POR OMAR ROMERO DÍAZ /
En Colombia, el poder político de la ultraderecha ha usado históricamente dos armas para neutralizar a la oposición: la bala y la mentira. Álvaro Uribe Vélez, el llamado “padre del paramilitarismo” y señalado como “número 82” por un informe desclasificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha perfeccionado ambas.
Entre sus ataques más descarados, el convicto exmandatario ha acusado a la Unión Patriótica (UP) de ser cómplice del secuestro, el asesinato y el narcotráfico. Estas falacias no son inocentes: son parte del guion que justificó el exterminio político de más de 5.000 militantes y el desplazamiento, desaparición o encarcelamiento de miles más.
El discurso ponzoñoso de Uribe Vélez en el sepelio de Miguel Uribe Turbay tuvo como propósito oportunista volver a difundir esa narrativa falaz. Sobra señalar que las honras fúnebres no eran el escenario para ofrecer un discurso proselitista y guerrerista, con el ojo puesto en las elecciones de 2026.
Las palabras de Álvaro Uribe son una afrenta a las víctimas y sobrevivientes del genocidio contra la UP.
La Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) han responsabilizado al Estado colombiano por este genocidio político, cometido a través de una alianza criminal entre militares, paramilitares y la oligarquía económica.
La ironía es grotesca: quien acusa a la UP de criminalidad ha sido señalado por jefes paramilitares como Salvatore Mancuso de conocer y facilitar masacres como la de El Aro en 1997, ya declarada crimen de lesa humanidad por la Corte. Sus vínculos familiares y políticos con el narcotráfico son extensos: hermanos, primos y hasta su propio padre aparecen en expedientes que lo conectan con el Cartel de Medellín, el Cartel de Sinaloa y estructuras paramilitares.
Uribe intenta lavarse la cara invocando un supuesto “compromiso con la democracia”, cuando su trayectoria política está marcada por la estigmatización sistemática de líderes sociales, la manipulación mediática y la persecución judicial contra opositores. La mentira ha sido su herramienta preferida para legitimar la represión y encubrir la violencia estatal.
La historia no puede ser escrita por los verdugos. La memoria de la Unión Patriótica no será sepultada bajo las falacias de quien convirtió la calumnia en política de Estado. El país debe recordar que la mentira no solo mata la verdad: también justifica la muerte de quienes la defienden.
