POR ALONSO YUPANQUI DE LA CHIRA /

Temas complejos, pero de gran sensibilidad social y política como redistribución, reconocimiento, restitución y regulación de tierras fueron entre otros los que se debatieron en la reciente Conferencia Internacional Intergubernamental sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) que fue convocada por el Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro entre el 24 y 28 de febrero de 2026.

Más de 4.000 representantes de gobiernos, movimientos sociales y ONG, instituciones internacionales de desarrollo y la academia de todo el mundo participaron en la conferencia que tuvo como sede la emblemática Cartagena de Indias. Fue inaugurada formalmente por el presidente Petro y liderada por su ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. Su realización fue concebida originalmente por los movimientos sociales, en particular el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (en alianza global con movimientos sociales que incluye a La Vía Campesina).

En vísperas del evento oficial de la CIRADR+20, más de 200 representantes de movimientos sociales de pueblos indígenas y otras comunidades rurales, incluyendo campesinos, pastores, pescadores y trabajadores agrícolas sin tierra del Sur y el Norte Global, se reunieron en Cartagena los días 22 y 23 de febrero. Organizado por el Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria (IPC).

El foco del debate se centró fundamentalmente en  el significado de que un tema históricamente conflictivo —la redistribución de grandes propiedades— vuelva al centro de una plataforma intergubernamental; las tensiones entre enfoques dominantes basados en mercado (seguridad de tenencia sin redistribución; “reformismo mezquino” y perspectivas transformadoras impulsadas por movimientos sociales; y los dilemas agrarios y ecológicos del presente, marcados por concentración extrema de la tierra y nuevas fronteras “verdes” asociadas a mercados de carbono.

Concentración de la tierra y reconfiguración de fronteras territoriales

La CIRADR+20 en Cartagena de Indias ocurrió en un momento en que los resultados agregados de un siglo de políticas de reformismo agrario (titulación, formalización, modernización catastral y programas de acceso a tierra) conviven con una evidencia contundente: la estructura global de la propiedad y el control territorial siguen siendo extraordinariamente desiguales. La cifra citada en los debates preparatorios —el 1 % de las explotaciones concentra alrededor del 70 % de las tierras agrícolas, mientras el 40 % más pobre controla cerca del 3 %— sintetiza un fenómeno que no es solo “falta de títulos”, sino una ‘arquitectura de poder’ que organiza quién decide qué se produce, para quién y bajo qué arreglos laborales y ecológicos.

A esa concentración “clásica” se suma una presión más reciente: la expansión de soluciones climáticas basadas en mercado (compensaciones, secuestro de carbono, áreas de conservación vinculadas a créditos), que demandan superficies masivas y tienden a reforzar el control corporativo del territorio.

Cuando estas iniciativas se implementan sin garantías robustas de derechos colectivos, sin reglas de no acaparamiento y sin gobernanza democrática, pueden operar como una nueva ronda de cercamientos: reetiquetan el territorio como “sumidero” o “conservación” pero trasladan el poder de decisión fuera de comunidades indígenas y poblaciones rurales trabajadoras.

El retorno de la redistribución al debate intergubernamental

La CIRADR es una conferencia intergubernamental atípica porque reabre un asunto que muchas diplomacias han intentado desplazar hacia tecnicismos: el posible desmantelamiento de grandes propiedades privadas y su redistribución. Que decenas de gobiernos participen en una plataforma donde la “reforma agraria” no se reduce a eficiencia productiva, sino que se asume como conflicto distributivo, es políticamente significativo.

En el ciclo neoliberal, el lenguaje de redistribución fue reemplazado con frecuencia por un léxico de “gobernanza”, “seguridad jurídica” y “mercados de tierras”, compatible con la concentración; en ese sentido, la conferencia marcó un giro discursivo: volvió a nombrar el problema como monopolio y no solo como informalidad.

El resultado —incluida la ratificación de la Declaración de Cartagena por un subconjunto de gobiernos— puede leerse como la formación de una coalición heterogénea: Estados con agendas de reforma (o con presiones internas por tierra), organismos multilaterales interesados en estabilización rural y seguridad alimentaria, y, de manera decisiva, movimientos sociales transnacionales que actuaron como emprendedores políticos.

La propia idea de CIRADR+20, concebida y empujada por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP/IPC) y alianzas como La Vía Campesina, evidencia un desplazamiento en la producción de agenda: no es solo un “evento de Estado”, sino un espacio disputado en el que la sociedad civil organizada fuerza apertura institucional.

Como ocurre en buena parte de la diplomacia social, la Declaración funciona más como instrumento de “norma blanda” que como obligación jurídica: crea marcos interpretativos, fija vocabularios legítimos y abre ventanas para políticas nacionales; pero también puede producir ambigüedad (consensos por redacción) y riesgos de cooptación si el seguimiento se diluye en indicadores de titulación o productividad que no toquen la estructura de clase. El valor político del resultado, por tanto, depende menos del texto en abstracto y más de los mecanismos de implementación, monitoreo y correlación de fuerzas que se active después.

Tierra, jerarquías sociales y regímenes de despojo

Desde una perspectiva sociológica, la tierra no es únicamente un “activo” productivo: es una institución que organiza jerarquías, pertenencias y posibilidades de vida. La historia de los últimos 500 años —colonialismo, imperialismo y expansión capitalista— configuró regímenes de propiedad y uso del suelo que han combinado mercados con coerción extraeconómica (violencia, desposesión legal, endeudamiento, desplazamientos). En ese proceso, la diferenciación de clase se entrelazó con ejes de raza/etnia, género, generación, nacionalidad y otras marcaciones sociales, produciendo patrones persistentes de expulsión rural, trabajo precario y subordinación política.

En ese marco, la relevancia sociopolítica de la CIRADR+20 también radica en a quién reconoce como sujeto: campesinado, trabajadores rurales, pueblos indígenas, pescadores y pastores no aparecen como “beneficiarios” pasivos, sino como actores con proyectos (soberanía alimentaria, autonomía territorial, justicia ambiental).

La presencia masiva de movimientos sociales y ONG, junto a academia e instituciones internacionales, reitera que la disputa por la tierra es un conflicto por formas de vida: por sistemas alimentarios, por reproducción comunitaria, por control del tiempo y del trabajo, y por el sentido mismo de lo rural (territorio vivo vs. plataforma extractiva).

De la titulación al conflicto distributivo

“Seguridad de la tenencia” sin redistribución: formalizar la desigualdad

El enfoque de “seguridad de la tenencia” suele proponer que el núcleo del problema agrario es la incertidumbre jurídica y que la solución prioritaria es titular y registrar. La titulación puede ser útil —por ejemplo, para proteger a familias campesinas o territorios colectivos frente a despojos—, pero se vuelve políticamente regresiva cuando se presenta como sustituto de la redistribución o la restitución.

Sin regulación sobre la acumulación (topes efectivos, impuestos prediales progresivos, control a la extranjerización, protección de derechos colectivos, salvaguardas frente a contratos extractivos), la formalización tiende a ratificar el punto de partida: en sociedades con desigualdad extrema, “asegurar” lo existente equivale a blindar una estructura injusta.

El “reformismo mezquino”: inclusión marginal sin afectar el monopolio

El segundo enfoque dominante —complementario al anterior— es un reformismo de baja intensidad que entrega pequeñas parcelas o territorios mínimos, a menudo de baja calidad o sin dotación de bienes públicos (vías, riego, crédito, asistencia técnica, salud, educación). Sus resultados pueden ser reales para algunos hogares, pero estructuralmente limitados: avanza de manera aditiva y lenta, mientras el capital opera de modo multiplicativo, expandiendo control territorial vía compra, arrendamientos, concesiones, endeudamiento, cadenas de valor concentradas o nuevas fronteras extractivas y “verdes”.

En lugar de producir ganancias campesinas a partir de pérdidas de grandes terratenientes (núcleo de muchas reformas del siglo XX), este esquema convive con la gran propiedad y depende de una expansión permanente de fronteras, frecuentemente asociada a despojo y deterioro ecológico.

Hacia una reforma agraria transformadora: redistribución, derechos y cambio de modelo

El rechazo expresado en espacios académicos y de movimientos sociales a esos dos enfoques sugiere una tercera vía: una reforma agraria transformadora que combine redistribución (incluido el desmonte de concentraciones extremas), restitución de tierras y reparación, reconocimiento y ampliación de territorios colectivos, y un conjunto de políticas habilitantes: bienes públicos rurales, financiamiento no usurario, compras públicas, regulación de cadenas agroalimentarias, garantía de derechos laborales para trabajadores agrícolas y salvaguardas frente a extractivismos.

En el plano ecológico, supone orientar el uso del suelo hacia la sostenibilidad (agroecología, manejo comunitario de bosques y aguas), evitando que la “acción climática” se convierta en una nueva forma de acaparamiento territorial.

Del saqueo colonial a las fronteras “verdes” del capital

Los patrones de uso del suelo ecológicamente destructivos no son accidentes técnicos: emergen de arreglos de propiedad y poder. El monocultivo extensivo, la ganadería de expansión, la minería o la infraestructura para exportación suelen apoyarse en grandes unidades territoriales y en una gobernanza que concentra decisiones.

El giro neoliberal de las últimas décadas reforzó esa matriz al promover mecanismos de mercado como solución casi única (mercados de tierras, financiamiento condicionado, acción climática basada en compensaciones). La crítica planteada en la CIRADR+20, al cuestionar esas salidas, reubica el problema donde siempre estuvo: la crisis climática y ecológica no puede abordarse sin democratizar el control territorial. Cualquier política climática rural con legitimidad social debería, como mínimo, garantizar consentimiento libre, previo e informado; evitar cercamientos; reconocer derechos colectivos; y asegurar que los beneficios materiales y el poder de decisión permanezcan en comunidades locales.

Balance del resultado: ¿qué significa la Declaración de Cartagena y qué deja abierto?

Sin reemplazar la necesidad de políticas nacionales concretas, el resultado de la CIRADR+20 puede sintetizarse en tres logros y tres límites.

• Logro 1: reposicionamiento de la reforma agraria como conflicto distributivo legítimo. Volver a discutir el desmonte de monopolios de tierra en un foro intergubernamental desplaza el sentido común tecnocrático que reducía el problema a informalidad o productividad.

• Logro 2: ampliación de la arena política y del repertorio de actores. La articulación entre gobiernos, academia y movimientos sociales transnacionales crea canales de presión y aprendizaje, y ayuda a sostener la agenda más allá del ciclo mediático.

• Logro 3: construcción de un marco de referencia para seguimiento. Aunque sea una norma blanda, una declaración permite exigir coherencia, comparar políticas y organizar la disputa pública sobre presupuestos, metas e instrumentos.

Los límites

 

• Límite 1: asimetría entre consenso internacional y capacidad/voluntad nacional. La mayoría de los países carece de políticas redistributivas; por ello, es previsible que parte de la implementación se intente canalizar por vías “menos conflictivas” (catastro, titulación, productividad), reproduciendo los enfoques criticados.

• Límite 2: riesgo de captura por el lenguaje de la gobernanza y los mercados verdes. Sin salvaguardas, la agenda climática puede convertirse en un nuevo motor de acaparamiento territorial, aun bajo retórica ambiental.

• Límite 3: indefinición sobre instrumentos duros. Topes a la propiedad, impuestos efectivos, restricciones a concentración corporativa, regulación de arrendamientos y cadenas agroalimentarias suelen ser el núcleo conflictivo; si quedan fuera del seguimiento, la reforma se reduce a programas periféricos.

Un criterio práctico para evaluar el impacto de la CIRADR+20 en los próximos años es preguntar si los países que adhieren al marco avanzan en medidas que cambien la estructura (pérdidas relativas de grandes concentraciones) y no solo en medidas que ordenen lo existente.

Otro criterio es si las políticas climáticas rurales incorporan reglas explícitas anti-acaparamiento y gobernanza comunitaria, en lugar de limitarse a atraer inversión “verde”.

Implicaciones y recomendaciones de seguimiento

1. Seguimiento con indicadores de estructura. Complementar metas de titulación con indicadores de concentración (Gini de tierras, participación del 1 % y 10 % superior, tamaño medio por estrato) y de acceso real (hectáreas redistribuidas/restituidas, calidad de suelos, agua, asistencia técnica).

2. Reglas anti-acaparamiento para la agenda climática. Exigir transparencia contractual, trazabilidad de beneficiarios finales, límites de superficie en proyectos de carbono/conservación, y mecanismos de reparto de beneficios con gobernanza local.

3. Paquetes integrales, no solo tierra. Diseñar reformas que incluyan bienes públicos rurales, financiamiento, infraestructura social, compras públicas y fortalecimiento de mercados territoriales para evitar que la redistribución derive en reventa o endeudamiento.

4. Protección de trabajo rural y cuidado. Incorporar derechos laborales, seguridad social y reconocimiento del trabajo de cuidados (con enfoque de género) como parte constitutiva del desarrollo rural.

5. Participación vinculante. Establecer espacios permanentes de co-gobernanza con organizaciones campesinas, indígenas y de trabajadores rurales (incluido CIP/IPC y plataformas nacionales) para monitoreo y ajuste de políticas.

La tierra, una relación social atravesada por clase, etnia y género

La CIRADR+20 no resuelve por sí misma la desigualdad agraria global, pero su resultado es políticamente relevante: reabre un horizonte redistributivo en un escenario intergubernamental que había sido colonizado por soluciones de mercado y por una noción estrecha de “seguridad jurídica”.

En términos sociológicos, reconoce que la tierra es una relación social atravesada por clase, etnia y género; en términos agrarios, recuerda que sin tocar monopolios y sin cambiar el modelo territorial (incluida la forma en que se implementan políticas climáticas), la formalización y el reformismo de baja intensidad solo administran la desigualdad.

El verdadero saldo de Cartagena de Indias dependerá del seguimiento: si la Declaración se convierte en plataforma para políticas duras y democráticas, o si termina absorbida por el lenguaje tecnocrático que la conferencia, precisamente, buscó impugnar.