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La senadora Clara López Obregón celebró la aprobación de la reforma a la Ley 30 de 1992 que constituye una lucha de varias décadas de la comunidad estudiantil por un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas, garantizando recursos adicionales y sostenibles en el tiempo.

La iniciativa legal promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue aprobada en cuarto y último debate en la Cámara de Representantes el pasado lunes 15 de diciembre. La senadora López Obregón explicó que, a partir de la promulgación de la ley, el aumento de los recursos que el Estado les gira anualmente a las universidades e institutos públicos se calculará con base en el Índice de Costos de Educación Superior (Ices), y no sobre el Índice de Precio al Consumidor (IPC), que es la misma inflación.

En la práctica significa más plata para las universidades e institutos públicos porque históricamente la variación del Ices ha estado por encima de la inflación. Por ejemplo, en 2024, el IPC fue del 5,2% y el Ices de 8,4%. Lo que se busca con esta nueva ley es una reducción del déficit que ronda los 20 billones en los últimos 30 años.

La reforma presentada por el Ministerio de Educación en cabeza de Daniel Rojas y en el camino fue encontrando aliados en todos los partidos políticos y constituye un hito de las luchas estudiantiles en favor del financiamiento digno y sostenible de la universidad pública.

“Para garantizar la sostenibilidad de las nuevas seccionales, sedes o lugares de desarrollo creadas para ampliar la oferta de educación superior, se dispondrán recursos adicionales provenientes de los aportes del Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, los cuales harán parte de la base presupuestal de las universidades oficiales o estatales, siempre que dichas seccionales, sedes o lugares de desarrollo permanezcan en operación”, expresa uno de los apartes de la nueva ley que en breve pasará a sanción presidencial.