EDITORIAL TSC /

Durante el último año, Bogotá ha enfrentado una crisis multidimensional caracterizada por la grave problemática en la recolección de basuras y un notorio aumento de la inseguridad ciudadana. Este fenómeno, lejos de ser un episodio aislado, refleja profundas tensiones estructurales en la capital colombiana, afectando la vida cotidiana, la percepción de bienestar y la cohesión social, lo que demanda respuestas oportunas por parte de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán, ante el clamor de la ciudadanía.

La recolección de residuos sólidos en Bogotá ha colapsado en varios sectores, con acumulaciones notorias en vías principales, parques y barrios periféricos. Se estima que la ciudad produce diariamente entre 6.500 y 7.000 toneladas de basura, volumen que supera la capacidad operativa de los servicios actuales. Las causas son múltiples: retrasos en la renovación de contratos de aseo, fallas logísticas en la flota de recolección, conflictos laborales y la falta de articulación entre entidades distritales. Los puntos más críticos se presentan en localidades densamente pobladas como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, donde la basura permanece días o semanas sin ser recogida.

La acumulación de basuras en el espacio público ha generado proliferación de vectores y nuevos focos de contaminación. Los riesgos sanitarios incluyen el aumento de enfermedades infecciosas, alergias respiratorias y problemas gastrointestinales, especialmente en niños y adultos mayores.

Además, la manipulación informal de residuos por habitantes de calle, quienes separan y esparcen desechos en busca de materiales reciclables, agrava el panorama: se estima que más de 14.000 personas en situación de calle intervienen diariamente en el manejo irregular de residuos, exponiéndose y exponiendo a la comunidad a patógenos y accidentes. El deterioro del espacio público es visible en parques, plazas y paraderos de transporte, donde la basura afecta la movilidad peatonal y la imagen urbana.

Paralelamente, Bogotá ha experimentado un incremento sostenido en los índices de inseguridad. La percepción ciudadana de inseguridad supera el 75 %, según encuestas recientes, y los delitos de alto impacto —como hurtos, atracos y homicidios— han aumentado en un 18 % respecto al año anterior.

Factores como el desempleo, el hacinamiento en zonas marginales y la presencia de redes criminales han alimentado esta tendencia. El abandono de espacios públicos por la acumulación de basura también ha facilitado la aparición de “zonas de miedo”, donde la presencia policial es escasa y la ciudadanía evita transitar.

Un aspecto preocupante es el incremento de la violencia de género en este periodo de crisis. Los reportes de violencia intrafamiliar y agresiones sexuales han aumentado en un 22 %, fenómeno asociado tanto al deterioro social como a la falta de intervención oportuna por parte de las autoridades. La precarización de servicios públicos y el estrés comunitario han exacerbado conflictos domésticos, mientras que la inseguridad en el espacio público limita la movilidad y la autonomía de mujeres y niñas. Otros indicadores, como el ausentismo escolar y el deterioro de la salud mental, también muestran una tendencia negativa.

La Administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, ha sido objeto de fuertes críticas por la lentitud en la respuesta y la aparente falta de coordinación interinstitucional. Si bien se han anunciado planes de choque y alianzas con el sector privado para mejorar la recolección de basuras, los resultados han sido limitados y la percepción de ineficacia persiste.

Los retrasos en obras públicas, como la renovación de estaciones de transferencia y el mantenimiento vial, han profundizado el descontento ciudadano. Las audiencias públicas y los cabildos abiertos reflejan una demanda creciente de transparencia, eficiencia y participación en la toma de decisiones.

La crisis ha tenido un impacto directo en la calidad de vida de los bogotanos. El sentimiento generalizado de deterioro se expresa en la desconfianza hacia las instituciones, el aumento de la migración interna y la pérdida de sentido de pertenencia.

La afectación al entorno urbano repercute en la salud, la economía local (por ejemplo, comercios que pierden clientela debido al desaseo urbano e inseguridad) y la cohesión barrial. El tejido social se debilita ante la prevalencia de la ley del más fuerte y la naturalización de escenarios de riesgo.

La crisis de basuras e inseguridad en Bogotá es un fenómeno complejo que exige respuestas integrales y sostenidas. Si no se revierte la tendencia, la ciudad podría enfrentar brotes epidémicos, mayor segregación social y una profundización de la crisis de confianza en la administración pública.

El futuro de Bogotá está en juego y su viabilidad dependerá de la capacidad de liderazgo de la Administración del alcalde Galán, quien tiene el compromiso y responsabilidad de exhortar a la corresponsabilidad de todos los actores sociales y políticos de la capital.