EDITORIAL TSC /

El ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe que hace parte decisiva de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. constituye un graves riesgo para el proceso democrático en América Latina y para Colombia, en particular, que en 2026 tiene una cita en las urnas para renovar el Congreso y escoger el nuevo Presidente de la República.

El pasado viernes 5 de diciembre de 2025, la administración estadounidense encabezada por Donald Trump presentó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, cuyo eje central es el denominado ‘Corolario Trump’. Esta premisa redefine la política exterior de EE.UU. hacia América Latina y Occidente, apostando por la consolidación de su hegemonía y la expansión de su influencia, incluso mediante la intervención directa en procesos electorales y el respaldo explícito a fuerzas políticas alineadas con sus intereses.

El ‘Corolario Trump’ marca un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas, situando a la región en el centro de las disputas geopolíticas y reconfigurando el mapa político latinoamericano.

La descarada intervención estadounidense en las recientes elecciones de Argentina (legislativas) y Honduras (presidenciales) durante los últimos dos meses ha sido ampliamente documentada por medios y analistas internacionales. En Argentina, Washington apoyó la campaña del sector fascista que lidera el cuestionado mandatario Javier Milei anunciando un millonario empréstito para cubrir las afugias económicas del Gobierno inclinando el resultado electoral, mientras que en Honduras se evidenciaron presiones diplomáticas y tecnológicas para favorecer al candidato afín a la Casa Blanca. Estos episodios ilustran el alcance de la nueva política injerencista, que busca asegurar gobiernos alineados con la agenda trumpista y contrarrestar el avance de movimientos progresistas en el continente.

Colombia se perfila como el próximo escenario clave para la aplicación del ‘Corolario Trump’. El Gobierno de Gustavo Petro ha sido objeto de una campaña sistemática de estigmatización por parte de la administración Trump y sectores de la ultraderecha colombiana, quienes lo acusan de poner en riesgo la estabilidad democrática y de supuestos vínculos con actores considerados hostiles por Washington. La inclusión de Petro en la llamada ‘lista Clinton’—un mecanismo de sanción que restringe relaciones y acceso a recursos internacionales—ha intensificado la presión sobre el ejecutivo colombiano y alimentado narrativas de deslegitimación.

A esto se suma que líderes de la ultraderecha colombiana han viajado a Washington en repetidas ocasiones para solicitar la intervención directa de EE.UU. e incluso promover la idea de un golpe de Estado, bajo el argumento de “salvar la democracia”. Estas acciones evidencian la articulación de intereses entre sectores locales y la agenda geopolítica estadounidense, y anticipan un escenario de alta tensión de cara a las elecciones de 2026.

El panorama político colombiano se ve agravado por la crisis de legitimidad que enfrenta la ultraderecha tras las condenas judiciales contra Álvaro Uribe Vélez y su hwermano Santiago Uribe. Estos fallos han debilitado la narrativa de autoridad moral y liderazgo tradicional de la derecha, generando un vacío estratégico que la administración Trump ha intentado llenar mediante el respaldo a nuevos actores y el fortalecimiento de alianzas con sectores ultraconservadores emergentes. La pérdida de legitimidad de figuras emblemáticas ha obligado a la ultraderecha a recurrir a estrategias más radicales y a buscar apoyo externo para recuperar influencia y poder.

Las acciones dirigidas a desestabilizar al Gobierno Petro y afectar el proceso electoral de 2026 incluyen campañas de desinformación, judicialización de funcionarios, presión internacional y generación de miedo en la opinión pública. El objetivo es crear un clima de incertidumbre que favorezca la intervención extranjera y legitime la imposición de modelos políticos ajenos a la voluntad popular. Estas estrategias, impulsadas tanto por actores internos como externos, amenazan la integridad del proceso democrático y ponen en riesgo la estabilidad institucional de Colombia.

La política injerencista adoptada por EE.UU. bajo el ‘Corolario Trump’ tiene profundas implicaciones geopolíticas para América Latina. Por un lado, refuerza la dependencia de los sistemas políticos nacionales respecto a los intereses de Washington, socavando la soberanía y autonomía de los Estados.

Por otro, exacerba las divisiones internas y debilita los procesos democráticos, al priorizar la estabilidad de gobiernos aliados sobre el respeto a la voluntad ciudadana. En el caso colombiano, la intervención estadounidense puede derivar en una pugnacidad extrema, el debilitamiento de las instituciones y el riesgo de conflictos sociales de gran escala.

A nivel regional, la consolidación de la hegemonía estadounidense bajo el liderazgo de Trump reconfigura los equilibrios de poder y limita el margen de maniobra de proyectos alternativos, como los impulsados por gobiernos progresistas. La instrumentalización de la política exterior como herramienta de presión y control amenaza la construcción de una América Latina más autónoma y plural, y dificulta la articulación de respuestas colectivas frente a desafíos globales como la desigualdad, la crisis climática y la migración.

La presentación del ‘Corolario Trump’ y la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. marcan el inicio de una etapa de mayor confrontación y disputa geopolítica en América Latina. Para enfrentar los riesgos derivados de la intervención extranjera y fortalecer la democracia regional, es fundamental promover el diálogo entre fuerzas políticas democráticas, defender la autonomía institucional, promover la movilización ciudadana y consolidar mecanismos de transparencia electoral.

La región debe apostar por la cooperación y la integración, priorizando el respeto a la soberanía y el fortalecimiento de sistemas democráticos capaces de resistir presiones externas y garantizar la participación ciudadana.

El futuro de Colombia y América Latina dependerá de la capacidad de sus sociedades y líderes para enfrentar los desafíos planteados por la política injerencista estadounidense y construir alternativas que respondan a las necesidades y aspiraciones de sus pueblos, afianzando principios fundamentales como la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la democracia, la garantía de los derechos humanos y la justicia social.