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Un detallado análisis político y social en torno a la descentralización y la garantía de derechos fundamentales a partir del alcance del proyecto de ley orgánica que busca transformar la distribución de recursos y competencias del Sistema General de Participaciones (SGP) entre la Nación y las entidades territoriales, promovió el pasado jueves 14 de agosto, el espacio político Unitarios que convocó a una tertulia en la sede de Fecode con tal fin.

La reflexión giró principalmente en torno a los riesgos y posibles impactos que tendría la aprobación de esta iniciativa en la estructura fiscal y administrativa del país.

La senadora Clara López Obregón, una de las voces más destacadas de este espacio de análisis, advirtió sobre el “grave riesgo de federalización fiscal” que implica el proyecto que cursa en el Congreso de la República en virtud del cual se pretende convocar a un referendo mediante el cual se territorializarían los impuestos sobre la renta y el patrimonio, cambiando el SGP, otorgando mayores recursos y competencias a departamentos, municipios y distritos.

Durante la jornada de análisis, participaron además de la senadora López Obregón, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo; el fiscal de esta organización sindical y dirigente del movimiento Sí Podemos, Carlos Rivas; el vocero del Movimiento de Integración Democrática (MID), Rafael Cuello; el presidente de Fecode y dirigente de Unidad Democrática, Domingo Ayala; la vocera del Movimiento por la defensa de los derechos del pueblo (Modep), Martha Alonso; y el excongresista y militante del M-19, Néstor García Buitrago.

Cerrar brechas

En lo que concierne al alcance del proyecto de ley orgánica que busca transformar la distribución de recursos y competencias del Sistema General de Participaciones, los expositores coincidieron que su objetivo primordial es cerrar brechas históricas en la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación, el saneamiento básico y el acceso al agua potable, temas centrales para el desarrollo social y la equidad en Colombia.

Al abordar el contexto histórico que llevó a la situación actual en materia de participación de los recursos de la nación se recordó que éstos fueron objeto de recortes sustanciales durante los Gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), cuando se eliminó el situado fiscal que obedeció a la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del ajuste económico tras la crisis de 1999. Este proceso, lejos de descentralizar el poder y los recursos, condujo a una recentralización que afectó gravemente a las entidades territoriales y limitó la capacidad de los territorios para garantizar derechos a sus poblaciones.

La senadora López Obregón fue enfática al calificar este retroceso como “un objetivo diabólico”, resaltando el impacto negativo que dicho viraje tuvo sobre la autonomía territorial y la ampliación de brechas sociales.

La tertulia con la participación de diversos actores sociales y políticos giró en torno a los alcances y limitaciones del nuevo proyecto de ley orgánica. Se coincidió en la importancia de que esta iniciativa busque devolver a las entidades territoriales una proporción mayor de los ingresos nacionales, permitiéndoles así fortalecer sus capacidades para garantizar derechos fundamentales y articular respuestas adecuadas a las necesidades locales.

Un punto central en la discusión fue la urgencia de acompañar el debate legislativo con una movilización social amplia, que impulse la aprobación del proyecto y blinde los recursos frente a la injerencia de intereses particulares. La movilización ciudadana fue presentada como una herramienta indispensable para lograr que la reforma al SGP no se quede solo en el papel, sino que se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades.

Más allá de la distribución de recursos, la charla puso en el centro la necesidad de avanzar en la estructuración del territorio, de modo que la inversión estatal sea realmente efectiva y no quede al arbitrio de intereses clientelistas. Se alertó sobre la penetración de clanes regionales y métodos mafiosos en la apropiación de los recursos públicos, fenómeno que, de no ser enfrentado, puede desvirtuar el sentido democrático y redistributivo de cualquier reforma legal.

El consenso entre participantes fue claro: la reforma al SGP debe ir acompañada de un fortalecimiento real de la institucionalidad territorial y de mecanismos de control ciudadano que prevengan la captura de los recursos por redes de politiquería y corrupción.

La tertulia de Unitarios dejó como inquietud principal la urgencia de una reforma profunda al Sistema General de Participaciones, que permita a las entidades territoriales recuperar autonomía y capacidad de gestión para garantizar derechos fundamentales a la ciudadanía. El llamado fue claro: la movilización social y la vigilancia activa de la sociedad civil son claves para que el debate no se limite al Congreso, sino que movilice voluntades y genere transformaciones sustantivas en todo el país.

Así, el proyecto de ley orgánica se perfila no solo como una reforma técnica, sino como una apuesta política y social de primer orden, que invita a repensar el modelo de descentralización, la construcción territorial y la democracia en Colombia.

El Sistema General de Participaciones constituye la principal herramienta de transferencia de recursos desde el nivel central hacia las entidades territoriales, garantizando la financiación de servicios esenciales como la educación, la salud y el agua potable, así como el desarrollo y la autonomía regional. Sin embargo, desde su implementación, han surgido críticas respecto a la equidad en la asignación de los fondos, la eficiencia en su utilización y la limitada autonomía real de los gobiernos locales.

El proyecto de ley orgánica presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretende resolver estos problemas mediante una reformulación de los criterios de distribución y la redefinición de competencias, buscando lograr una mayor descentralización fiscal y administrativa.

La tertulia sirvió de plataforma para que los dirigentes de Unitarios expusieran sus visiones, preocupaciones y propuestas de mejora, en un espacio marcado por el análisis técnico y el diálogo constructivo.

Riesgo para la estabilidad financiera nacional

La intervención de la senadora Clara López Obregón centró la atención en el riesgo de “federalización fiscal” que constituye la propuesta de referendo mediante el cual se territorializarían los impuestos sobre la renta y el patrimonio, que promueve la Gobernación de Antioquia, cambiando el SGP lo que implicaría que las entidades territoriales recibieran la mitad de los ingresos corrientes de la Nación, lo que alteraría la estructura fiscal actual y pondría en peligro la estabilidad financiera nacional.

La congresista advirtió que ese proyecto de convocatoria a un referendo constituye una amenaza al Sistema General de Participaciones, ya que pretende transferir más competencias y recursos a las regiones, con el riesgo de profundizar desigualdades entre territorios.

A partir de cifras concretas, la senadora ilustró cómo la propuesta afectaría algunos territorios: Bogotá, que aporta 25 billones de pesos anuales, recibiría solo 6 billones; Antioquia, que aporta 8.5 billones, también recibiría 6 billones; y el Valle del Cauca, cuyo aporte es de3.9 billones tendría una retribución 4 billones. Según su análisis, esto llevaría a que “la nación se volvería inviable fiscalmente”.

Recalcó que dicho proyecto viene siendo promovido por el uribismo de Antioquia que está al frente tanto de la Gobernación como de la Alcaldía de Medellín, con clara vocación secesionista, y busca la sustitución de la Constitución de 1991, aunque la senadora enfatizó que un referendo no es el mecanismo adecuado para tal cambio.

La congresista López Obregón alertó que si esa iniciativa se llegara a aprobar se pondría fin a la redistribución mínimamente equitativa vigente, aumentando las brechas y profundizando la desigualdad territorial.

La intervención de la parlamentaria permitió dimensionar los riesgos fiscales, políticos y sociales de la llamada “federalización fiscal”, destacando la necesidad de preservar mecanismos de redistribución que garanticen la equidad y sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales.

Conclusión de la tertulia

 

Tras las intervenciones de los panelistas que participaron en esta tertulia de Unitarios se destacan los siguientes aspectos:

• Redefinición de los criterios de asignación de recursos. Se destacó la necesidad de que los criterios sean más transparentes y reflejen las verdaderas necesidades de las regiones, considerando factores sociodemográficos, índice de pobreza, desempeño fiscal, y los retos particulares de cada entidad territorial.

• Fortalecimiento de la autonomía territorial. se enfatizó que la redistribución de competencias debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional de los gobiernos regionales y locales, de modo que puedan gestionar los recursos de manera eficiente, innovadora y responsable.

• Garantías de sostenibilidad financiera. Se subrayó la importancia de establecer mecanismos que aseguren la suficiencia y sostenibilidad de los recursos transferidos, evitando que las reformas pongan en riesgo la prestación de servicios básicos.

• Participación ciudadana y rendición de cuentas. Se propuso incorporar modelos de participación de la comunidad y esquemas de monitoreo, para que la ciudadanía ejerza control sobre el uso y destino de los recursos.