POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ
El 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga, el Estado colombiano disparó contra miles de trabajadores bananeros que reclamaban derechos básicos: salario en dinero, jornada digna, indemnizaciones, reconocimiento sindical. Un siglo después, la pregunta es inevitable: ¿hemos cambiado lo suficiente para honrar a esos muertos?
Los datos no permiten engaños. La informalidad laboral nacional es del 55,3 %; en el campo asciende al 83,2 %. Más del 80 % del sector agropecuario —donde trabajan 3,2 millones de colombianos— sigue sin contrato ni protección. La sindicalización apenas alcanza el 4,6 %. La mitad de los trabajadores no cotiza a pensión. La brecha salarial de género sigue en el 12 %. Y la informalidad en microempresas es del 84,7 %. Si las cifras no fueran de 2024–2025, podrían ser del informe de 1929.
No es casualidad. Como demuestra el estudio de Pearce y Velasco (Élites, poder y principios de dominación en Colombia, 1991–2022), el país ha estado regido por una constelación de 1.281 personas —el 0,02 %— que históricamente han vetado reformas sociales clave. La reforma laboral reciente lo evidenció: primero archivada, luego debilitada, finalmente sancionada como Ley 2466 de 2025, todavía bajo riesgo de quedar “en letra muerta”.
En el Caribe, esta historia duele más. García Márquez y Cepeda Samudio transformaron la masacre en mito y en herida literaria para evitar que se borrara. Pero la deuda sigue: Ciénaga y la Zona Bananera viven aún con los mismos problemas que motivaron la huelga de 1928.
El centenario no puede ser un acto simbólico. Colombia debe reconocer la masacre como crimen de Estado, cumplir la Ley 2466, crear un Museo Nacional de la Masacre, impulsar un Fondo de Desarrollo Bananero y construir un pacto social por el trabajo digno.
Un país que después de cien años sigue sin garantizar derechos básicos a quienes producen su riqueza, no ha aprendido la lección de 1928.
