EDITORIAL TSC /

El reciente diferendo limítrofe con el Perú surgido en torno a la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, ha puesto nuevamente en el centro del debate público colombiano la relación entre patriotismo y oposición política. En particular, las posiciones asumidas por sectores de la derecha política frente al Gobierno de Gustavo Petro revelan una serie de tensiones históricas y actuales que ameritan un análisis crítico, tanto en lo jurídico como en lo político.

El espurio Gobierno de facto de Dina Boluarte, cuestionada mandataria del Perú, enfrenta una grave crisis de legitimidad y popularidad interna. Ante este escenario de desgaste, ha buscado proyectar un discurso nacionalista, promoviendo el diferendo limítrofe sobre la isla Santa Rosa con el fin de cohesionar apoyos internos y desviar la atención de la crisis. La respuesta del Gobierno de Colombia se ha enmarcado en la defensa de la soberanía nacional, conforme a los postulados constitucionales y el respeto al derecho internacional.

Sin embargo, la actitud asumida por sectores de la oposición de derecha colombiana resulta, cuando menos, contradictoria y cuestionable. Motivada, aparentemente, más por la animadversión y el antagonismo hacia el presidente Petro que por principios sólidos de política exterior o defensa nacional, este sector político del conservadurismo se ha manifestado a favor de las posiciones sostenidas por el Gobierno de facto peruano. No es esta la primera vez que la política doméstica se sobrepone al interés nacional, pero sí resulta especialmente grave cuando se sacrifica la unidad ante desafíos internacionales en pos de réditos menores o de agendas partidistas.

La trayectoria de la derecha colombiana respecto de la integridad del territorio nacional ha estado marcada por vergonzosos episodios de entregas y concesiones. Resulta imposible omitir la pérdida de Panamá en 1903, episodio en el que altos intereses económicos y presiones extranjeras se impusieron sobre la integridad nacional, con la complicidad o anuencia de liderazgos conservadores de la época. Lo propio puede señalarse de la entrega del tesoro Quimbaya a España, el traspaso del archipiélago de los Monjes a Venezuela o la pérdida de importantes extensiones territoriales en el diferendo con Nicaragua, episodios donde primaron intereses particulares, desidia diplomática e incapacidad política para defender la soberanía.

Estos antecedentes minan la legitimidad de los sectores de la derecha para presentarse como abanderados de la defensa nacional, sobre todo cuando hoy, por razones coyunturales y motivaciones políticas, adoptan posturas que favorecen abiertamente intereses ajenos al país, en vez de cerrar filas en torno al interés común.

En democracia, la discrepancia y el control político a quien ejerce el poder son no solo necesarios, sino deseables. Sin embargo, existe una frontera ética y patriótica que la acción opositora no debe transgredir: la del interés superior de la nación. Cuando el rechazo al Gobierno se convierte en una oposición acrítica, carente de argumentos y guiada únicamente por el odio, lo que está en juego no es solo el juego electoral, sino la solidez misma del Estado y la confianza ciudadana en sus instituciones.

La postura asumida por la oposición de derecha, al alinearse con las pretensiones de un Gobierno extranjero cuestionado, pone en entredicho su compromiso con la soberanía nacional y evidencia que su antagonismo hacia el Presidente de turno trasciende el legítimo debate político, para convertirse en una negación de los intereses fundamentales de la nación.

El caso de la isla Santa Rosa es una oportunidad para reflexionar críticamente sobre el papel de las fuerzas políticas en la defensa del país. La historia juzga con severidad a quienes anteponen intereses particulares, económicos o partidistas al interés nacional. La oposición tiene el deber de fiscalizar, proponer y confrontar, pero sin perder de vista el horizonte mayor de la soberanía y la dignidad colectiva. Más allá de presidentes o coyunturas, la defensa del territorio es un compromiso ineludible de todas las personas que aspiran al ejercicio de lo público en Colombia.

Solo a través de una oposición respetuosa del interés nacional y un debate informado y responsable, podrá fortalecerse el proceso democrático colombiano y evitar la repetición de errores que tanto le han costado al país.