RESUMEN INFORMATIVO /
El presidente Gustavo Petro ha expresado respecto de la transparencia del proceso electoral bajo el monopolio montado en la Registraduría Nacional del Estado Civil por la cuestionada compañía Thomas Gregg & Son, de cuya junta directiva hacen parte destacados personajes políticos de la derecha colombiana.
La frágil democracia colombiana se prepara para enfrentar un nuevo ciclo electoral en 2026, en medio de un clima de creciente desconfianza sobre la transparencia y legitimidad de los procesos comiciales. En este contexto, la reciente denuncia del presidente Petro, quien ha señalado la existencia de un “monopolio” en la Registraduría Nacional ejercido por la empresa Thomas Gregg & Son, ha abierto un debate profundo sobre la seguridad de los resultados electorales y la integridad de las instituciones encargadas de garantizar el voto ciudadano.
El mandatario ha expresado públicamente su preocupación por la influencia predominante de Thomas Gregg & Son en los procesos logísticos y tecnológicos de la Registraduría, entidad responsable de la organización y escrutinio de las elecciones en Colombia. Petro sostiene que la concentración de funciones críticas en manos de una sola compañía puede representar un riesgo sistémico para la transparencia, especialmente considerando los antecedentes judiciales de los dueños de dicha empresa, a quienes señala por su “dudosa reputación”.
El monopolio en la contratación electoral
En Colombia, la contratación de servicios para la impresión, autenticación y logística electoral ha sido históricamente objeto de controversias. La centralización de procesos en un solo proveedor, como en el caso de Thomas Gregg & Son, genera sospechas sobre posibles conflictos de interés, manipulación de resultados o privilegios indebidos en la adjudicación de contratos públicos. Estas inquietudes se ven amplificadas cuando existen antecedentes judiciales que ponen en duda la ética empresarial de los involucrados.
El temor de que un monopolio pueda influir sobre componentes críticos del proceso electoral —como el conteo de votos, la transmisión de datos y la custodia de material sensible— es legítimo en una democracia que ha enfrentado reiteradas denuncias de fraude, clientelismo y corrupción. La preocupación de Petro se inscribe en una tradición latinoamericana donde la vigilancia sobre los operadores privados del sistema electoral es indispensable para garantizar la confianza pública.
Uno de los ejes de la denuncia está en la reputación de los propietarios de Thomas Gregg & Son. Aunque la empresa tiene una larga trayectoria en la provisión de servicios de seguridad documental, tanto en Colombia como en otros países, diversas investigaciones periodísticas y judiciales han señalado posibles irregularidades en el pasado de sus directivos. Esto no solo siembra dudas sobre la idoneidad de la empresa, sino que también subraya la necesidad de que las entidades públicas sean escrupulosas al seleccionar a sus contratistas, sobre todo cuando se trata de la democracia misma.
La denuncia de Petro, más allá de su trasfondo político, apunta a la fragilidad de los sistemas institucionales frente a prácticas monopólicas y a la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y auditoría independientes en la contratación estatal. La percepción de que una sola compañía, cuestionada en su integridad, pueda tener en sus manos el destino del sufragio, alimenta la desconfianza ciudadana y puede socavar la legitimidad de los resultados electorales, independientemente de su veracidad.
En un país donde la participación electoral suele estar marcada por la apatía y el escepticismo, la existencia de dudas razonables sobre la transparencia del proceso puede potenciar el abstencionismo y elevar los niveles de pugnacidad, debilitando aún más los de por sí frágiles cimientos democráticos.
Por ello es fundamental que las instituciones de control, como la Procuraduría, la Contraloría y los órganos de veeduría ciudadana, investiguen a fondo las denuncias y garanticen que la contratación electoral se realice con los mayores niveles de transparencia y pluralidad. La pluralización de proveedores, la revisión periódica de los antecedentes de las empresas postulantes y la auditoría permanente de los procesos son medidas indispensables para blindar el sistema y restaurar la confianza en la democracia.
Al mismo tiempo, es importante evitar que las denuncias oficiales se conviertan en instrumentos de presión política o en excusas anticipadas para deslegitimar resultados. El compromiso debe ser con la verdad y con el fortalecimiento institucional, no con la manipulación del miedo o la polarización social.
La advertencia hecha por el Petro no debe ser desestimada ni trivializada. Es una llamada de atención a la sociedad colombiana y a sus instituciones para que revisen y fortalezcan las garantías de transparencia y pluralidad en la organización de las elecciones.
El futuro democrático del país depende de que el proceso electoral de 2026 sea percibido como limpio, justo y legítimo. Ello solo será posible si se eliminan las zonas grises en los procesos de contratación y si se aseguran mecanismos efectivos de control y auditoría, en beneficio de toda la ciudadanía.
