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El Gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia radicó nuevamente en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria que busca establecer la coordinación y articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional, para garantizar la autonomía jurisdiccional de los pueblos y comunidades indígenas.
La iniciativa está concebida para lograr una coordinación efectiva entre la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena, con el que se pretende subsanar un vacío enorme que no ha sido resuelto desde la Constitución de 1991. Se establece un marco clave, muy importante, de protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, además del fortalecimiento de mecanismos de diálogo para favorecer la resolución armónica de conflictos.
El proyecto es una iniciativa del Ministerio de Justicia y el Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura.
Alcances del proyecto de ley
En Colombia, la coexistencia de sistemas jurídicos representa uno de los retos más complejos y, a la vez, ricos de su ordenamiento constitucional. El reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) como expresión de la diversidad étnica y cultural del país requiere mecanismos efectivos de articulación con el Sistema Judicial Nacional (SJN), en aras de garantizar tanto la autonomía de los pueblos indígenas como el respeto a los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico nacional. En este contexto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Justicia conjuntamente con el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional, radicaron nuevamente un proyecto de ley estatutaria con el fin de establecer un marco para la coordinación y articulación entre ambos sistemas.
El artículo 246 de la Constitución Política de Colombia reconoce a las autoridades de los pueblos indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre que no contraríen la Constitución y las leyes. Sin embargo, la ausencia de una legislación estatutaria clara ha generado vacíos interpretativos y dificultades en la aplicación armónica de los principios de autonomía y unidad jurisdiccional. Por ello, el proyecto de ley radicado busca desarrollar esos principios constitucionales, garantizar la autonomía jurisdiccional indígena y promover mecanismos de coordinación en beneficio de la seguridad jurídica y la protección de los derechos humanos.
Objetivos
- Establecer los principios y reglas para la coordinación y articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.
- Garantizar el pleno ejercicio de la autonomía jurisdiccional de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a la Constitución, los tratados internacionales y la ley.
- Definir los procedimientos para la resolución de conflictos de competencia entre jurisdicciones.
- Promover el respeto y reconocimiento mutuo entre las autoridades indígenas y las autoridades judiciales nacionales.
- Garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente de quienes pertenecen a pueblos indígenas.
Principios rectores
El proyecto de ley establece un conjunto de principios orientadores que guían la coordinación entre jurisdicciones, entre los que destacan:
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Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural: El Estado colombiano reconoce y respeta la pluralidad jurídica y cultural de los pueblos indígenas.
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Autonomía jurisdiccional: Las autoridades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su territorio y conforme a sus usos y costumbres, en armonía con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
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Coordinación y articulación: Se promueve la interlocución permanente y la construcción de acuerdos entre los sistemas judiciales, sin que ello implique la subordinación de un sistema sobre el otro.
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Respeto de los derechos humanos: La aplicación de la justicia indígena debe garantizar en todo momento la protección de los derechos fundamentales de las personas.
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Resolución pacífica de conflictos: Se incentivan mecanismos de diálogo intercultural y concertación para la solución de diferencias y el respeto mutuo de competencias.
Ámbito de Aplicación
El proyecto de ley delimita los casos en los cuales la Jurisdicción Especial Indígena tiene competencia exclusiva y aquellos en los que procede la intervención del Sistema Judicial Nacional. Entre los principales aspectos figuran:
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La JEI tiene competencia para conocer y decidir sobre hechos y personas indígenas que ocurran dentro de su territorio, y de acuerdo con sus usos y costumbres, siempre que no contraríen la Constitución ni los tratados internacionales de derechos humanos.
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En casos donde se vean involucradas personas no indígenas, menores de edad, mujeres, o personas en situación de vulnerabilidad, se establecen criterios de coordinación y consulta para definir la competencia.
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El SJN puede intervenir en situaciones en que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, violaciones graves al derecho internacional humanitario o cuando la autoridad indígena lo solicite expresamente.
Mecanismos de coordinación y articulación
El proyecto de ley propone la creación de espacios institucionales y procedimientos claros para la coordinación, tales como:
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La Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional, como órgano permanente de diálogo y concertación.
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La expedición de protocolos de actuación para la remisión de procesos, el reconocimiento de decisiones y la solución de conflictos de competencia.
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La realización de capacitaciones y procesos de formación en derechos humanos y pluralismo jurídico para autoridades indígenas y jueces nacionales.
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El reconocimiento de equivalencia y validez de las decisiones adoptadas por la JEI, bajo los principios de reciprocidad y respeto mutuo.
Garantías para la autonomía jurisdiccional indígena
Se establecen garantías específicas para la autonomía jurisdiccional, entre las que destacan:
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El respeto y no injerencia en los procesos y decisiones de las autoridades indígenas, siempre que se mantenga la protección de los derechos fundamentales.
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El reconocimiento de la validez de los procedimientos y sanciones acordes con los usos y costumbres indígenas, dentro de los límites constitucionales.
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La participación de representantes indígenas en espacios de diálogo y coordinación interinstitucional.
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La protección de los territorios ancestrales y el respeto a la jurisdicción ejercida sobre ellos.
Procedimientos para la resolución de conflictos de competencia
El proyecto establece procedimientos específicos para resolver posibles conflictos de competencia, garantizando el debido proceso y el diálogo respetuoso:
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Se implementan mecanismos de consulta previa y concertación para definir la jurisdicción competente.
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La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia mantienen competencias residuales para dirimir controversias insalvables.
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Se fomenta la creación de comités territoriales de coordinación judicial, con participación de autoridades indígenas y representantes del SJN.
Protección de los Derechos Fundamentales
Un eje central del proyecto es la protección efectiva de los derechos fundamentales, en particular:
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El acceso a la justicia en condiciones de igualdad para personas indígenas y no indígenas.
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La garantía del debido proceso, defensa y revisión judicial.
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La protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
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El respeto de los estándares internacionales de derechos humanos, en concordancia con instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Impacto
La aprobación y puesta en marcha de este Proyecto de Ley Estatutaria tendría impactos significativos en el fortalecimiento del pluralismo jurídico y la seguridad jurídica en Colombia. Entre los beneficios previstos se encuentran:
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La consolidación de un modelo de justicia plural, intercultural y respetuoso de la autonomía indígena.
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La disminución de conflictos de competencia y la generación de confianza entre las jurisdicciones.
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La promoción de la protección de derechos y el acceso efectivo a la justicia para los pueblos indígenas.
Este proyecto de ley estatutaria impulsado por el Gobierno constituye un paso decisivo hacia la construcción de un Estado verdaderamente pluralista e incluyente, donde la diversidad cultural y jurídica conviva con el respeto a los derechos humanos y la unidad nacional.
La coordinación y articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional es fundamental para garantizar la justicia, la convivencia pacífica y la dignidad de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas de Colombia.
