EDITORIAL TSC /
Este año 2025 marca un hito en la historia reciente de Colombia con el anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro sobre la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este paso, presentado durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional a favor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) el pasado viernes 17 de octubre, representa un avance significativo en el proceso de esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas por organismos estatales. El decreto firmado por el mandatario no solo tiene relevancia institucional, sino que también responde a las exigencias de las víctimas y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.
El DAS, creado en 1960 y liquidado en 2011, fue durante décadas el principal organismo de inteligencia estatal en Colombia. Su historia está marcada por graves controversias, incluyendo denuncias de persecución política, interceptaciones ilegales, seguimientos a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, así como la comisión de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas.
Varios de sus directores enfrentaron procesos judiciales por graves violaciones a los derechos humanos, lo que evidenció una estructura institucional permeada por la ilegalidad y el abuso de poder. La liquidación del DAS fue consecuencia directa del escándalo de las “chuzadas” (interceptaciones telefónicas ilegales) y de la presión nacional e internacional por el respeto a los derechos fundamentales.
El decreto firmado por el presidente Petro ordena la apertura y desclasificación de archivos relacionados con inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, hasta ahora considerados de acceso restringido. En sus declaraciones, el Presidente subrayó que este acto responde al derecho de las víctimas a la verdad y a la memoria, y constituye una medida concreta de reparación simbólica.
El presidente Petro enfatizó que la transparencia es esencial para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y para garantizar que los hechos cometidos por el DAS no queden en la impunidad ni se repitan en el futuro.
La desclasificación de los archivos del DAS es fundamental para el proceso de esclarecimiento de las violaciones cometidas. El acceso a documentos de inteligencia y contrainteligencia permitirá reconstruir la cadena de mando, las operaciones encubiertas y los mecanismos de persecución utilizados por el organismo. Esto facilitará el reconocimiento de las víctimas, la identificación de responsables y la documentación de patrones sistemáticos de abusos.
Además, la apertura de información contribuye a la memoria histórica colectiva, permitiendo que la sociedad colombiana conozca la dimensión real de los crímenes y honre la dignidad de quienes sufrieron persecución y violencia estatal.
En el ámbito judicial, la desclasificación puede reactivar investigaciones estancadas, aportar nuevas pruebas en procesos penales y fortalecer la lucha contra la impunidad. El historial de los directores del DAS, muchos de ellos procesados y condenados por delitos graves, demuestra la necesidad de un acceso pleno a la información para esclarecer responsabilidades individuales y estructurales.
Para las víctimas, el anuncio abre la puerta a una reparación integral, que incluye no solo el reconocimiento oficial sino también la garantía de acceso a la justicia. El Estado asume así un compromiso renovado con la reparación, que trasciende lo simbólico y puede traducirse en medidas concretas de restitución y garantías de no repetición.
El alcance del decreto presidencial y las declaraciones de Gustavo Petro sugieren que la desclasificación de archivos podría extenderse a otros organismos de inteligencia del Estado, tales como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y unidades de inteligencia policial y militar. Esta posible ampliación tendría un impacto significativo en la transparencia institucional y en el acceso a la verdad sobre prácticas similares en otros sectores. La medida, por tanto, podría sentar un precedente para la rendición de cuentas y la democratización del acceso a la información estatal, fortaleciendo el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Colombia.
La desclasificación de los archivos del DAS constituye un paso decisivo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia. El anuncio del presidente Petro no solo responde a un reclamo histórico de las víctimas y la sociedad civil, sino que también representa un avance en el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
Si la medida se extiende a otros organismos de inteligencia, el impacto podría ser aún mayor, contribuyendo a la transformación profunda de las instituciones y a la consolidación de una democracia transparente y respetuosa de los derechos humanos. El desafío ahora es garantizar que la apertura de archivos se traduzca en acciones concretas de reparación y en un compromiso sostenido con la verdad y la justicia.
