EDITORIAL TSC /

Un escenario de creciente confrontación política en el que confluyen además la influencia externa y las denuncias de manipulación electoral.

Colombia atraviesa una coyuntura política marcada por una alta pugnacidad, donde el encono y la confrontación entre sectores se han intensificado en los últimos años. La administración de Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país, ha enfrentado una serie de desafíos provenientes de la ultraderecha, que ha desplegado diversas estrategias para desestabilizar el Gobierno y alterar el panorama electoral de cara a las elecciones de 2026 acudiendo a sectores externos, amenazando la frágil integridad democrática.

La ultraderecha colombiana ha perfeccionado el uso de canales digitales, especialmente las redes sociales, para la difusión masiva de narrativas de odio y desinformación. Plataformas como X (antes Twitter), Facebook, TikTok y WhatsApp se han convertido en herramientas clave para la construcción de tendencias, el ataque coordinado a figuras del Gobierno, y la amplificación de mensajes que apelan al miedo y la incertidumbre. El ecosistema mediático corporativo, por su parte, ha jugado un papel central al legitimar y reproducir estos discursos, en la mayoría de los casos sin ningún rigor periodístico, contribuyendo a la erosión de la confianza pública.

Adicionalmente, actores internacionales han intervenido de manera directa e indirecta en el debate político, ya sea a través de declaraciones públicas, financiamiento de organizaciones y think tanks, o mediante campañas de presión diplomática. Estas acciones apuntan a influir tanto en la opinión pública como en las decisiones de las instituciones nacionales, exacerbando la pugnacidad existente.

La relación histórica entre Colombia y Estados Unidos se ha caracterizado por la presencia de intereses estratégicos y económicos que trascienden los gobiernos de turno. En el contexto actual, diversas voces han señalado la injerencia del Gobierno estadounidense, particularmente en el respaldo a sectores opositores a Petro y en la promoción de políticas alineadas con sus intereses regionales. El caso de la llamada «lista Clinton», que en el pasado ha implicado la inclusión de funcionarios y empresarios colombianos en listas de vigilancia financiera, es un ejemplo de cómo mecanismos externos pueden ser utilizados como herramientas de presión política y económica, generando un clima de desconfianza y temor entre actores clave.

Una de las denuncias más graves que ha sacudido el ambiente preelectoral es la presunta compra de votos mediante préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según lo denunció el propio presidente Petro en Cali el pasado viernes 21 de noviembre, estos recursos habrían sido canalizados a través de Alcaldías en ciudades principales como Cali y Medellín, con el objetivo de influir en votantes y asegurar resultados favorables a determinados sectores. La implicación de los alcaldes de estas y otras ciudades intermedias, quienes habrían facilitado su institucionalidad para lograr fondos bajo el pretexto de programas sociales, ha abierto un preocupante debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Si bien la investigación aún está en curso y no se han presentado pruebas definitivas ante la justicia, la mera existencia de estas denuncias evidencia el riesgo de prácticas clientelistas y la instrumentalización de recursos internacionales para fines políticos, lo que constituye una amenaza directa a la legitimidad electoral.

La ultraderecha ha recurrido sistemáticamente a la construcción de narrativas de miedo como estrategia para movilizar a sus bases y deslegitimar al Gobierno. Discursos flasos que asocian la gestión de Petro con el “castrochavismo”, el colapso económico y la inseguridad han sido difundidos tanto en medios tradicionales como en redes sociales, apelando a emociones y prejuicios antes que a datos verificables. Esta táctica busca generar un clima de zozobra y rechazo, favoreciendo la abstención o el voto opositor, y dificultando la formación de un debate público informado y plural.

La manipulación de la opinión pública por parte de la ultraderecha mediante fake news, campañas de desprestigio y la amplificación de rumores constituye un riesgo serio para la calidad democrática, ya que distorsiona la percepción ciudadana y debilita la capacidad de toma de decisiones racionales.

La combinación de estrategias de desinformación, influencia externa y presuntas prácticas corruptas si no se denuncian a tiempo y se les pone freno pueden tener un impacto profundo en la estabilidad política del país. La creciente desconfianza en las instituciones, el debilitamiento del debate público y la amenaza a la integridad electoral son síntomas de una democracia en tensión.

Si no se fortalecen los mecanismos de control, transparencia y educación cívica, existe el riesgo de que la pugnacidad política derive en crisis institucionales y en la erosión de los valores democráticos fundamentales.

La instrumentalización del miedo y la pugnacidad política extrema pueden desencadenar escenarios de violencia y exclusión, donde el adversario político es visto como enemigo, y no como un actor legítimo dentro del pluralismo democrático. Esto pone en peligro la posibilidad de construir consensos y avanzar hacia reformas necesarias para el desarrollo nacional.

El panorama político colombiano exige una vigilancia constante por parte de la ciudadanía, los sectores sociales y la comunidad internacional. Es fundamental que las denuncias de corrupción y manipulación electoral sean investigadas con rigor, y que se promueva un debate público basado en hechos y argumentos. Solo a través de la defensa activa de los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad será posible superar la actual pugnacidad política y garantizar elecciones libres, transparentes y legítimas en 2026.

La democracia colombiana se encuentra en una encrucijada: la sociedad debe decidir si cede ante la guerra sucia, la manipulación y el odio que despliega la ultraderecha, o si apuesta por la construcción colectiva de un país justo, plural y respetuoso de las diferencias.

El compromiso de todos los actores políticos comprometidos con el progreso y la estabilidad social del país será crucial para evitar la degradación del sistema democrático y asegurar el futuro de Colombia.