RESUMEN AGENCIAS /

El informe anual de Oxfam, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos y complementado por la separata regional para América Latina y el Caribe, pone de relieve una problemática persistente en la región: la concentración de riqueza y la desigualdad social. Colombia, según el estudio, ocupa el cuarto puesto entre los países de Latinoamérica con mayor concentración de riqueza, lo que evidencia un escenario de extrema disparidad y exclusión social, no obstante los ingentes esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro por mitigar estas desigualdades.

Oxfam destaca que, en Colombia, los niveles de concentración de riqueza se encuentran entre los más altos de la región, solo superados por Brasil, Chile y México. El informe revela que el 1 % más rico de la población posee una proporción significativa del total de activos nacionales, mientras que las clases medias y bajas enfrentan dificultades crecientes para acceder a oportunidades económicas. Esta brecha se ha ampliado en la última década, impulsada por dinámicas globales y políticas internas que favorecen la acumulación de riqueza en manos de unos pocos.

La concentración de riqueza tiene efectos directos en la vida cotidiana de millones de colombianos. La desigualdad se traduce en acceso limitado a servicios básicos como educación, salud y vivienda, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. El informe de Oxfam señala que los índices de pobreza multidimensional siguen siendo elevados, y que la falta de movilidad social afecta especialmente a mujeres, comunidades rurales y poblaciones indígenas.

Las diferencias territoriales se agravan, con regiones como el Pacífico y la Amazonía rezagadas en indicadores de bienestar.

Sistema tributario colombiano: características regresivas y efectos en los más desfavorecidos

 

Uno de los factores que contribuyen a la persistencia de la desigualdad es el sistema tributario colombiano, calificado por Oxfam como regresivo. La estructura fiscal privilegia impuestos indirectos, como el IVA, que afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, mientras que la tributación directa a la riqueza y a las utilidades corporativas sigue siendo limitada. Esto dificulta la redistribución de recursos y limita la capacidad del Estado para financiar políticas sociales efectivas.

Además, la evasión y elusión tributaria por parte de grandes capitales agravan la situación y debilitan la confianza en el sistema.

El informe subraya que la concentración de riqueza no solo tiene implicaciones económicas, sino también políticas. El poder económico ejerce una influencia significativa sobre las instituciones democráticas, lo que puede traducirse en captura regulatoria, corrupción y debilitamiento de los mecanismos de control ciudadano.

En Colombia, los grandes conglomerados empresariales y financieros ostentan una capacidad de lobby que condiciona la formulación de políticas públicas, afectando la transparencia y la representatividad democrática. Este fenómeno pone en riesgo la legitimidad del sistema y aumenta el descontento social.

El Gobierno de Gustavo Petro ha impulsado diversas políticas orientadas a reducir la desigualdad, como reformas tributarias progresivas, ampliación de programas sociales y fortalecimiento de la educación pública, muchas de las cuales han sido frenadas por los sectores de oposición de derecha ya sea en el Congreso o en instancias judiciales.

La gestión de hondo calado social del Gobierno Petro ha tenido limitaciones, señala Oxfam, por la resistencia de sectores privilegiados, el alto grado de pugnacidad política y las dificultades para implementar cambios estructurales. La brecha entre la intención de las reformas y su impacto real sigue siendo considerable, y el reto de transformar el modelo económico persiste como una tarea pendiente.

El informe anual de Oxfam y su separata regional ofrecen una radiografía crítica de la situación socioeconómica colombiana. La concentración de riqueza y la desigualdad representan desafíos profundos que requieren respuestas integrales y sostenidas. Es imperativo avanzar, señala el reporte, hacia un sistema tributario más justo, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Los esfuerzos del Gobierno Petro, aunque relevantes, deben superar obstáculos estructurales y contar con el respaldo de la sociedad civil para lograr transformaciones efectivas. Solo así será posible construir un país más equitativo, donde el desarrollo y la prosperidad sean accesibles para todos.