POR ALONSO YUPANQUI DE LA CHIRA /
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, representa una promesa colectiva sin precedentes: abordar los desafíos más urgentes de la humanidad a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas concretas. Sin embargo, a menos de cuatro años del plazo final, el mundo se enfrenta a la constatación de que la mayoría de estos objetivos están lejos de cumplirse debido en buena medida a factores como la falta de voluntad política, la influencia de intereses económicos globales y el estancamiento de los avances, así como en la necesidad urgente de replantear estrategias ante la inminente posibilidad de incumplimiento.
El diseño de la Agenda 2030 combinó una visión ambiciosa con un lenguaje inclusivo y movilizador. Su narrativa oficial insiste en el lema «no dejar a nadie atrás», promoviendo la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la acción climática y la prosperidad compartida.
No obstante, la retórica de la Agenda ha resultado ser, en muchos casos, un ejercicio de diplomacia simbólica más que un compromiso real con la transformación estructural necesaria. El consenso logrado en su adopción fue, en parte, el producto de compromisos mínimos que evitaron confrontar intereses económicos y políticos profundamente arraigados.
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Desconexión entre discurso y realidad: influencia de intereses económicos y grandes corporaciones
La brecha entre el discurso oficial y la realidad se hace evidente al analizar la influencia que ejercen los intereses económicos globales y las grandes corporaciones transnacionales en la implementación de los ODS. Si bien el sector privado fue incorporado como actor clave, su participación ha tendido a priorizar la responsabilidad social empresarial y el «greenwashing» (estrategia de marketing engañosa en la que empresas aparentan ser respetuosas con el medio ambiente sin llevar a cabo modificaciones sostenibles reales) sobre cambios estructurales en los modelos de producción y consumo. En muchos casos, los compromisos asumidos por las empresas no son vinculantes ni verificables, lo que limita su impacto real y perpetúa dinámicas de desigualdad y degradación ambiental.
Los informes de seguimiento de Naciones Unidas y organismos independientes muestran un panorama preocupante: más de la mitad de las metas de los ODS avanzan a un ritmo insuficiente o incluso han experimentado retrocesos. La pobreza extrema, lejos de erradicarse, ha aumentado en ciertas regiones tras la pandemia de Covid-19. El hambre, la inseguridad alimentaria y la desigualdad socioeconómica persisten y, en algunos países, se han agravado.
En materia ambiental, la crisis climática se acelera, mientras que la pérdida de biodiversidad y la contaminación continúan en ascenso. Estos datos evidencian que el progreso es, en el mejor de los casos, desigual y, en el peor, ilusorio.
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El estancamiento de la Agenda 2030 responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales. En primer lugar, la falta de voluntad política se traduce en insuficiente financiación para la agenda social, ambiental y climática. Los compromisos de ayuda oficial al desarrollo siguen lejos de los niveles prometidos, y los flujos financieros internacionales continúan favoreciendo a los países más ricos y a los sectores rentistas. La desigualdad, tanto entre países como dentro de ellos, limita la capacidad de respuesta de los Estados más vulnerables.
La pandemia de Covid-19 representó un golpe devastador, exacerbando brechas preexistentes, desviando recursos y generando una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. A esto se suma la creciente fragmentación geopolítica, marcada por tensiones entre grandes potencias, guerras comerciales y una débil gobernanza multilateral. Estos elementos dificultan la coordinación global y la adopción de respuestas colectivas efectivas.
La desconfianza hacia las instituciones multilaterales y los gobiernos nacionales ha crecido en los últimos años, alimentada por el incumplimiento reiterado de compromisos, la percepción de corrupción y la falta de transparencia. Este ambiente erosiona la legitimidad de la Agenda 2030 y dificulta la movilización social y política necesaria para su cumplimiento. La arquitectura internacional muestra signos de agotamiento y falta de adaptabilidad ante los desafíos actuales, evidenciando la necesidad de reformas profundas.
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En el contexto actual, fenómenos como el “nearshoring” (relocalización de cadenas de suministro más cerca de los mercados de consumo) y la carrera tecnológica global (particularmente en Inteligencia Artificial y energías limpias) reconfiguran las prioridades de los Estados y las empresas. Si bien estas tendencias pueden ofrecer oportunidades para la diversificación productiva y la transición verde, también corren el riesgo de profundizar desigualdades y desplazar aún más la atención de los objetivos sociales y ambientales de la Agenda 2030, en ausencia de una gobernanza global efectiva.
El fracaso inminente de la Agenda 2030 debe interpretarse además como la falacia que encierra el concepto de “desarrollo sostenible” dentro de un sistema inequitativo y rapaz como el capitalismo al tiempo que constituye una advertencia sobre la insuficiencia de la retórica y la urgencia de la acción estructural.
Concepción engañosa y contradictoria
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En efecto, el concepto de “desarrollo sostenible” ha adquirido gran relevancia en el discurso global, presentándose como la solución ideal para armonizar el progreso económico con la protección ambiental y la equidad social. Sin embargo, este término es falaz y contradictorio cuando se analiza desde la realidad de un sistema capitalista, caracterizado por la desigualdad, la codicia y una competitividad que, lejos de fomentar la cooperación, implica la negación del otro y el afán desmedido de ganancia.
El capitalismo, por definición, prioriza la acumulación de capital y la maximización de beneficios, lo que se traduce en una explotación intensiva de recursos naturales y humanos. En este contexto, la sostenibilidad se convierte en un ideal inalcanzable, ya que las dinámicas del sistema requieren crecimiento constante, lo cual inevitablemente genera desequilibrios ecológicos y profundiza la desigualdad social.
La codicia y la competitividad, motores del capitalismo, perpetúan la exclusión de quienes no logran adaptarse a las reglas del mercado, relegando a amplios sectores de la población y vulnerando el principio de equidad que debería estar en el centro de cualquier desarrollo verdaderamente sostenible.
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En muchos casos, el concepto de desarrollo sostenible se utiliza como un discurso legitimador, una máscara que permite a las grandes corporaciones y gobiernos neoliberales justificar prácticas que, en el fondo, siguen siendo depredadoras y excluyentes. Se promueven iniciativas “verdes” que suelen ser superficiales, mientras se ignoran o minimizan los impactos negativos sobre comunidades vulnerables y ecosistemas. Así, el desarrollo sostenible se convierte en un eslogan vacío, incapaz de transformar las estructuras económicas y sociales que perpetúan la desigualdad.
La competitividad inherente al capitalismo implica la negación del otro: para que unos ganen, otros deben perder. Esta lógica es incompatible con la idea de sostenibilidad, que requiere cooperación, solidaridad y reconocimiento de la interdependencia humana y ambiental. El afán de ganancia, lejos de promover el bienestar colectivo, fomenta prácticas destructivas y una cultura del descarte, donde la vida y la naturaleza se subordinan al interés económico.
En suma, el concepto de “desarrollo sostenible” dentro de un sistema capitalista es falaz porque no enfrenta ni resuelve las contradicciones profundas del modelo económico predominante.
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Mientras la desigualdad, la codicia y la competitividad sigan siendo los pilares del sistema, la sostenibilidad será solo un ideal abstracto, incapaz de materializarse en una realidad justa y equitativa para todos.
El verdadero desarrollo sostenible requiere una transformación radical de las estructuras económicas y sociales, priorizando la vida, la cooperación, la redistribución equitativa de la riqueza y la justicia por encima del lucro.



