POR OMAR ROMERO DÍAZ
En Colombia hay una verdad que cada vez más gente siente en la piel: las altas cortes no están decidiendo para el pueblo, sino para los mismos de siempre. No legislan pensando en la vida real de la gente trabajadora, sino desde escritorios cómodos, con sueldos altísimos y alejados de la calle.
Las cortes deberían ser guardianas de la Constitución y de los derechos, pero hoy muchas decisiones parecen responder más a conveniencias políticas que al interés general.
La justicia de arriba no vive como el pueblo
Mientras millones de colombianos sobreviven con salarios mínimos, pensiones miserables o sin pensión, los magistrados: ganan salarios que superan los 40 millones de pesos mensuales. Tienen esquemas de seguridad, carros, privilegios. No sienten el rebusque, el desempleo ni la informalidad
Desde esa realidad tan distinta, deciden sobre la vida de todos. Y ahí está el problema. La reforma pensional es un ejemplo claro.
La reforma pensional no nació para quitar derechos, sino para garantizar que más personas puedan pensionarse, especialmente quienes nunca lograron cotizar lo suficiente porque trabajaron en la informalidad o en el campo.
Pero ¿qué pasa? Se represa. Se dilata. Se frena desde instancias judiciales y políticas.
Otro ejemplo claro es la ponencia del cuestionado magistrado Carlos Camargo sobre el Decreto de Emergencia Económica. No puede entenderse como un acto aislado o puramente técnico es el resultado de un sistema judicial profundamente condicionado por acuerdos políticos e intereses tradicionales, que exige una transformación estructural para que la justicia realmente se ejerza al servicio de la sociedad, no de la oligarquía que esta blindada para proteger sus poderosos intereses económicos representados en fondos privados, bancos y élites financieras.
Las altas cortes no fallan para el pueblo, y cuando el Congreso intenta legislar en su favor, muchas veces lo bloquean con argumentos “técnicos” que nadie en la calle entiende, pero que siempre terminan favoreciendo a los mismos sectores.
Otro punto clave: los magistrados de las altas cortes no llegan por voto popular, llegan por acuerdos políticos en el Congreso. Eso significa que les deben favores a partidos tradicionales. Responden a pactos entre élites.
Por eso muchas decisiones no huelen a justicia, sino a política disfrazada de derecho. Y es el pueblo el que termina pagando las consecuencias.
Cuando una corte tumba o frena reformas sociales, el pueblo sigue sin pensión, el trabajador sigue sin derechos reales. La desigualdad se mantiene.
Y luego nos dicen que “es por la Constitución”, cuando en realidad es por el malhadado modelo económico que siempre ha defendido el establishment. Cambiar las altas cortes no es atacar la justicia.
Que quede claro: esto no es estar contra la justicia, es estar a favor de una justicia verdadera.
Cambiar las altas cortes significa democratizar su elección; quitarles el control a las élites políticas; hacer que respondan al interés general; que fallen pensando en la gente y en el interés general, no en los poderosos.
Si las altas cortes siguen actuando como un muro contra las reformas sociales, el país no va a cambiar. Si siguen legislando desde el privilegio, el pueblo seguirá pagando los platos rotos.
Por eso, urge cambiar la estructura de las altas cortes. No para debilitarlas, sino para devolverles su razón de ser: servir al pueblo colombiano. Porque una justicia que no protege al pueblo no es justicia.
