POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN /
La política exterior de Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de agresividad bajo el mandato del presidente Trump, quien desde su posesión en enero ha desempolvado el Corolario Roosevelt y la Doctrina Monroe, revistiéndolos de un unilateralismo punitivo que amenaza la soberanía de América Latina. En lugar de promover relaciones de respeto mutuo, el gobierno estadounidense ha optado por el uso del poder fuerte—militar, económico y simbólico—como herramienta de coerción.
Las acciones recientes son elocuentes. Desde la pretensión de renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”, hasta la amenaza de retomar el Canal de Panamá, Trump ha desplegado una retórica imperial que recuerda los peores momentos de la diplomacia de las cañoneras. Más grave aún, ha impuesto sanciones económicas al presidente de la Corte Suprema de Brasil por juzgar a Bolsonaro, y ha castigado a Brasil con aranceles del 50 % por permitir que se investigue el intento de golpe de Estado contra Lula. A esto se suman aranceles del 10 % impuestos unilateralmente a todos los países, en abierta violación de los tratados de libre comercio, deportaciones de migrantes en condiciones humillantes, y el envío de personas a zonas de alto riesgo para los derechos humanos como Guantánamo y El Salvador.
Venezuela es un caso aparte. Van siete embarcaciones y sus tripulaciones destruidas por misiles lanzados desde una flota de buques de guerra y un submarino nuclear emplazado por Estados Unidos en el Mar Caribe en lo que hasta varios senadores de ambos partidos en ese país han calificado de ilegal y que amenaza con desencadenar un conflicto bélico en el continente.
Colombia no ha sido ajena a este embate. Se informa que uno de esos ataques afectó a ciudadanos colombianos. A ello se suman la descertificación por la lucha antidrogas y la reciente calificación del presidente Petro como “narcotraficante” por parte de Trump, acompañada de la suspensión de apoyo bilateral y amenazas de intervención militar, constituyen un punto de quiebre. Esta actitud no solo es ofensiva, sino que desconoce el papel de Colombia como actor clave en la región y como país comprometido con la paz y la democracia que ha puesto millares de muertos en la guerra contra las drogas. Sólo en los últimos días, 13 policías fueron abatidos durante un operativo de erradicación de cultivos de uso ilícito.
Lo que estamos presenciando es una reedición del monroísmo en tiempos de transición geopolítica. El mundo ya no es unipolar. El ascenso de China, el fortalecimiento de bloques regionales y la emergencia del Sur Global como actor político han modificado las reglas del juego. Persistir en una política exterior basada en la intimidación y el castigo es no solo anacrónico, sino contraproducente. América Latina ya no es el “patio trasero” de nadie. Es una región con voz propia, historia de resistencia y vocación integradora.
La respuesta no puede ser la sumisión ni el aislamiento. Debe ser la integración soberana. Es hora de seguir revitalizando a la CELAC, de reconstruir una UNASUR ampliada e impulsar un no alineamiento activo que permita a nuestros países diversificar sus relaciones comerciales, culturales y diplomáticas. La unidad de los débiles es la única vía para hacerse fuertes. Como lo planteamos en La Habana en enero de 2023 en el foro de la Internacional Progresista sobre el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), ya es hora de proscribir las sanciones unilaterales como armas de coerción y garantizar la autodeterminación de los pueblos.
La historia nos enseña que cuando América Latina se une, avanza. Cuando se dispersa, retrocede. La coyuntura actual exige una decisión inequívoca: dejar de ser repúblicas vasallas, reconducir las relaciones con EE.UU. sobre bases de respeto mutuo y reafirmarnos como naciones soberanas que trazan su propio destino. Frente al garrote, respondamos con integración. Frente al matoneo, con dignidad. Frente al unilateralismo, con multilateralismo solidario.
