DIARIO RED /
Se cumplen 52 años del criminal golpe de Estado fraguado por el imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena, contra el Gobierno legítimo de Salvador Allende Gossens, que impuso la genocida dictadura militar de Augusto Pinochet por 17 años, pero que se atrevieron a denominar como una “democracia vigilada”.
A más de medio siglo de aquel infame 11 de septiembre de 1973, Chile sigue sin construir un relato común que cierre la fractura que cada año vuelve a abrirse. La dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet dejó más de dos mil ejecutados políticos, más de mil desaparecidos, 28 mil torturados y 200 mil exiliados. Aun así, hoy se sigue debatiendo en el espacio público si aquello fue una dictadura o simplemente un “gobierno militar”. Esa disputa, que vuelve a la vida cada 11 de septiembre, da cuenta de que el país aún no ha logrado asumir plenamente su historia.
A 52 años del golpe que derrocó al primer presidente marxista elegido democráticamente, Salvador Allende Gossens (1908-1973), aún no se sabe qué pasó con miles de chilenos que desaparecieron producto de la represión. Aunque existen sentencias y condenas para algunos culpables, la búsqueda de los detenidos desaparecidos sigue activa.
En lugar de una memoria compartida, lo que encontramos en Chile es un terreno de disputa. Allí, la derecha, en medio de campañas electorales, insiste en relativizar o negar los crímenes de la dictadura. Algunos hablan de “contextos”, otros de “errores” o de “guerra civil”, tratando de diluir las responsabilidades de un régimen criminal que violó sistemáticamente los derechos humanos. Este negacionismo no es casual: es una estrategia política para vaciar de sentido el “Nunca Más”.
En abril de este año, la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, declaró en una entrevista que el golpe de Estado “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”. Agregó además que “probablemente, al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, porque estábamos en una guerra civil”. A ello se suman las fotos de antaño, donde aparece sonriente junto a Pinochet, y un detalle biográfico que la acompaña siempre: es hija de uno de los generales de la dictadura. Tras las críticas del Gobierno y de organizaciones de derechos humanos, y después de caer al cuarto lugar en las encuestas, ofreció disculpas reconociendo que “a muchos chilenos les molestó lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles”.
Pese a esas “buenas intenciones”, en agosto pasado Juan Sutil, exlíder de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y actual encargado estratégico de la campaña de Matthei, afirmó en una entrevista que la dictadura de Pinochet “no es dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder”. Como remate, agregó: “el gobierno fue dictatorial y terminó. Eso fue una salida negociada democrática”.
Por su parte, la ultraderecha “libertaria”, representada por José Antonio Kast y Johannes Kaiser, no solo justifica el golpe de Estado y relativiza las violaciones a los derechos humanos, sino que ha declarado abiertamente su apoyo a la dictadura. En julio de este año, Kaiser aseguró en una entrevista televisiva que estaría dispuesto a respaldar “sin dudas” un nuevo golpe de Estado en Chile si se dieran las mismas condiciones, incluyendo sus consecuencias. En esa ocasión, corrigió al entrevistador que habló de “golpe” para reemplazarlo por “pronunciamiento militar” y sostuvo que los antecedentes del 73 “alcanzaron ribetes de una guerra civil de la mano de gente armada”, por lo que era evidente que “iba a haber muertos y violaciones a los derechos humanos”.
Kast, defensor declarado de Pinochet y figura reconocida internacionalmente por su cercanía con líderes como los neofascistas Javier Milei y Jair Bolsonaro, mantiene un discurso directo en favor del llamado “Gobierno militar”. Durante su campaña presidencial de 2021 señaló que lo de Pinochet “no fue dictadura como en Cuba, Nicaragua o Venezuela”, porque la transición se produjo tras unas “elecciones democráticas”. Su respaldo a la dictadura viene de lejos: en 1988 votó por la continuidad del régimen y ha afirmado en reiteradas ocasiones que volvería a votar por Pinochet si estuviera vivo. A ello se suma una polémica reciente, cuando sostuvo que habría que saltarse al Congreso para gobernar y que, en su caso, lo haría por decreto.
Negar la magnitud del horror no solo es una falta de respeto con las víctimas y sus familias; es también una forma de normalizar la violencia. Es sostener discursivamente la idea de que hay momentos en que la democracia puede suspenderse, que hay vidas desechables y que el poder puede ejercerse al margen de la ley. Y es precisamente esa lógica autoritaria la que Chile rechazó en el plebiscito de 1988 y en la posterior recuperación de la democracia en 1990.
52 años después, el país no puede darse el lujo de banalizar el golpe ni de tolerar discursos que lo justifiquen. La memoria colectiva es una herramienta para evitar que la historia se repita y para resistir la impunidad. En un contexto de crisis de confianza en las instituciones y en el sistema político; en un mundo que observa, pasmado, el ascenso de la ultraderecha global; en un tiempo en que la democracia liberal muestra sus límites y se perpetran genocidios a vista y paciencia del derecho internacional, el negacionismo no es solo un error histórico: es un peligro.
Recordar no es quedarse en el pasado, como nos quiere hacer creer la derecha. Recordar es entender que la democracia se defiende todos los días, con justicia y con verdad. Y hoy esa defensa comienza por decir las cosas con claridad: lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 fue un quiebre brutal contra la democracia, y cualquier intento de justificarlo es una amenaza para el futuro del país.
