POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ
Les dieron un arma antes de aprender a escribir su nombre: Guaviare y el deber de un gobierno progresista de proteger a la niñez
Siete menores, de entre 14 y 17 años, reclutados por las disidencias de las FARC, murieron en un bombardeo de la Fuerza Pública, durante una operación de persecución inmediata en Calamar, Guaviare. La Defensoría del Pueblo cuestionó la compatibilidad del ataque con los estándares de protección reforzada de la niñez; Medicina Legal confirmó las edades; la oposición anunció moción de censura al Ministro de Defensa; y el presidente Gustavo Petro defendió la legalidad de la acción, señalando la responsabilidad del grupo armado.
El país, una vez más, queda frente a una pregunta dolorosa y urgente: ¿cómo proteger la vida sin traicionar el principio fundamental de que ningún niño, bajo ninguna circunstancia, deja de ser niño?
Hay momentos en los que Colombia necesita detenerse, no para quedarse inmóvil, sino para pensar con claridad. El bombardeo en Guaviare, que terminó con la vida de siete adolescentes reclutados forzosamente por las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), es uno de esos momentos. No basta con revisar el operativo en el lenguaje técnico del Derecho Internacional Humanitario. Tampoco es suficiente señalar la responsabilidad —real y criminal— del grupo armado. Lo que está en juego es más profundo: ¿qué significa proteger cuando la guerra convierte a los más indefensos en escudos? ¿Cómo se sostiene una democracia cuando la niñez se convierte en blanco colateral?
Las cifras son frías, pero hablan. En los primeros tres meses de 2025 se han documentado al menos 21 nuevos casos de reclutamiento infantil. El ICBF acompaña más de mil procesos activos de niñas y niños afectados por el conflicto armado. Naciones Unidas alerta sobre más de 22.000 menores víctimas de conflictos en este año. Colombia sigue apareciendo entre los países más críticos.
Los menores que murieron en Guaviare no eran combatientes por convicción. Eran adolescentes rurales —indígenas, en su mayoría— muchachos sin más opción que la fuga o el fusil. Parafraseando al poeta Ben Okri, les dieron un arma antes de aprender a escribir su nombre.
El EMC no solo recluta: instrumentaliza la niñez, la posiciona como centinela, como fuerza de vigilancia, como escudo. Esa práctica es un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, sin matiz posible. Pero lo que define a un Estado no es solo a quién combate, sino cómo decide hacerlo. La Convención sobre los Derechos del Niño, los Principios de París y los compromisos firmados por Colombia, exigen protección reforzada para todo menor, especialmente si ha sido forzado a participar en el conflicto.
La operación militar en Guaviare se dio en condiciones de hostigamiento, en un escenario de persecución inmediata. El presidente Petro defendió la acción bélica en el marco jurídico y humano, y subrayó la responsabilidad del grupo armado por exponer a menores. Y es cierto: toda operación debe analizarse en contexto. Pero la legalidad no siempre agota el problema. Cumplir la ley es el mínimo; el máximo es no olvidar el sentido humano.
Ahí radica el verdadero desafío de un gobierno progresista: ser firme en profundizar la democracia con una voluntad de cambio que articule autoridad, inclusión y justicia social. La fuerza del Estado no se contradice con su humanidad: se mide, justamente, por la capacidad de proteger incluso en las circunstancias más difíciles. Esa es la línea que separa a un Estado democrático de un actor ilegal: uno protege mientras todo arde; el otro destruye para sobrevivir.
Algunos sectores han reaccionado desde la trinchera y su miopía sesgada. Unos acusan incoherencia política; otros reclaman mayor contundencia militar. Pero si esta tragedia se reduce a un arma electoral, el país pierde. La conversación necesaria no es sobre quién grita más fuerte, sino sobre cómo evitamos que más niños mueran en decisiones de adultos que no supieron protegerlos.
Lo razonable — y, sobre todo, lo justo— es que esta tragedia derive en un cambio real, no solo en comunicados. Hay al menos tres rutas posibles: una política sostenida de prevención del reclutamiento que implique educación, protección social, presencia estatal efectiva, corredores humanitarios y alertas tempranas que funcionen de verdad. También una actualización operativa que reconozca el riesgo: inteligencia más precisa, tecnología avanzada, vigilancia no letal cuando sea viable, coordinación visible entre Fuerza Pública, ICBF y Defensoría, y priorización de operaciones terrestres cuando haya indicios de presencia infantil. Así como una comunicación pública empática que reconozca el dolor de las familias y reafirme, sin ambigüedad, que los derechos de la niñez no se negocian.
Este no es un llamado ingenuo. Quienes gobiernan lo saben: la política de paz no se hace eficaz con eslóganes, sino con decisiones difíciles, revisiones honestas y un compromiso radical con la ética pública.
La legitimidad del proceso de paz depende de que el Estado sea capaz de proteger la vida, incluso cuando del otro lado hay quien usa a los niños como escudo. La voluntad de paz se demuestra con hechos concretos y reclutar forzosamente a niñas y a niños, o usarlos como escudos humanos, no se justifica, es un despropósito y una razón de los sinrazón.
Colombia ha vivido demasiado tiempo entre sombras. Pero incluso en la noche más larga, basta la risa de un niño para recordar lo que estamos intentando salvar. Que Guaviare no sea un punto final, sino un principio: el momento en que decidimos, por fin, que nuestros hijos no volverán a morir por decisiones que los adultos no supieron evitar.
Que nunca más tengamos que contarlos entre los caídos, sino entre quienes tienen derecho a escribir su historia con lápiz, no con pólvora; con juegos y no con armas; con risas y no con balas. Allí empieza, de verdad, el cambio.
