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La opinión sobre la responsabilidad legal de los gobiernos para hacer frente al cambio climático del tribunal continental de derechos humanos reafirma el derecho a un clima saludable y alimenta la esperanza de los activistas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), máximo órgano continental de justicia, reconoció que la crisis climática provocada por las corporaciones extractivas pone en riesgo los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

El alto tribunal interamericano declaró claramente que el planeta enfrenta una emergencia climática que está socavando los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, y que los derechos humanos deben estar en el centro de toda respuesta efectiva.

La Corte reconoció que los derechos a un clima seguro y a un ambiente sano son protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estableciendo obligaciones claras para que los Estados regulen la actividad empresarial capitalista.

De manera crucial, la Corte exhortó a los Estados a proteger a quienes luchan por defender en la vida en planeta y subrayó el papel vital de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y la juventud en la respuesta a la emergencia climática.

Este proceso se inició a partir de una solicitud de Opinión Consultiva presentada por Colombia y Chile para que la Corte emitiera un dictamen sobre la emergencia climática y su vinculación con los derechos humanos. El proceso contó con una participación sin precedentes por parte de la sociedad civil y los pueblos indígenas.

Las opiniones consultivas son declaraciones autorizadas de derecho internacional vinculante y conllevan un peso jurídico significativo, que puede orientar litigios locales, nacionales y regionales.

Paso Histórico

En una sentencia histórica hecha pública el pasado 3 de julio de 2025, la Corte emitió su Opinión Consultiva 32, dando un paso histórico hacia el fortalecimiento de la rendición de cuentas climáticas en el mundo. Por primera vez, un tribunal regional de derechos humanos esclareció de manera amplia y comprensiva las obligaciones jurídicas de los Estados en respuesta a la crisis climática, estableciendo estándares jurídicos que los gobiernos del continente deben cumplir para proteger los derechos humanos y el ambiente.

El tribunal reconoció la existencia del derecho autónomo a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente saludable. El dictamen afirma que los Estados tienen obligaciones jurídicas vinculantes de abordar la emergencia climática como una cuestión de derechos humanos, en consonancia con la legislación nacional y los tratados internacionales.

Se espera que esta decisión catalice una nueva ola de litigios climáticos estratégicos, fortalezca decisiones previas, como la del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y además ha sido referencia clave para la opinión consultiva que emitió  recientemente la Corte Internacional de Justicia.

Tanto países como expertos jurídicos han recibido con satisfacción las “históricas” orientaciones del máximo tribunal de América que describen las responsabilidades jurídicas de los gobiernos y las empresas para hacer frente al cambio climático.

La muy esperada “opinión consultiva sobre la emergencia climática y los derechos humanos”, publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 3 de julio, es un documento detallado de 234 páginas que abarca un amplio corpus de derecho internacional y regional.

Proporciona una “hoja de ruta muy rica” para responder a la emergencia climática en toda la sociedad, incluyendo el establecimiento de una serie de normas para las estrategias climáticas nacionales que podrían ser muy importantes para la próxima cumbre climática COP30 en Brasil a realizarse le próximo mes de noviembre, dice Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG de derechos humanos que apoyó la solicitud de Colombia y Chile para la opinión consultiva.

El derecho a un clima sano

El objetivo fundacional de la CIDH es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado ratificado por la mayoría de los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero su dictamen recién publicado tiene en cuenta una amplia gama de leyes y principios nacionales, regionales e internacionales, y afirma que las conclusiones se aplican a todos los miembros de la OEA, incluidos Estados Unidos y Canadá, que no reconocen la jurisdicción del tribunal.

El tribunal confirmó el derecho a un medioambiente sano, que ya había establecido en sentencias anteriores, pero dijo por primera vez que éste incluye el derecho a un clima sano. Lo define como “aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la Naturaleza como un todo”.

El documento esboza las responsabilidades legales específicas de los Estados para defender los derechos humanos en riesgo por el cambio climático, que incluyen el derecho a la vida, la salud, el agua potable, la educación y el trabajo. Estos derechos se aplican a las generaciones futuras, concluye, así como a las personas vivas en la actualidad.

Los propios Estados deben tomar medidas “urgentes y efectivas” para prevenir los daños medioambientales y climáticos y adaptarse cuando sea necesario, y deben garantizar reparaciones integrales cuando se vulneren los derechos. No pueden adoptar políticas regresivas, afirma claramente el dictamen.

Responsabilidades de las industrias de los combustibles fósiles

Para emitir esta opinión consultiva, la CIDH, con sede en Costa Rica, recibió 260 escritos y celebró una serie de audiencias el año pasado, en Barbados y en las ciudades brasileñas de Brasilia y Manaos. Participaron en ellas una amplia variedad de Estados y organismos regionales, académicos, grupos de la sociedad civil y particulares. El tribunal celebró deliberadamente audiencias en el Caribe y América Latina para poder escuchar a los más afectados y en riesgo por el cambio climático. El resultado ha sido muy esperado, ya que forma parte de una serie de litigios climáticos de gran repercusión que los activistas esperan que impulsen medidas más duras para hacer frente al cambio climático.

Los Gobiernos de Chile y Colombia recibieron con satisfacción el dictamen de la semana pasada. En un comunicado, afirmaron que “constituye un hito en la consolidación regional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en lo relativo a la protección del medioambiente”. Y afirmaron que reafirma su compromiso conjunto para combatir la emergencia climática “mediante el desarrollo de estándares jurídicos claros que orienten respuestas más eficaces frente a este desafío global”.

Entre otras cosas, el dictamen destaca la importancia del Acuerdo de Escazú, el tratado ambiental histórico de América Latina y el Caribe que entró en vigor en 2021. Ese acuerdo busca mejorar el acceso a la información, abordar la impunidad generalizada de los delitos contra los defensores del medioambiente y garantizar derechos más sólidos para que las comunidades sean consultadas sobre los impactos de los grandes proyectos de desarrollo.

La opinión consultiva establece responsabilidades jurídicas para que las empresas minimicen su impacto sobre el clima y para que los Estados regulen eficazmente las empresas bajo su control. Señala la exploración, extracción, transporte y procesamiento de combustibles fósiles, la fabricación de cemento y la agroindustria como los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Además, afirma que los Estados deben aprobar leyes para que las empresas transnacionales y los conglomerados respondan plenamente de las emisiones de sus filiales.

Los Estados también tienen el deber de garantizar una transición justa hacia una sociedad más limpia en la que los derechos humanos deben seguir estando salvaguardados, afirma el tribunal. Se trata de un problema especialmente urgente en América Latina y el Caribe, donde la extracción de minerales críticos necesarios para las tecnologías de transición, como los vehículos eléctricos, está provocando graves problemas sociales y medioambientales.

El dictamen de la CIDH también reconoce explícitamente por primera vez los derechos de la naturaleza y afirma que los Estados tienen el deber de restaurar los daños causados a los ecosistemas por el cambio climático.

Más que un avance legal

La ministra colombiana de Ambiente, Lena Estrada Añokazi, afirmó que se trata de una decisión “histórica”. “Este fallo confirma lo que los pueblos indígenas han dicho por siglos: no hay derechos humanos sin Madre Tierra”, dijo. “No es solo un avance legal, es una reafirmación de la vida”.

El nuevo dictamen marca un momento decisivo para la región, afirmó Laura Restrepo Alameda, activista de Climate Action Network América Latina. “Nos recuerda que el cambio climático no es una cuestión medioambiental de nicho o de un solo sector; es una crisis sistémica que afecta a todos los derechos y que los Estados deben abordar como tal”.

Los representantes de los jóvenes, que habían participado en las audiencias ante el tribunal, celebraron que éste reconociera explícitamente en su dictamen que la crisis climática tiene un impacto desproporcionado sobre los niños y las generaciones futuras.

“El tribunal respeta el principio intergeneracional como un principio exigible”, dijo Mariana Campos Vega, Coordinadora Adjunta para América Latina de World’s Youth for Climate Justice. “Esto no habría sido posible sin el compromiso de niños y jóvenes… El resultado más significativo es que el tribunal reconoció nuestras voces”.

Los litigios climáticos se calientan

La CIDH es el segundo de los cuatro tribunales superiores que emite una opinión consultiva relacionada con el clima, un documento que técnicamente no es vinculante pero que se considera autorizado porque resume la legislación vigente. Hasta ahora es el único que se centra en los derechos humanos, aunque la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha iniciado su propio proceso recientemente.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Itlos) fue el primero en publicar su dictamen el año pasado. Ese tribunal concluyó que los gases de efecto invernadero son contaminantes que están destrozando el medio marino, y que los Estados tienen la responsabilidad legal de controlarlos, una decisión que se está filtrando lentamente en los litigios y la diplomacia climática.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya función es armonizar e integrar el derecho internacional, publicó su dictamen el pasado 23 de julio. El pasado mes de diciembre se celebraron dos semanas de audiencias.

Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático de Vanuatu, que encabezó la petición a la CIJ y fue el primer país no americano en presentar un escrito a la CIDH, afirmó que todos los tribunales regionales e internacionales tienen un importante papel que desempeñar en el avance de la justicia climática.

“Juntos, pueden allanar el camino hacia un enfoque más integrado del derecho internacional que aborde las dimensiones de los derechos humanos y los remedios a las injusticias climáticas históricas que el Sur Global sufre cada vez más”, afirmó.