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A través del abogado Alejandro Carranza, este miércoles 2 de julio, el presidente Gustavo Petro, radicó la acción penal ante la Fiscalía General contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por los delitos de conspiración, instigación a delinquir, entre otros.
‘Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo”, señaló el primer mandatario al sustentar la motivación de la denuncia.
El plan de golpe de Estado orquestado por Leyva Durán coincide además con algunos de los móviles del atentado contra la vida del senador del uribista Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Cuando a Leyva se le escucha decir en los audios que divulgó el diario español El País que hay que sacar a Petro en 20 días, en ese lapso arrancó la tormenta perfecta.
Se produce el atentado contra Miguel Uribe. Curiosamente, el padre del niño sicario se encuentra en Polonia donde estuvo el excanciller, país desde el cual escribió una de sus epístolas en las que acusó al primer mandatario de “drogadicto”.
Leyva afirma que hay que meter al ELN y al Clan del Golfo en el complot del golpe de Estado y casualmente también arrancan los atentados.
El excanciller habla de contactar al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart y también coincidencialmente (aunque en política nada es casualidad), el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente del Congreso, Efraóin Cepeda y la precandidata de la ultraderecha Vicky Dávila por esos días se reúnen con él en Washington.

Plan desestabilizador
El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo este miércoles que la estrategia de desestabilización en su contra y del Gobierno no puede ser atribuida a acciones aisladas ni al proceder individual de una persona. “No es el plan de un loco, Leyva no está loco. Está lleno de odio y soberbia, y se juntó con otros llenos de odio y soberbia», afirmó.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X, el mandatario calificó como un intento de golpe de Estado “en flagrancia» en conexión con sectores políticos, medios de comunicación y estructuras del crimen organizado.

Por esta razón, el mandatario solicitó formalmente que se investigue el caso tanto en Colombia como en el exterior, particularmente en EE.UU. que investigue», al tiempo que reiteró que la actual Fiscalía General debe ser garante de transparencia y no estar sujeta a presiones políticas.



