue la necesidad de dejar atrás una judicatura frívola, dispendiosa, distante de la sociedad, próxima a los poderes fácticos –empezando por el poder del dinero– y propicia a la corrupción y a la connivencia con estamentos delictivos.

Con esos antecedentes, la elección judicial celebrada el domingo en la que participaron 13 millones de ciudadanos mexicanos enfrentó la enorme dificultad que entraña el poner en juego casi 2.700 cargos de todos los niveles, desde las y los ministros de la Superama Corte de Justicia Nacional hasta juezas y jueces distritales federales y estatales, de entre una infinidad de aspirantes, y por medio de una decena de boletas, con la emisión de varios sufragios en cada una de ellas.

No obstante los pequeños escollos del trámite electoral, la ciudadanía ha demostrado su apoyo a esta inédita elección por cuanto el anterior poder judicial cavó su propia sepultura, con una conducta política caracterizada por incumplimiento reiterado de su obligación primordial de hacer pronta y cumplida justicia. Si la justicia no es pronta no es justicia, por mucho que sus agentes la llamen justicia.

A estas razones de fondo del descontento popular con el anterior poder judicial hay que sumar otra, tanto o más grave de consecuencias políticas. Y cuya raíz está en el régimen político neoliberal implantado por las sucesivas reformas que lo blindaron constitucionalmente. Dicho régimen desmontó las mayores conquistas de la Revolución mexicana: la nacionalización del petróleo y la reforma agraria.

El régimen de gobiernos neoliberales que culminó con la elección de AMLO en 2018 privatizó de hecho el petróleo y desmanteló el régimen de propiedad comunal de la tierra. Además, entronizó, so pretexto de defender los derechos individuales, la supremacía del poder económico sobre el poder estatal, del interés privado sobre el bien común y los intereses generales.

En este marco constitucional e institucional, el poder judicial actuó como un ariete contra todas las decisiones políticas adoptadas por el presidente López Obrador en cumplimiento del programa de la denominada Cuarta Transformación (4T) destinado a transformar profundamente su economía y la sociedad bajo el lema de “los pobres primero”.

Fueron tantos los palos en la rueda que los partidos de la derecha (PPRI y PAN) le pusieron a la acción gubernamental de López Obrador, que él tuvo que tomar medidas tan excepcionales como la decretar el estado de emergencia nacional para poder emplear al Ejército en la construcción de los ferrocarriles Transoceánico y Maya. Igualmente fue plenamente consciente de que sin la democratización del poder judicial era muy difícil que México siguiera avanzando por el camino definido por la 4T.

Por tal razón propuso la reforma constitucional que ha permitido que el pasado 1 de junio el pueblo mexicano eligiera a sus nuevos jueces y magistrados. En elecciones libres, democráticas y transparentes.

Pero no hay que confundirse. La elección judicial no fue un referéndum sobre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ni una evaluación retroactiva del sexenio de López Obrador. Quienes quisieron reducir esta elección a una batalla entre oficialismo y oposición, entre simpatizantes y detractores de la 4T, se equivocaron o, peor, intentaron torcer la discusión. Lo que está en juego es mucho más profundo: es el derecho a disputar el sentido mismo de la justicia. A desafiar la idea de que esta solo puede administrarse entre notables, en lo oscuro, lejos del escrutinio popular.

La presidenta Sheinbaum Pardo, heredara política del expresidente López Obrador y continuadora del proyecto político de la 4T busca enrumbar a su país sobre la concepción del “humanismo mexicano” para doblar la oscura página de la larga noche neoliberal, de cuyas tinieblas busca salir la nación azteca a través de participación ciudadana, democracia y respeto a los derechos humanos.

Una lucha popular y de insistencia por cambiar el rumbo del país

Para auscultar la actual coyuntura política de México, dialogamos con el antropólogo y escritor Pedro Miguel Arce Montoya, periodista del diario La Jornada, más conocido en el ámbito periodístico como Pedro Miguel, quien participó recientemente como expositor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO 2025), presentando el libro ‘Gracias’ de autoría del expresidente López Obrador.

¿Uno podría decir que con la Cuarta Transformación (4T) México inicia un proceso de conciencia de clase a partir del liderazgo del expresidente López Obrador?

No, inicia un proceso de conciencia de nación. A ver, el Frente Amplio (en el que se sustenta políticamente la 4T), como su nombre lo indica, es un frente pluriclasista. Es un frente en el que hay trabajadores, campesinos, en el que hay movimientos sociales de diversa índole, en el que además hay empresarios, banqueros, etc. Es decir, esto no es un proyecto de clase, esto es un proyecto de nación.

¿Un proyecto político de nación que se ve amenazado por el hecho de estar presionado por un país como los Estados Unidos, con un Gobierno, si bien en decadencia, pero que está dando coletazos y que busca de alguna u otra manera presionar a sus vecinos como Canadá y México? ¿Cómo analiza ese escenario del Gobierno de Claudia Sheinbaum frente a los intereses de Washington?

Te doy dos indicadores para la correlación de fuerzas. ¿Cuáles son las diferencias entre México y Estados Unidos? Donald Trump tiene un índice de aceptación del 39 %. Claudia Sheinbaum tiene un índice de aceptación del 85 %. Estados Unidos tiene un desempleo del 4.2 %. México tiene un desempleo del 2.7 %. A ver, no tenemos nada de qué preocuparnos ante Estados Unidos. Hay un estilo de negociar de Trump, en el que él te dice, te voy a matar. Bueno, no, no te voy a matar. ¿Qué me ofreces para que no te mate? Ese es Trump. Entonces, eso lo hemos sabido desde 2018, cuando López Obrador llega a la Presidencia durante el primer mandato de Trump. Y nos damos cuenta de que el tipo es un fanfarrón. Y no solo eso, tiene otra gran virtud: está destruyendo a Estados Unidos. Nosotros, en contraste, estamos construyendo México. Es una gran diferencia. Estados Unidos se está viniendo abajo.

Además, Trump está peleando con Europa y con Canadá, quiere pelear con México, está peleando con Suramérica, está peleando con Japón, está peleando con China. Nosotros no estamos peleando con nadie. Eso también es una correlación de fuerzas muy significativa. Entonces, no, no nos sentimos intimidados por Trump.

¿Cuál es el trasfondo de que una figura tan miserable y deleznable como la del exmandatario neoliberal Ernesto Zedillo, que le acaban de sacar una serie de atropellos, bueno, como el Fobaproa que socializó las deudas de los inescrupulosos banqueros, haya salido a atacar en estos momentos?

Bueno, yo creo que eso expresa el total agotamiento de la oposición política, que ya no tiene más cartas para su vocería, que Zedillo, que es el presidente más despreciado por las y los mexicanos.

¿Más que Felipe Calderón?

Más que Calderón, un punto. A ver, la aceptación de Calderón está en cuatro, la de Zedillo está en dos, la de (Vicente) Fox está en tres. O sea, ¿qué haces con eso? López Obrador, como expresidente, tiene una aceptación del 67 %.

¿Vienen elecciones federales? ¿Cómo se vislumbra el proyecto de Morena? ¿Es un partido movimiento?

Sí, es un partido movimiento, un frente amplio, que además tiene partidos aliados. Entonces, pues vienen elecciones federales con una gran ausencia opositora. Es decir, la oposición en México no tiene proyecto, no tiene ideas, no tiene líderes, mandan a Zedillo a decir una imbecilidad, no tiene ideas, no tiene capacidades. Pues yo creo que va a ser una gran derrota para la oposición.

¿Esa es la consecuencia del neoliberalismo en México?

A fin de cuentas, sí, y también es la consecuencia de una lucha popular y de una insistencia y una terquedad por cambiar al país que encabezó López Obrador y que le corresponde a todo el pueblo mexicano.