POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Basta de cortes secuestradas por la corrupción. En el país está en mora una reforma integral de la rama judicial.
El nivel de impunidad en Colombia es alarmantemente alto. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la impunidad en homicidios oscila entre el 86 % y el 94 %. De acuerdo con el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, el índice de impunidad en esta nación fue de 66.57 puntos en 2017, lo que la coloca en el octavo lugar entre 69 países estudiados en términos de impunidad.
Y es que en este país el poder judicial sigue mostrando su peor rostro: la arrogancia de unas cortes que se creen por encima del pueblo y que, en lugar de impartir justicia, administran favores políticos. La más reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ternó para magistrado de la Corte Constitucional al cuestionado exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, no obstante que el 41 % de los togados de ese alto tribunal que lo respalda está impedido. ¿La razón? Favores burocráticos y nombramientos de familiares que se convirtieron en moneda de cambio. Un toma y dame descarado que violó la Constitución y, sin embargo, fue avalado como si nada.
Mientras esto ocurre en los salones alfombrados de Bogotá, la otra cara del país es dramática: trabajadores que esperan años por una pensión negada, comunidades de La Guajira que mueren de hambre y sed, campesinos del Catatumbo atrapados en la guerra, y reformas sociales bloqueadas porque incomodan a la oligarquía. El pueblo sufre, pero las cortes siguen siendo guarida de privilegios para políticos tradicionales, incluido Álvaro Uribe, que se pasea intocable entre expedientes judiciales.
El problema de fondo es que en Colombia la justicia no le pertenece al pueblo. Está secuestrada por un puñado de magistrados que se reparten cargos como si fueran trofeos de cacería política. Esa es la contradicción que nos debe indignar: la Constitución habla de democracia, pero la justicia es controlada por castas judiciales que operan como mafias legales, he ahí los altísimos grados de impunidad registrados por organismos internacionales.
Es hora de un cambio profundo. Así como en México el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum han impulsado el debate sobre la elección popular de jueces y magistrados, Colombia debe dar ese paso histórico: que los jueces de las altas cortes sean elegidos directamente por el pueblo. Solo así se acabará el club cerrado de favores y la justicia dejará de ser un negocio de familias políticas y grupos de poder.
El momento de gritarlo fuerte es ahora: ¡Que el pueblo elija a los jueces! Basta de cortes al servicio del clientelismo y la corrupción. La justicia debe dejar de ser patrimonio de unos pocos para convertirse en un derecho colectivo, limpio y democrático.
